Jornada "Se sabía y se ignoró. Y ahora, ¿qué?" / EPDAUn año después de la dana, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha sostenido este martes, durante la jornada “Se sabía y se ignoró. Y ahora, ¿qué?”, que el territorio continúa vulnerable y que la prevención no avanza al ritmo que exigen los episodios climáticos extremos. La entidad asegura que el conocimiento técnico existe, pero no se está utilizando de forma efectiva.
El decano, Javier Machí, advirtió de que persiste “un riesgo elevado de que pueda suceder un desastre como el que ha sucedido” y denunció que, pese a contar con estudios prolongados, “cuando llega el momento se lavan las manos y cogen a otras personas”. Insistió en que “es fundamental que en estos sucesos el Estado cuente con los expertos en esta materia” y recordó que infraestructuras hidráulicas como el nuevo cauce del Turia demostraron su capacidad para salvar vidas incluso fuera de su planteamiento inicial.
También desde la Generalitat se lamentó la falta de atención a lo esencial tras la emergencia. El vicepresidente segundo de la Conselleria para la Recuperación Económica y Social y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, afirmó que “hemos perdido un año en debates de política y no hemos hablado de lo que realmente importa” y reclamó al Gobierno central que avance en las actuaciones pendientes. Destacó que el trabajo de retirada de residuos y la reposición de servicios básicos tras la dana supuso un esfuerzo “descomunal” que obligó a la Generalitat a actuar sin esperar a otras administraciones.
La jornada abordó también la magnitud real del daño causado por la crecida. El ingeniero Miguel Ángel Eguíbar explicó que en la cuenca del barranco del Poyo se produjeron contrastes extremos, con zonas donde “no llovía nada” y otras donde “estaba cayendo la mundial”. La comparación de modelos digitales previos y posteriores a la dana en Torrent evidenció una modificación significativa del cauce que incrementa la exposición de las urbanizaciones.
Sobre la necesidad de adaptar infraestructuras, Álvaro Cuadrado alertó del “triple problema” que afronta esta tarea: una inversión pública que tendría que ser monumental, el impacto ambiental y el efecto presa que generan algunas actuaciones existentes. Reivindicó diseños más resistentes y cimentaciones profundas.
José Vicente Benadero recordó que la gestión del dominio público hidráulico corresponde al Estado y que cualquier intervención que afecte a la propiedad “solo puede abordarse por ley”, lo que obliga a una coordinación real entre administraciones. Una idea que reforzó la ingeniera de Caminos Mónica Alonso Plá: “No me parece adecuado que cada administración mire solo hacia su ombligo y piense que no nos tenemos que coordinar”.
El ingeniero Sergio Morant subrayó la importancia de medir en tiempo real lo que está ocurriendo y conectar esa información con un centro de control operativo. Explicó que los sistemas de alerta temprana frente a inundaciones requieren coordinación entre administraciones, personal formado y suficiente capacidad técnica para activar los umbrales de aviso con precisión.
Durante la reunión, el foco también se puso en la seguridad ciudadana cotidiana. El representante del Colegio en Alicante, Andrés Rico, lamentó que se produjeran víctimas mortales por fallos elementales en edificios inundados: “Me afectó como ingeniero que murieran siete personas porque no haya escalera de salida en un garaje”.
El Colegio insistió en que el conocimiento técnico está disponible y es sólido. Lo que falta es traducirlo en decisiones y actuaciones efectivas antes de que se repita un episodio extremo.
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