El Ayuntamiento de Chiva podrá comprar viviendas a través del tanteo

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, y el alcalde de Chiva, Emilio Morales Gaitán, han firmado un convenio para la cesión de los derechos de tanteo y retracto al Ayuntamiento. Ello permitirá al Consistorio adquirir viviendas que posteriormente se destinarán a alquiler social para atender las necesidades habitacionales en el municipio.

Chiva se convierte en el primer municipio que suscribe el nuevo convenio tipo, aprobado por el Consell el pasado 18 de febrero, por el cual los convenios pasan a tener una vigencia de cuatro años desde su firma, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo de cuatro años adicionales; hasta ahora, la vigencia era de un año, con posibilidad de prorrogarse hasta un máximo de cuatro.

Héctor Illueca ha destacado la importancia del Plan ADHA de subvenciones a las entidades locales para la adquisición de viviendas, un plan que servirá, ha dicho, "para apoyar la aplicación de los derechos de tanteo y retracto por los ayuntamientos". Asimismo, ha anunciado que la convocatoria se publicará próximamente.

Se trata de un programa que lleva a cabo la Dirección General de Vivienda y Regeneración Urbana y su responsable, Elena Azcárraga, ha indicado que, mediante esta herramienta de adquisición preferente, los ayuntamientos pueden, al igual que la Generalitat, ampliar sus parques públicos de vivienda.

La ampliación de la vigencia surge de la experiencia adquirida durante 2021, en el que se firmaron una treintena de convenios con municipios. De ello se desprende la necesidad de mejorar parte de su contenido, concretamente, la cláusula relativa a la vigencia del convenio para ampliarla al plazo máximo que permite la ley, así como algunas cuestiones de funcionamiento entre administraciones.

Las viviendas se destinarán a alquiler social

Las viviendas que a partir de ahora adquiera el Ayuntamiento de Chiva en aplicación de los derechos de tanteo y retracto se calificarán como viviendas protegidas con carácter permanente. Además, se destinarán a alquiler social a personas, familias o colectivos en situación de vulnerabilidad.

La cesión de los derechos a los ayuntamientos también facilita una gestión más eficiente de proximidad del parque público, ya que son los servicios sociales municipales a los que primero acuden las personas cuando tienen necesidades de vivienda.