El ex secretario de Canet deberá responder de nuevo ante la justicia al admitirse a trámite una querella por presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, administración desleal y estafa procesal

Una sala de un edificio de Canet d"En Berenguer, que sigue precintada desde el año 2015. EPDA

Sancho, en el centro, en un pleno de Canet cuando era secretario. EPDA

El ex secretario, ex interventor y ex jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Canet d´En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, tendrá de nuevo que responder ante los tribunales de justicia, tras haberse admitido a trámite por un Juzgado de Instrucción de Valencia la querella que ha interpuesto el actual presidente de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ) por la presunta comisión por Sancho de los delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, administración desleal y estafa procesal.

La larga trayectoria corrupta y delictiva del que fuera secretario e interventor del Ayuntamiento de Canet, José Antonio Sancho Sempere, parece no tener fin. A las numerosos causas judiciales a las que ha tenido que enfrentarse durante los últimos años, se una ahora otra más, porque el actual presidente de la AVJ, nombrado en el año 2016, ha presentado ante los juzgados de Valencia una querella criminal contra Sancho por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal, estafa procesal y blanqueo de capitales sin perjuicio de una posterior calificación definitiva.

El Periódico de Aquí, días después de conocer la constitución de una PLATAFORMA DE AFECTADOS por las actividades ilícitas y delictivas de Sancho Sempere (P.A.S.S) ha tenido acceso a una información, según la cual, se ha admitido ya a trámite por un Juzgado de Valencia, la primera querella contra ex secretario por la presunta comisión de varios delitos. Aun cuando se asiste a una situación delicada en España en muchos aspectos como el desprestigio de las instituciones públicas, el fenómeno de la ocupación o la carestía de la vivienda, la corrupción sigue siendo uno de los fenómenos más perturbadores de la sociedad española.

Dejando al margen la corrupción política, este caso afecta ahora a la corrupción cometida por grupos familiares que se aprovechan de las administraciones públicas para enriquecerse sin ningún tipo de escrúpulo. Y uno de los casos más mediáticos de los últimos años es la denominada “trama de las asesorías” que, desde los inicios de la década de los ochenta hasta el año 2015, se instaló en la Comunitat Valenciana y que tuvo como epicentro la localidad de Canet d´En Berenguer y como protagonista absoluto a José Antonio Sancho Sempere.

Este siniestro personaje con el poder que le otorgaban sus tres cargos (secretario general, interventor municipal y jefe de los servicios jurídicos) diseñó un plan, según el cual, obtuvo cientos de miles de euros a base de lograr contratos amañados entre otras muchas tropelías e ilegalidades delictivas que El Periódico de Aquí viene denunciando durante mucho tiempo y que ha quedado plasmado en el libro “El zorro en el gallinero”.

La querella interpuesta ahora por el presidente actual de la Academia Valenciana de Juristas y admitida a trámite por un Juzgado de Instrucción de Valencia, pone al descubierto los pilares o principios básicos que desde el primer momento sustentaron la trama de las asesorías por parte de la familia Sancho-González:

El saqueo de los fondos públicos que durante años perpetró Sancho Sempere, como capo de la denominada “trama de las asesorías”, tenía pues como objetico esquilmar dinero público de diversos ayuntamientos y otras entidades públicas de la comunidad valenciana con la colaboración de todos los miembros de su extensa familia.

La citada familia, según los informes elaborados por el Equipo de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de Valencia de la Dirección General de la Guardia Civil, está compuesta por las siguientes personas:

-JOSE ANTONIO SANCHO SEMPERE

-AMPARO GONZALEZ SANCHIS

-CARMEN SANCHO GONZALEZ

-AMPARO SANCHO GONZALEZ

-MARIA INDA SANCHO GONZALEZ

-JOSE ANTONIO SANCHO GONZALEZ

De alguna u otra forma y en mayor o menor medida, todos los miembros de la familia tuvieron relación con el entramado empresarial creado por el ex secretario y que dio lugar al saqueo sistemático y continuo de las arcas de algunos consistorios valencianos y varias empresas públicas.

