El ex secretario municipal de Canet d'En Berenguer se querella contra jueces, fiscales y periodistas en la batalla judicial que lo ha llevado a la cárcel en varias ocasiones

Sancho tocando la guitarra.

El ex secretario, ex interventor y ex jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Canet d´En Berenguer ha iniciado una campaña judicial contra todas aquellas personas que han osado hacerle frente para frenar sus actividades ilícitas y delictivas y ha interpuesto varias denuncias, demandas y querellas a diestro y siniestro contra Jueces de instrucción, Fiscales de Sala, Magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia, periodistas de medios de comunicación, abogados y algunos ex trabajadores de sus empresas privadas.

El varias veces condenados por sentencias judiciales firmes por graves delitos de corrupción, José Antonio Sancho Sempere, ha diseñado ahora una nueva estrategia defensiva consistente en arremeter contra quienes se han opuesto desde el primer momento contra él para que respondiera por sus múltiples delitos cometidos por el clan formado por el propio Sancho Sempere, su hija Carmen Sancho González y su esposa Amparo González Sanchis en el mayor escándalo de corrupción en la administración pública local ocurrido en la Comunitat Valenciana. Durante casi 40 años manejó en su beneficio y en el de familiares y empresarios amigos el Ayuntamiento de Canet con la participación de todos los gobiernos, desde el PCE primero y EU más tarde, hasta el PP y el PSOE.

En la actualidad, Sancho Sempere, tras ser condenado por los delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y haber pasado una larga estancia en prisión, ha tenido que hacer frente a nuevas acusaciones penales instadas por la Junta de Gobierno de la Academia Valenciana de Juristas que le acusa de los delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental, delito contable y blanqueo de capitales.

El proceso se sigue en este momento ante un Juzgado de Instrucción de Valencia que admitió las querellas instadas por dichos delitos contra Sancho Sempere, su hija y su esposa. Naturalmente, nada más serle notificada las citadas querellas en el mes de abril de 2025, lo primero que ha hecho el corrupto ex secretario municipal de Canet ha sido interponer distintas acciones contra los miembros de la Junta de Gobierno de la Academia Valenciana de Juristas intentando tapar los nuevos frentes judiciales abiertos contra la presunta organización criminal creada por el propio Sancho con la colaboración de su hija Carmen (funcionaria todavía en el Ayuntamiento de Canet, donde llegaron a haber 4 Sancho como funcionarios) y su esposa Amparo González.

Pero no es la primera vez que esto ocurre. Veamos lo que ha sucedido anteriormente.

Acoso contra los medios de comunicación

El primero que tuvo que hacer frente al acoso judicial de Sancho Sempere fue el director de El Periódico de Aquí. Sancho, presentó varias demandas y querellas contra El Periódico de Aquí y su director, un servidor, en un intento de contrarrestar las investigaciones periodísticas que destaparon la conocida como “trama de las asesorías”.

Según las fuentes, estas acciones legales incluyeron solicitudes de prisión y se basaron en su rechazo a las informaciones publicadas por el medio, que desde 2011 venía denunciando las actividades corruptas de Sancho Sempere, como el uso de entidades particulares como la Academia Valenciana de Juristas (AVJ) para desviar fondos públicos a cuentas personales. Las demandas buscaban amedrentar al periódico y silenciar sus reportajes y artículos, pero no prosperaron, y el medio continuó publicando detalles sobre las ilegalidades, respaldadas por investigaciones judiciales y policiales. Además, Sancho Sempere creó un periódico digital, La Gaceta, para desmentir las acusaciones y ensalzar su propia imagen, y convocó ruedas de prensa usando medios municipales para defender su “limpieza y profesionalidad”.

Estas tácticas formaban parte de un patrón más amplio de acoso mediático, judicial y social contra El Periódico de Aquí y su equipo.

Acoso contra los jueces de instrucción

Pero los ataques de Sancho Sempere no se quedaron ahí. Cuando la titular del Juzgado de Instrucción 12 de Valencia comenzó a practicar diligencias judiciales por la presunta comisión por Sancho de varios delitos relacionados con la corrupción en la administración local, dirigió su acoso contra la citada Juez, Matilde Sabater Alamar. Esta magistrada adoptó dos decisiones judiciales que encolerizaron al corrupto ex secretario.

La primera de dichas decisiones fue dictar en el mes de febrero de 2016 una resolución por la que desglosó las diversas actuaciones dirigidas contra Sancho en varias piezas judiciales con el propósito de agilizar las actuaciones, organizar los hechos y facilitar la instrucción de la causa. La segunda fue dictar un auto por el que se determinaba que había suficientes indicios de criminalidad para pasar las diligencias instruidas a enjuiciamiento.

Así las cosas a Sancho no se le ocurrió otra idea que presentar una queja ante el decano de la Audiencia de Valencia contra la Magistrada instructora. La citada queja fue desestimada de inmediato por el Juez Decano haber cuenta de la inconsistencia de la misma.

