El Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer aprueba un presupuesto para 2026 en el que tres de cada cuatro euros ingresados se destina a personal

Ayuntamiento de Canet d"en Berenguer. / EPDA

La reciente aprobación de los presupuestos municipales de Canet d'en Berenguer para 2026 y las reacciones públicas de la oposición y del propio gobierno local, dibuja un escenario de fuerte choque político en la localidad del Camp de Morvedre en torno a las cuentas públicas de este ejercicio, con acusaciones muy duras sobre opacidad, clientelismo y herencias de corrupción frente al discurso oficial de unas cuentas “realistas” y orientadas a la inversión. Las voces de la oposición –especialmente Leandro Benito (PP) y Luis Salvador (EU)– se han articulado a través de plantones, manifiestos conjuntos y declaraciones en medios y redes, cuestionando tanto el fondo económico del presupuesto como la forma jurídica y democrática de su tramitación. Por parte del gobierno municipal, liderado por Pere Antoni (PSPV), sin embargo, se ha sacado pecho por unas cuentas ''realistas'' y ajustadas a los intereses de los vecinos y vecinas de la localidad costera.

Las críticas concretas de Leandro Benito (PP) y Luis Salvador (EU) se centran principalmente en la falta de transparencia y en la gestión del presupuesto municipal de 2026. Ambos portavoces, junto con otros grupos de oposición, denunciaron la convocatoria irregular de la comisión informativa sobre presupuestos, alegando que la documentación se facilitó en plazos insuficientes (menos de 24 horas lectivas), lo que impedía un análisis riguroso y limitaba su capacidad de fiscalización. Además, acusaron al gobierno municipal de vulnerar el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), afectando así al derecho de los concejales a ejercer su función de control y a garantizar la transparencia en el proceso presupuestario.

El ex alcalde popular, Leandro Benito, en particular, criticó la subida de impuestos como el IBI y señaló que buena parte del aumento recaudatorio se destina al capítulo de personal, en lugar de a inversiones y servicios públicos, lo que a su juicio beneficia más a empleados y allegados que a los vecinos.

Por su parte, Luis Salvador, en declaraciones públicas, rechazó los presupuestos y subrayó que el Ayuntamiento utiliza la productividad y las gratificaciones como herramienta de recompensa interna, priorizando el clientelismo y la lealtad política frente a méritos objetivos.

Ambos insistieron en que estas prácticas generan desconfianza y deterioran la calidad de vida de los ciudadanos, exigiendo una mayor transparencia y participación en la elaboración de las cuentas municipales.

Benito ha insistido, igualmente, en que rechaza la política fiscal del gobierno de Pere Antoni, criticando subidas de impuestos como el IBI y alertando de que buena parte del incremento recaudatorio se destina a engordar la estructura de personal en lugar de repercutir en mejoras tangibles para los vecinos. Salvador, por su parte, ha utilizado plataformas como Facebook para explicar su rechazo a los presupuestos subrayando que Canet “convierte la productividad y las gratificaciones en una herramienta de recompensa interna”, reforzando la idea de un sistema retributivo municipal orientado más a premiar lealtades que a evaluar méritos objetivos.

Un municipio moderno y sostenible

El trasfondo de todo este debate es la disputa por el relato de regeneración democrática en un municipio marcado por anteriores escándalos, donde el actual equipo de gobierno reivindica haber frenado el “pufo” heredado y recuperado recursos, mientras los críticos sostienen que no se ha producido una ruptura real con las lógicas opacas del pasado.

El alcalde, Pere Antoni, sin embargo, se muestra muy tranquilo y satisfecho, al presentar las cuentas de 2026 como una hoja de ruta para convertir Canet en “un municipio moderno, eficiente y sostenible” –apoyadas en subvenciones del Plan de Sostenibilidad Turística y en proyectos de reforma urbana–, los movimientos ciudadanos y buena parte de la oposición recuerdan que sin transparencia radical, participación real y una revisión profunda del capítulo de personal, cualquier inversión corre el riesgo de ser percibida como simple maquillaje. Entre estos dos polos –la promesa de modernización y la sospecha de continuidad– se sitúan una ciudadanía que, según el propio manifiesto vecinal, “no tolerará más actitudes irresponsables y egoístas” y exige compromiso y rendición de cuentas efectiva en cada euro del presupuesto de 2026.

El núcleo de la crítica: masa salarial y clientelismo

Uno de los párrafos más duros del texto vecinal denuncia que aproximadamente un 70% del total de ingresos municipales se destina a la masa salarial de la plantilla, calificando esta opción de “irresponsable” y expresión de una política de privilegios a favor de empleados y allegados frente a las necesidades reales de la ciudadanía.

Interesa resaltar que por ejemplo en la ciudad de Valencia el porcentaje de los presupuestos que se destina al pago de la plantilla de personal para el año 2026 se cifra en un 37.77% del total de los ingresos.

Esta cifra varias según ciudanías pero en prácticamente ninguna de las evaluadas supera el 40 % según datos públicos que se pueden consultar en cualquiera de los numerosos análisis que se realizan por expertos en esta materia.

