El Ayuntamiento de Canet defiende su gestión y cuestiona a la Plataforma de Afectados por José Antonio Sancho Sempere

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha realizado una valoración detallada de diversas informaciones publicadas recientemente sobre la gestión municipal, en las que, según el consistorio, se incluyen afirmaciones inexactas, interpretaciones no ajustadas a la realidad y omisiones relevantes que distorsionan el contexto de los hechos. El propio alcalde, el socialista Pere Antoni Chordá, ha remitido un comunicado en el que carga contra la Plataforma de Afectados por José Antonio Sancho Sempere, quien fuera secretario municipal del Consistorio durante más de 30 años y que acabó en la cárcel.

Desde el equipo de gobierno se subraya que algunas de las fuentes citadas en dichas informaciones, como la denominada Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere —también referida en ocasiones como Plataforma de Afectados por la Corrupción en Canet—, carecen de formalización jurídica. Según el Ayuntamiento, no consta su constitución oficial en ninguna de sus formas, ni dispone de sede social física o digital, ni de canales propios de comunicación pública, lo que, a juicio del consistorio, impide considerarla una entidad estructurada o representativa.

En este sentido, el Ayuntamiento señala que la única persona que se ha identificado ante la institución como supuesto miembro de dicha plataforma es el abogado José Ignacio Torres Alberich, quien, según precisa, ha sido colaborador y letrado de José Antonio Sancho Sempere —exsecretario municipal condenado por corrupción— y mantiene en la actualidad una relación litigiosa. El consistorio considera que este contexto resulta relevante para interpretar determinadas afirmaciones difundidas públicamente. Torres defendió en algún juicio a Sancho Sempere pero su relación se rompió totalmente cuando Sancho ha tratado de descargar toda la responsabilidad de la Academia Valenciana de Juristas en sus últimos gestores, quienes heredaron el chiringuito jurídico montado y controlado por Sancho Sempere durante años y que trabajó para el Ayuntamiento de Canet mientras él era secretario.

Respecto a las cuestiones judiciales mencionadas en las informaciones, el Ayuntamiento recalca que algunos datos económicos han sido expuestos de forma incorrecta. En particular, niega que exista una reclamación o posible coste de más de cinco millones de euros en relación con el conocido caso Egevasa, y aclara que ninguna de las partes solicitó en ningún momento cantidades de ese tipo por conceptos como lucro cesante o amortización. Según indica, el único desembolso ha sido el correspondiente a las costas judiciales, conforme a la sentencia 4073/2025 del Tribunal Supremo.

En relación con otros procedimientos, como el caso Vita Amarres, el consistorio precisa que los hechos se remontan a principios de los años 2000 y que la cantidad inicialmente reclamada por la empresa —4,4 millones de euros— fue finalmente reducida a 276.000 euros tras la aceptación judicial de los informes periciales presentados por el actual equipo de gobierno, a lo que se suman otros 12.000 euros correspondientes a un expediente ya abonado en su momento.

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que otros asuntos citados, como el caso Mas Camarena, tienen su origen en hechos de 2013 y que, en ningún caso, las resoluciones judiciales implicaban la demolición del centro educativo afectado. De hecho, según explica, los acuerdos alcanzados entre las partes se orientaron precisamente a evitar ese escenario, tal y como ya fue informado en su momento en diferentes publicaciones.

El consistorio también cuestiona la presentación de determinadas afirmaciones como hechos cuando, en realidad, corresponden a opiniones. En concreto, señala que la idea de que en Canet exista un patrón continuado de irregularidades durante más de veinte años responde a una valoración subjetiva y no a datos objetivos acreditados.

En cuanto a las referencias a posibles investigaciones penales o actuaciones de la Fiscalía, el Ayuntamiento afirma que la Fiscalía Provincial de Valencia desmintió públicamente la existencia de diligencias en los términos señalados en una nota difundida en marzo de 2026. Del mismo modo, indica que no existe investigación activa del Tribunal de Cuentas contra el alcalde o el consistorio, más allá de una denuncia presentada por un particular ante la Sindicatura de Comptes que, hasta la fecha, no ha dado lugar a requerimientos formales ni actuaciones adicionales.

Por otro lado, el Ayuntamiento rechaza que se haya producido una movilización ciudadana organizada en los términos descritos, señalando que no consta la participación de dicha plataforma en plenos municipales ni la existencia de una actividad pública continuada más allá de la difusión de notas de prensa.

Finalmente, el equipo de gobierno lamenta que se le atribuyan declaraciones que, según afirma, no han sido realizadas en ningún momento, y subraya la importancia de que la información pública se base en datos contrastados, incluyendo la versión de todas las partes implicadas.

El Ayuntamiento de Canet reitera así su compromiso con la transparencia, la legalidad y el rigor informativo, defendiendo la necesidad de contextualizar adecuadamente los hechos para evitar interpretaciones que puedan inducir a error entre la ciudadanía.