En ese momento a Sancho se le ocurre que no cabe otra medida más que interponer una querella criminal y de tal forma compareció ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, y formuló la referida querella contra Matilde Sabater Alamar, por la presunta comisión por la misma de un delito de prevaricación judicial continuada contemplado en el artículo 446.3 del Código Penal, y un delito contra la libertad individual con violación de las garantías constitucionales y legales del artículo 530 el Código Penal.

Ataques contra el Fiscal Anticorrupción

Pero el ataque de Sancho a la administración de Justicia no acaba aquí, ya que posteriormente interpuso también otra querella contra Pablo Ponce Martínez, que fue el fiscal que había presentado en el mes de diciembre de 2013 contra Sancho Sempere una denuncia por la comisión por el ex interventor del Ayuntamiento de delitos relacionados con la administración local y no solo en el Ayuntamiento de Canet, sino también en otras corporaciones y empresas públicas, hasta una veintena.

Se trataba nuevamente de presionar en este caso al señor Fiscal para que dejase de hurgar en las actividades ilegales de Sancho e intentar conseguir la nulidad de todo lo actuado desde el principio. Aquí además Sancho utilizó la estrategia de considerar que se le estaba hostigando e investigando por cuestiones ideológicas y no por indicios de criminalidad propiamente dichos.

Ataques contra los Magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia

En una huida hacia adelante Sancho arremetió también contra los tres Magistrados de la Audiencia de Valencia que lo habían condenado por el delito de cohecho al sobornar a la que fuera alcaldesa de la localidad vecina de La Pobla de Farnals.

La referida querella se dirigió en este caso contra los magistrados de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, Lamberto Rodríguez Martínez, Carolina Rius Alarcón y Carmen Melero Villacañas-Lagranja.

La querella interpuesta por Sancho contra los citados magistrados se basa en la presunta comisión por los mismos tanto en los términos que se recogen en la presente querella como posiblemente de los que resulten de la investigación, de un delito de prevaricación judicial continuada contemplado en el artículo 446.3 del Código Penal, y un delito contra la libertad individual con violación de las garantías constitucionales y legales del artículo 530 el Código Penal.

Ataques contra la Junta de Gobierno de la Academia Valenciana de Juristas

Lo esperpéntico del asunto es que, seis años después de haber nombrado a la Junta de Gobierno de la Academia Valenciana de Juristas ha presentado también primero una demanda y luego una querella contra los profesionales nombrados por el propio Sancho en el año 2016, alegando no saber nada de quien los nombró miembros de la Junta de Gobierno de la AVJ. Tanto en la demanda como en la querella, Sancho Sempere dice que es un simple “miembro” de la Academia Valenciana de Juristas y que se ha enterado que tres abogados que aparecen ahora en la Junta de Gobierno de la asociación, no los ha nombrado nadie. Dice también que los tres profesionales del derecho referidos lo que pretenden es cobrar los servicios prestados por la AVJ durante muchos años al Ayuntamiento de Canet, que el propio Sancho Sempere cifra en 100.000 €. Es decir que, quien había creado la entidad, había nombrado desde el primer momento a sus directivos, quien durante años la usó para su propio beneficio y quien fue condenado por prevaricación por ello en el año 2022, se presenta ante los tribunales como si nada supiese, sorprendiéndose de algo que él mismo había propuesto y decidido. Porque desde el primero momento Sancho Sempere se presentó ante los tribunales en las piezas judiciales que se incoaron contra él, como un simple miembro de la AVJ, alegando que ni trabajaba para la citada asociación, ni cobraba cantidad de la misma, ni pertenecía a la Junta de Gobierno de dicha entidad.

Tres falsedades.

Tuvieron que pasar varios años hasta que la verdad salió a relucir. Y fue porque la Fiscalía Anticorrupción, en la pieza judicial de Canet, acusó a Sancho Sempere de varios delitos, pero también lo hizo contra su hija Carmen Sancho González, que como funcionaria del Ayuntamiento en el departamento de contratación, había facilitado la contratación de uno de los chiringuitos de su padre: Academia Valenciana de Juristas. De modo que para exculpar a su hija llegó a un acuerdo con la Fiscalía y reconoció ser el dueño de la AVJ. La sentencia del Juzgado de lo Penal 19 de valencia de fecha 28 de julio de 2022, adelantada por El Periódico de Aquí,  no tiene desperdicio y dice: ''Que según se anticipó oralmente en el Juicio, debo CONDENAR Y CONDENO a José Antonio Sancho Sempere como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa del art. 404 y 74 CP, en su redacción original vigente en la fecha de los hechos en concurso medial con un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función del art. 439 CP y 74 CP, en su redacción dada por la LO 5/20, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN y ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO AL DERECHO AL SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA, 6 MESES DE MULTA A RAZÓN DE UNA CUOTA DIARIA DE 10 EUROS CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas y 12 MESES DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL CARGO DE FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN NACIONAL; y abono de las costas procesales (incluidas las de la acusación particular)''

Pero lo relevante de esta última sentencia es que Sancho Sempere reconoció de forma expresa que era él el que dirigía, gestionaba y controlaba a la Academia Valenciana de Juristas.

