El despacho Soriano i Piqueras asume la defensa de vecinos de Picassent afectados por la DANA

Imagen de archivo de Víctor Soriano. / EPDA

El despacho Soriano i Piqueras, especializado en derecho público y urbanismo y derecho penal administrativo, ha asumido la defensa legal de un colectivo de vecinos del barrio de l’Omet, en el municipio valenciano de Picassent, que resultaron gravemente afectados por la DANA del pasado 29 de octubre. A día de hoy, varios meses después del episodio meteorológico, estas familias continúan sin poder acceder a sus viviendas, que permanecen precintadas por orden administrativa.

La intervención del despacho tiene como objetivo la defensa de los derechos de los afectados, el impulso de medidas administrativas para el desbloqueo de la situación urbanística y habitacional en la que se encuentran, y la exigencia de las responsabilidades que pudieran derivarse por la inacción o insuficiencia de respuesta de las administraciones competentes.

“El caso de l’Omet evidencia una vez más cómo determinados barrios y núcleos urbanos, pese a estar perfectamente consolidados, siguen sufriendo una desprotección institucional cuando ocurren catástrofes naturales”, explica el abogado Víctor Soriano, director del despacho. “No se trata únicamente de daños materiales. Estamos hablando de familias que llevan meses sin poder volver a sus casas, con perjuicios evidentes en su salud, su economía y su vida diaria. Y ante esa situación, la única respuesta no puede ser el silencio o el bloqueo administrativo”.

El trabajo del equipo

El equipo jurídico del despacho ha comenzado a recopilar documentación urbanística, técnica y administrativa, así como a mantener reuniones con los vecinos afectados para analizar individualmente la situación de cada inmueble y del conjunto del barrio. En las próximas semanas, se prevé la interposición de diversas acciones legales para solicitar el levantamiento de los precintos, la adopción urgente de medidas de reparación y, en última instancia, la depuración de posibles responsabilidades por la falta de previsión y respuesta ante una situación que, en palabras del despacho, “no puede calificarse ya como imprevisible, sino como estructural”.

“El Derecho debe servir para restablecer el equilibrio entre el ciudadano y la Administración, especialmente cuando ese equilibrio se ha roto por causas extraordinarias”, concluye Soriano.