Porque Sancho Sempere, para obtener ilícitamente dinero público de varias entidades creó, dirigió y administró los siguientes chiringuitos particulares:

• ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS

• ASESORES PROFESIONALES

• MILLENA III MILENIO

• FEDERACION PROFESIONAL VALENCIANA

• JOSE ANTONIO SANCHO ABOGADOS SLP

• ASOCIACION AGROPECUARIA DE LA SERRANIA

• PANGEA ARCO DEL MEDITERRANEO

En todas las citadas entidades había unas notas comunes:

• Fueron creadas, controladas, gestionadas y dirigidas desde el primer momento por Sancho Sempere.

• Puso al frente de las mismas como miembros de las juntas directivas a terceras personas (intermediarios, mandatarios y/o testaferros) y en algunas ocasiones a su mujer y a sus propios hijos, para que hicieran los trabajos del objeto social de cada una de ellas, en general asesoramientos legales o participasen en la actividad o representación de los referidos chiringuitos corruptos.

• El objetivo, como queda dicho, era conseguir contratos de prestación de servicios con Ayuntamientos y otras entidades públicas, bien con adjudicaciones directas, bien con concursos amañados.

• Quien se llevaba los íntegros ingresos de las facturas que emitían dichas entidades era el propio Sancho Sempere que ingresaba el dinero en alguna de las 57 cuentas bancarias que usaba para tal fin.

Cuando en el año 2013 la justicia tomó cartas en el asunto y por orden del Juzgado y de la Fiscalía anticorrupción, el Equipo de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de Valencia, elaboró un exhaustivo y detallado informe sobre las actividades de Sancho Sempere en el periodo comprendido entre los años 2007 a 2013.

En dicho informe se afirma que la trama afectó, entre otras, a las siguientes entidades públicas:

-Canet d´En Berenguer.

-Cheste

-San Antonio de Benagéber

-Real de Gandia

-Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana

-Junta de Andalucía

-Egevasa

-Aguas de Valencia

-La Pobla de Farnals

El calvario judicial de Sancho se había iniciado en 2013 cuando la Fiscalía comenzó a investigar el asunto y Sancho y otros implicados y colaboradores afines fueron desfilando por varios Juzgados de Instrucción de la provincia de Valencia para responder en relación con alguna de las 15 piezas judiciales que se formaron para esclarecer los numerosos y graves delitos relacionados con la trama de las asesorías.

Es el caso de RAFAEL PARRA MATEU (investigado en la pieza judicial del Consorcio de Museos); CARLOS JULIAN ZAHERA (investigado en la pieza judicial de Pangea); EUGENIO CAÑIZARES LOPEZ (investigado en la pieza de San Antonio de Benagever); NATIVIDAD GARCIA CASTELAR (investigada en la pieza judicial de La Pobla de Farnals); CARMEN SANCHO GONZALEZ (hija de Sancho Sempere, investigada en la pieza judicial de Canet d´En Berenguer) y JOSE LUIS FAYOS APESTEGUIA (investigado en la pieza de Cheste).

La trama de las asesorías ha afectado hasta el momento a 15 municipios valencianos, 3 empresas públicas, implicó como investigados a mas de 50 personas, pasaron por los Juzgados casi 100 testigos y peritos dentro de las 15 piezas judiciales que se incoaron. Ha durado hasta el momento 12 años de investigaciones. El informe de la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil tiene 2 tomos y 2.480 páginas. Afectó a 3 Juzgados de Instrucción, 5 Juzgados de lo Penal, 3 Salas de la Audiencia Provincial de Valencia y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Estuvieron investigando la causa 4 fiscales adscritos a la Fiscalía Provincial de Valencia. Se han dictado al menos 3 sentencias condenatorias contra Sancho Sempere por 3 delitos diferentes: delito continuado de prevaricación administrativa, delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función y delito de cohecho.

En definitiva la trama ha supuesto hasta el momento un enorme coste económico para los contribuyentes y el causante no ha sido otro que el corrupto José Antonio Sancho Sempere y varios miembros de su corrompida familia.

Así las cosas Sancho Sempere fue condenado hasta en tres ocasiones por varios juzgados y llegó a ingresar en prisión como consecuencia de las condenas penales dictadas en las causas judiciales de Pobla de Farnals y Consorcio de Museos.

