El empresario valenciano al que se le incautó "el mayor alijo de marihuana del mundo" anuncia acciones legales contra la Guardia Civil

El gerente de la empresa valenciana E-Canna Farming, en una de cuyas naves intervino la Guardia Civil el mayor alijo de marihuana envasada en todo el mundo (32 toneladas), califica de error la operación policial y anuncia acciones legales contra los agentes que la dirigieron por supuesta prevaricación.

En declaraciones a EFE, el empresario Francisco Gómez, que fue detenido junto a catorce de sus empleados, asegura que dispone actualmente de otras 30 toneladas del mismo producto que precintó la Guardia Civil, que trabaja con normalidad porque no consta contra él ninguna medida cautelar y que ha pedido la tutela efectiva del juzgado porque su negocio, insiste, es legal y tiene documentación "ingente" que lo acredita.

"¿Dónde se ha visto que una supuesta banda organizada esté en libertad y trabajando en lo mismo después de habérsele intervenido el mayor alijo de la historia? Todo esto es un error, o quizá algo premeditado contra mí", lamenta Gómez, que afirma haber sido absuelto por los juzgados valencianos de una acusación similar relacionada con su actividad empresarial con el cáñamo.

La Guardia Civil informó el pasado sábado, en una nota difundida desde la oficina de comunicación de la Comandancia de Toledo, de una "macrooperación contra el tráfico internacional de marihuana" en la que se había intervenido "el mayor alijo de marihuana envasada descubierto hasta el momento a nivel internacional: 32 toneladas de cogollos almacenados en Toledo, Ciudad Real, Valencia y Asturias".

En la operación se detuvo a 20 personas, 15 de ellas en la nave de E-Canna Farming de Quatretonda (Valencia) que supuestamente formaban parte de una organización criminal.

La investigación, según el comunicado oficial, comenzó con una inspección de la Guardia Civil en varias plantaciones de cáñamo industrial de Villacañas (Toledo), donde los principales investigados poseían una empresa con la que adquirían las semillas.

"Otra empresa las transportaba y sembraba y una tercera se encargaba del cuidado, mantenimiento, recolecta y secado de los ejemplares. Finalmente, la empresa inicial se encargaba de adquirir las plantas ya secas con los cogollos y las almacenaba en dos naves situadas en la provincia de Valencia", añadía la Guardia Civil.

Sin embargo, el gerente de la citada empresa asegura a EFE que los agentes no realizaron más análisis que "el uso de un spray que al aplicarse sobre el cáñamo da positivo siempre", sin llegar a analizar si las plantas incautadas excedían el límite de THC, es decir, la sustancia psicoactiva cuya comercialización está prohibida.

"Nuestras plantas, los cogollos que comercializamos, son igual de psicoactivas que una alcachofa o el aloe vera, y no lo digo yo, sino el Ministerio de Agricultura", insiste el gerente de esta firma, quien asegura disponer de miles de folios de documentación, escritos oficiales de Aduanas o el Ministerio de Hacienda, que avalan su negocio en los dos últimos años.

El comercio de CBD -cannabidiol, sustancia química presente en la marihuana- a través de todo tipo de derivados supone un negocio de cerca de 146.000 millones de euros en la Unión Europea, según Gómez, quien cree que una "poderosa farmacéutica española" cuyo nombre no desvela puede ser la primera interesada en arrebatarle su negocio.

Esta firma valenciana gestiona toda la operativa necesaria para la comercialización de este producto, desde el campo al envasado y su distribución por toda Europa, motivo por el cual ha tenido que tramitar todo tipo de permisos y burocracia.

"Tenemos luz verde desde todas las administraciones y no necesitamos permiso de la Agencia Española del Medicamento, lo dice la Agencia Tributaria", asegura Gómez.

Este empresario lamenta, además, que la Guardia Civil le trasladase detenido a Ciudad Real, y asegura que esa decisión obedece precisamente al hecho de que ya fue juzgado y absuelto en Valencia.

Por el contrario, fuentes de la Comandancia Provincial de Toledo aseguran a EFE que la nave donde se produjo la incautación carecía de permisos para realizar la actividad industrial que allí se desarrollaba e insisten en que una empresa que se dedica al tratamiento de cáñamo industrial no puede tener cogollos, porque en España está prohibido, subrayan, y porque "lo que se usa es el tronco de la planta".

En cualquier caso, añaden estas mismas fuentes, se trata de una operación que sigue abierta y que ya está judicializada, por lo que se podrían ordenar otras actuaciones policiales.