Un presupuesto entre la herencia de la corrupción y el relato de la “normalidad”

En este contexto, un actor muy activo en Canet d'En Berenguer es la Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere -el que fuera secretario municipal y condenado por corrupción en varias causas- un movimiento cívico nacido hace unos pocos meses y que trata de investigar todos los casos de corrupción que se siguen produciendo en la localidad costera ha elaborado un informe al respecto.

El documento sitúa el debate presupuestario en una línea de continuidad con los episodios de corrupción que han afectado al municipio en el pasado, aludiendo a casos de prevaricación, abuso de funciones y apropiación indebida de fondos públicos que hoy se ventilan incluso ante el Tribunal de Cuentas. Desde esta óptica, ''los presupuestos de 2026 no son una pieza técnica neutra, sino un instrumento político “manchado por la sombra de la corrupción” mientras no se depuren responsabilidades y no exista una reforma profunda en transparencia y acceso a la información'', señalan.

En contraste, el equipo de gobierno encabezado por el alcalde Pere Antoni defiende públicamente un presupuesto “realista”, sin nueva deuda y centrado en inversiones que “mejoren el pueblo para los vecinos y vecinas”, reivindicando, además, su labor en la recuperación de cantidades indebidamente detraídas de las arcas municipales en etapas anteriores. Fuentes municipales recuerdan que cualquier atisbo de corrupción es heredada de gobiernos anteriores que nada tienen que ver con el actual formado por PSPV-PSOE y el partido de la playa.

A estas críticas, el alcalde Pere Antoni respondió señalando que “resulta descorazonador ver que hay gente en el pleno que no sabe ni lo que vota, pero el señor Benito votó en octubre a favor de nuestra propuesta de bajar el IBI. Los vecinos y las vecinas pueden comprobar quién miente mirando el recibo. Por lo que respecta a los del gasto en personal, que un exalcalde como él no entienda o no quiera entender la diferencia entre el Capítulo I y el Capítulo II, es decir que sume una encomienda como Gescanet con el coste en personal del Ayuntamiento, pues, la verdad, no sé que decir”

Tramitación polémica: plazos, comisiones y el “plantón” de la oposición

Desde la Plataforma, sin embargo, se critica la forma de tramitación es uno de los ejes más sensibles, porque conecta directamente con derechos fundamentales de fiscalización de los concejales. El movimiento vecinal denuncia convocatorias irregulares de órganos y entrega de documentación en plazos insuficientes, lo que, a su juicio, limita objetivamente la capacidad de la oposición para analizar las cuentas y controlar el gasto público.

Esta acusación tiene reflejo político directo en el “plantón” de los grupos de oposición (PP, Compromís, Vox y EU) a una de las comisiones clave sobre presupuestos, donde los portavoces –entre ellos Leandro Benito y Luis Salvador– suscriben un manifiesto que habla de vulneración de plazos, vicio procedimental y afectación al derecho de los concejales a ejercer sus funciones de control.

La Plataforma acusa al Ayuntamiento de haber convertido el presupuesto en “instrumento de reparto de favores y clientelismo”, mientras se abandonan ámbitos como servicios públicos, infraestructuras urbanas, educación, cultura o políticas sociales, lo que, según este movimiento, produce un deterioro continuo de la calidad de vida. Desde el gobierno local se responde que no es cierto. De hecho, las explicaciones oficiales inciden en que el aumento del capítulo de personal responde, entre otros factores, a revalorizaciones salariales obligatorias en el sector público, a la carrera profesional y a ajustes en cotizaciones de la seguridad social, todo ello dentro de un marco de reducción del gasto corriente vinculado, por ejemplo, al ahorro energético derivado de la renovación del alumbrado público. ​

Ni Sancho ni Egevasa

Según un portavoz de la Plataforma en el presupuesto presentado por el Ayuntamiento para 2026 no se contempla ni un solo euro para cubrir todos los costes que la corrupción derivada del “Clan de la familia Sancho” pueda irrogar a las arcas municipales. Tampoco hay palabra alguna de los importes que puedan derivarse de la anulación por el TSJCV del caso EGEVASA ni tampoco de los pagos ilegales y presuntamente delictivos que mensualmente se están satisfaciendo a funcionarios que han obtenido plazas en el Ayuntamiento de forma irregular y que se están investigando actualmente en varios organismos como la Agencia Valencia Antifraude, la Fiscalía Provincial Anticorrupción y los Juzgados de Instrucción de Valencia.

Solo por el caso de la anulación del contrato con Egevasa según informes económicos realizados por expertos analistas se podría tener que abonar más de cinco millones de euros a cargo del erario público.

El portavoz de la Plataforma ha indicado que no se ha producido respuesta alguna por parte del consistorio, el alcalde y los concejales que votaron a favor de la continuación del servicio de agua y alcantarillado sobre si estarían dispuestos a abonar de su bolsillo particular todos los costes y gastos que una eventual sentencia contraria del Tribunal Supremo supondría para las arcas del municipio.