Pero cuando salió de la cárcel quiso mantener de alguna manera el control sobre uno de sus chiringuitos favoritos que era la Academia Valenciana de Juristas. A tal fin eligió a unos abogados externos para que siguieran trabajando en los asuntos que Sancho les encargaba. E incluso plagiando su propio modelo anterior, nombró a tales abogados dentro de la Junta de Gobierno de la AVJ.

Con lo que Sancho Sempere no contaba era que el nuevo presidente de la AVJ nombrado por el propio Sancho en el año 2016, era una persona íntegra, responsable y diligente que, tras una larga comprobación interna, concluyó graves irregularidades en la contabilidad de la asociación: los ingresos estaban manipulados, los gastos falseados, las actas falsificadas y las cuentas bancarias saqueadas.

Cuando el nuevo presidente supo a través de El Periódico que el día 21 de julio de 2022 el corrupto Sancho Sempere había sido condenado por el Juzgado de lo Penal 18 de Valencia por nuevos delitos de corrupción decidió efectuar comprobaciones por su cuenta y así supo:

Por ello y ante la magnitud de las irregularidades observadas, el actual presidente de la AVJ ha interpuesto una querella porque se ha probado que, durante años, Sancho Sempere se ha quedado presuntamente con la totalidad de los importes facturados por la Academia para su enriquecimiento personal, ha incurrido de forma continuada en un acto de administración desleal blanqueando el dinero obtenido y todo ello en contra de los intereses y finalidades establecidos en los Estatutos de la Academia Valenciana de Juristas.

Según los primeros informes de la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia y, solo en el periodo comprendido entre los años 2007 a 2011, se acreditó que Sancho Sempere se había llevado más de 470.000 €.

Investigaciones posteriores a las que también tuvo acceso, EL PERIODICO DE AQUÍ, en concreto una resolución judicial de fecha 21 de julio de 2021 dictada por el Juzgado de Instrucción 12 de Valencia, situaba el expolio obtenido por Sancho a través solo de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS en 842.615,62 euros y ello solo en el periodo entre 2007 y 2011, según el siguiente detalle:

No obstante, todas las estimaciones se han quedado cortas porque se acaba de saber la existencia de otros informes posteriores de la Comandancia de la Guardia Civil que prueban que, solo en el año 2012, el saldo de una de las cuentas de Sancho Sempere ascendía a 3.926.279, 78 euros, absolutamente incompatible con un funcionario que, según los datos que constan en el informe aportado por la Benemérita a las piezas de la trama de las asesorías, percibía como sueldo en el Ayuntamiento 70.000 euros brutos al año.

Según este medio ha sabido también, el ex secretario de Canet se enfrenta a más de veinte años de prisión si finalmente es condenado por los delitos referidos, además de tener que enfrentarse a una relevante cantidad de dinero por los conceptos de intereses legales procesales y moratorios, gastos provocados, indemnizaciones generadas, costas producidas, daños originados, perjuicios causados y responsabilidades civiles derivadas.

Además como ahora hay nuevos indicios, presuntamente delictivos, que evidencian la participación de su esposa Amparo González Sanchis y de su hija Carmen Sancho González, es más que previsible la apertura de nuevas causas judiciales contra todos ellos, ya que, según fuentes consultadas por este medio, ninguno de los actos delictivos cometidos por estas personas han prescrito debido a la regulación penal de los delitos cometidos, la gravedad de los mismos en cuanto a las penas establecidas y a las sucesivas interrupciones de la prescripción que se han producido desde su comisión.

Porque, según las últimas investigaciones realizadas en los años 2011 y 2013, se firmaron entre el Ayuntamiento de Canet y la sociedad privada de Sancho, Academia Valenciana de Juristas, dos contratos de asesoramiento legal en los que intervinieron la hija del ex secretario Carmen Sancho González, que era Técnico de Administración en el consistorio y la mujer de Sancho, Amparo González Sanchis, abogada que recibió casualmente una invitación firmada por su hija para adjudicarse los contratos por un importe total de 115.200 €.

Dinero que naturalmente fue a parar al bolsillo de la familia porque la adjudicataria de dichos contratos fue precisamente la empresa particular de Sancho: Academia Valenciana de Juristas.

