El Ayuntamiento de Valencia paga el triple por la actuación musical de la Elección de las Cortes de las Falleras Mayores de 2022

Según informa el medio ViveLasFallas a través de documentación a la que ha tenido acceso, el Ayuntamiento de Valencia habría contratado a la banda La Fúmiga a través de la empresa SLOW CULTURE SL para un "servicio de actuación musical para el acto de Elección de las Cortes de Honor" por un importe de 14.520 euros. Una cantidad que es hasta tres veces mayor a lo cobrado por la banda en anteriores ocasiones.

En concreto, y tal y como indica ViveLasFallas, este grupo musical ha sido contratado anteriormente por varios municipios valencianos, por importes que van desde los 3.630 euros hasta los 7.018 euros.

Así mismo, este medio indica que el Ayuntamiento de Valencia ha contratado por primera vez a una coordinadora para el "servicio de coordinación y organización de eventos para el periodo de un año", por un importe de 17.545 euros, para un total de 19 actos, como la Elección de las Cortes de Honor, intercambio de fotografías, campeonatos, entre otros. Además de contratar también a otra empresa, por primera vez, por el "servicio de organización y asistencia de campeonatos de truc, parchís y dominó", por un importe de 5.424 euros.

"Hay que recordar que esta labor organizativa la han venido realizando históricamente, de manera altruista, voluntariosa y sin contraprestación alguna, los falleros adscritos a las distintas delegaciones de Junta Central Fallera, así como por el personal administrativo y organizativo de JCF y concejalía de Cultura Festiva", indica dicho medio. Lo que significaría que el Ayuntamiento ha externalizado y privatizado servicios propios del organismo.

Además, se informa de otra irregularidad más: "la preselección, tanto de la Sala Canal (dos escenarios), como las celebradas en el Teatro de La Plazeta, que se celebraron sin la formalización y firma de ambos contratos de arrendamiento por parte del Ayuntamiento, al ser recintos de naturaleza privada, con la consiguiente grave inseguridad jurídica planteada, una vez más, para el Ayuntamiento, para los falleros y la parte propietaria de la instalación, que a fecha de hoy continua sin formalizarse ningún tipo de compromiso contractual, pese a haberse celebrado ya y que tendrá que recurrirse nuevamente al reconocimiento de la obligación de las facturas para su aprobación y regularización de las mismas, en el Consejo Rector de Junta Central Fallera".