También es posible que se produzca una reconsideración de algunas sentencias absolutorias en varias causas de la trama de las asesorías al conocerse en el mes de septiembre de 2024, según publicó El Periódico de Aquí que Sancho Sempere reconoció ser el dueño de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS, lo cual había negado saliendo airoso en juicios anteriores.

Una de las citadas causas en las que el corrupto ex secretario salió absuelto fue la finalizada en el mes de mayo de 2024 conocida como la PIEZA DE EGEVASA.

Según este medio ha averiguado, en dicha causa, se presentaron facturas e informes presuntamente falseados y/o falsificados por Sancho Sempere y que, supuestamente, habían sido elaborados por una abogada chilena de paso por España que no estaba adscrita a ningún colegio de abogados en calidad de ejerciente y que no tenía conocimiento alguno de derecho administrativo local. Hay ya serios indicios que apuntan a que dichos informes y facturas fueron presuntamente elaborados por el propio Sancho Sempere para su defensa en el citado juicio penal.

Y ello porque el propio Sancho en la sentencia de conformidad penal de 21 de julio de 2022 reconoció ser quien CONTROLABA, DIRIGIA Y GESTIONABA la Academia Valenciana de Juristas.

Las facturas emitidas por la AVJ por dichos informes fueron además aparentemente firmadas por uno de los abogados que, según el propio Sancho ha reconocido expresamente en la citada sentencia de fecha 21 de julio de 2022, eran meros instrumentos para la comisión de delitos porque dichos abogados nada sabían sobre los manejos turbios y actividades delictivas de Sancho Sempere y solo se limitaban a trabajar para el ex secretario en una relación de dependencia y subordinación.

Tales abogados que han tenido que declarar, bien como investigados, bien como testigos en algunas de las piezas judiciales de la trama de las asesorías, se enteraron por la prensa de todo ello y cuando fueron llamados a declarar supieron que sus nombres aparecían vinculados al corrupto secretario municipal de Canet, con la consiguiente indignación además de causarles daños y perjuicios materiales y morales que ahora tendrán que ser evaluados por la administración de justicia valenciana para ser exigidos al condenado ex secretario municipal de Canet.

Fuentes jurídicas consultadas por El Periódico de Aquí han señalado que la citada sentencia de conformidad penal dictada en la pieza judicial de Canet, como otras anteriores y posteriores podrían ser anuladas como consecuencia de estas nuevas revelaciones y hechos que ahora han quedado al descubierto.

Conviene tener presente que en España es posible anular una sentencia judicial firme si se demuestra que ha habido una estafa procesal, como la presentación de documentos falsos o la manipulación de pruebas.

La estafa procesal es un delito muy grave que está tipificada en el artículo 250 del Código Penal español como una forma de fraude que implica el uso de engaño para perjudicar a otra parte en un proceso judicial. Si se descubre que una sentencia se basó en pruebas falsificadas o manipuladas, esto puede constituir una causa de nulidad.

El ordenamiento jurídico español contempla mecanismos para revisar y anular sentencias en casos excepcionales. Por ejemplo:

Para que prospere la anulación, es fundamental que se acredite la falsedad de los citados documentos y su impacto directo en la resolución judicial. Esto suele implicar un proceso penal paralelo donde se investigue y confirme la estafa procesal.

En el caso de la trama de las asesorías los efectos de la sentencia de conformidad pueden alcanzar al menos a dos de las piezas más relevantes de la trama: La de CANET D´EN BERENGUER y la de EGEVASA.

La “trama de las asesorías” creada por la familia Sancho-González para su enriquecimiento personal, lejos de finalizar parece reiniciarse si cabe con más fuerza y aventura una sucesión de procesos penales contra el ya corrupto personaje central de la citada trama.

Pero ahora, no solo está implicado el capo de la organización delictiva, sino también varios miembros de “la familia” como es el caso de su esposa CARMEN GONZALEZ SANCHIS y el de su hija CARMEN SANCHO GONZALEZ, que lograron varios millones de euros a lo largo del período 2007-2015 en el sistemático y premeditado saqueo de las arcas de algunos ayuntamientos y otras empresas públicas.

Y solidariamente podrían tener que reintegrar millones de euros por todos los conceptos antes referidos, sin perjuicio de las penas de prisión y otras accesorias establecidas en el Código Penal para los graves delitos presuntamente cometidos.

Igualmente muchos de los profesionales del derecho que Sancho Sempere incluyó como miembros y/o colaboradores en la escritura de constitución de la Academia Valenciana de Juristas, han expresado su más absoluta indignación ante estos hechos. Tales letrados se sienten traicionados por la manipulación de Sancho Sempere, quien utilizó sin su consentimiento sus nombres y prestigio personal para dar credibilidad a una entidad corrupta.

Algunos de los afectados han manifestado ya a este medio de comunicación su intención de emprender acciones legales para limpiar su nombre y obtener la reparación por los daños personales, profesionales y morales que todo este asunto les está irrogando.

Todo lo cual ha derivado en la constitución hace unos días de la “Plataforma de afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas” de Sancho Sempere, que pretende dar voz a los perjudicados por las tramas corruptas creadas por el ex secretario e instar todo tipo de actuaciones judiciales, civiles y penales contra Sancho Sempere, su mujer y sus hijos, ante la gravedad de lo sucedido y las numerosas pruebas obtenidas contra el clan familiar.

Un portavoz de la recién creada “PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS Y DELICTIVAS DE JOSE ANTONIO SANCHO SEMPERE” (P.A.S.S), ha manifestado al PERIODICO DE AQUI que la admisión a trámite de la querella referida es una buena noticia para los afectados por la trama, pero que no deja de ser un paso más para el esclarecimiento de todos los delitos cometidos por Sancho y su familia, pero sobre todo, la citada admisión constituye un avance significativo para la restitución de todas las cantidades ilegalmente obtenidas por el clan durante varios años.

Para algunos analistas en asuntos de derecho administrativo así como a numerosos juristas expertos en asuntos de corrupción en la administración local, la trama de las asesorías es un síntoma de problemas estructurales más profundos: la falta de mecanismos efectivos de control, el clientelismo enquistado en la administración local y una cultura de tolerancia hacia la corrupción que se resiste a desaparecer. Para otros, es una oportunidad para impulsar reformas profundas, desde una mayor transparencia en la contratación pública hasta sanciones más duras para los corruptos.

La ciudadanía y la opinión pública, siguen esperando respuestas a todos los interrogantes que este entramado corrupto ha generado y sigue generando en la actualidad.

Como decimos, la trama de las asesorías, lejos de ser un capítulo cerrado, parece destinada a seguir dando que hablar durante bastante tiempo. Cada nuevo dato que sale a la luz es un recordatorio de que el problema no está solo en los hechos concretos, sino en un sistema que los permite.

Y aunque la indignación es un motor poderoso, el desafío está en transformarla en algo más: en un cambio real que devuelva la confianza perdida. Por ahora, el eco de este escándalo sigue resonando, y no parece que vaya a apagarse pronto más bien al contrario los inquietantes informes policiales que ahora hemos conocido ponen más gasolina a este enorme fuego de corrupción que sacude a Canet, a toda la provincia y a la Comunitat Valenciana.

Tras las sentencias judiciales firmes que han condenado a Sancho Sempere por graves delitos relacionados con la corrupción en la administración pública, ni la Administración de Justicia, ni la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, ni los alcaldes de los municipios saqueados, ni los interventores de la administración local, ni la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, han recuperado ni un solo euro de los saqueados por Sancho Sempere y su familia en la trama de las asesorías que según las más recientes estimaciones supera ya por todos los conceptos la cantidad de siete millones de euros.

A día de hoy, seguimos sin saber hasta dónde llegó realmente esta trama corrupta que durante años campó a sus anchas sin apenas obstáculos, generando un enorme boquete en las arcas de la administración local y una profunda irritación en la ciudadanía.

Pero ahora con los nuevos informes policiales, las inminentes diligencias judiciales y las sucesivas investigaciones periodísticas nos permiten ser optimistas para que se pueda resolver este sucio asunto que tanto daño ha hecho y sigue haciendo a la trasparencia y la limpieza en la gestión pública.

El Periódico de Aquí, siguiendo el principio fundamental del periodismo responsable y ético tiene abiertos todos sus canales para que Sancho Sempere, miembros de su familia o cualesquiera referidos por cualquier información publicada puedan dar su versión de los hechos, ya que este medio de comunicación defiende su compromiso con la credibilidad, la transparencia y el derecho a réplica.