La sentencia dice además que ''para ocultar su condición de director de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS (AVJ) puso al frente de la misma a tres profesionales del derecho desconocedores de los términos en los que se formalizaban las contrataciones pactadas entre la AVJ con sus clientes se encargaron siguiendo las indicaciones del acusado de tramitar los pleitos que les eran encomendados a la AVJ. Estos tres profesionales así como otras personas ajenas fueron incluidas por el acusado como miembros de la junta de gobierno de la AVJ, pero lo cierto era que quien la dirigía y gestionaba era el acusado''.

Los tres profesionales del derecho a los que se refiere la sentencia son los que Sancho Sempere había engañado y nombrado como integrantes de la Junta directiva de la AVJ hasta el año 2016. Para ocultar su incompatibilidad como funcionario municipal de sus empresas particulares, cameló a esos tres profesionales a quienes convenció con un futuro prometedor, una trabajo estable y grandes ingresos. El futuro fue demoledor, porque cuando la Fiscalía y los Juzgados descubrieron las ilegalidades de Sancho, los tres abogados fueron acusados como colaboradores, cómplices o encubridores de Sancho y pasaron un calvario injusto hasta que demostraron su inocencia.

El trabajo estable prometido fue efímero y duró el tiempo lo que tardó la justicia en caerle encima al corrupto secretario municipal.

Y respecto a los grandes ingresos lo fueron, solo que únicamente para Sancho Sempere y su familia que se quedaron con el dinero facturado por los tres profesionales que trabajaban para la Academia Valenciana de Juristas, el chiringuito preferido de Sancho para saquear ayuntamientos y otras instituciones públicas.

Los profesionales engañados por Sancho Sempere, fueron a declarar en varios juicios y los hicieron en los siguientes términos: ''Cuando firmaba algo era porque me lo pedía Sancho Sempere o porque lo dejaba dicho.Quien dirigía todo era Sancho Sempere, estaba clarísimo'', declaró el abogado Juan Jesús Gilabert Mengual que entró a trabajar como pasante para Sancho Sempere por la relación de su familia con el ex secretario de Canet y llegó a presidir tres de las asociaciones creadas por Sancho Sempere y su familia. Sobre las facturas pasadas al cobro al Consorcio de Museos, este letrado defendió que supo de ellas ''por el procedimiento''. Incluso admitió que llegó a firmar ''cheques en blanco, porque la confianza era total''.

Otro letrado, Ignacio Sancho Moscardó, fichado por Sancho Sempere a través de la bolsa de trabajo del Colegio de Abogados en 1996, también explicó que cuando les propuso formar parte de la Academia Valenciana de Juristas aceptaron ''porque no cuestionábamos las decisiones del director. Pero nunca manejamos las cuentas''.

Este abogado se enteró de su participación de la trama de asesorías ''cuando recibí una querella del juzgado de Massamagrell por una serie de facturas falsas en la Pobla de Farnals'' (localidad cuya alcaldesa, la tránsfuga del PP, Natividad García, fue condenada junto a Sancho Sempere por delito de cohecho, a dos años de cárcel).

El tercer letrado en declarar, José Ramón Llopis Cotanda también llegó a figurar como presidente de Asesores Profesionales, ''aunque me di de baja en 2004 y le dije que nunca más usara mi nombre''. Aunque su sorpresa fue mayúscula cuando en 2007 descubrió, en un trabajo particular para un ayuntamiento, ''que aún estaba vinculado a la Academia valenciana de juristas. Tuve una bronca con Sancho Sempere y le dije que yo no era ningún monigote''.

Pero en la declaración en sede judicial de Sancho Sempere el día 20 de mayo de 2025 ha dicho que esos tres profesionales eran los que lo controlaban todo, disponían de las cuentas bancarias de la Academia y facturaban los trabajos encomendados a la entidad y que él no pintaba nada en todo eso,

En el momento presente la Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Directivas de José Antonio Sancho Sempere, se ha convertido en una pieza clave para que se haga justicia de forma definitiva en este asunto.

Se trata de un colectivo que busca justicia, reparación económica y transparencia tras los sucesivos escándalos de corrupción protagonizados por el que fuera interventor de la corporación municipal, jefe de los servicios jurídicos, secretario, todopoderoso funcionario y siniestro personaje de Canet desde principios de los años noventa hasta el año 2015.

Lo que comenzó como una investigación periodística y judicial hace más de una década, ha culminado en un movimiento ciudadano que promete no descansar hasta que se haga luz sobre las sombras de este escandaloso caso de corrupción.

El Origen de la Trama: Un funcionario con poder desmedido

José Antonio Sancho Sempere no era un desconocido en los pasillos del poder local. Como secretario municipal de Canet d’En Berenguer, un cargo que ocupó durante décadas, se convirtió en una figura clave en la gestión administrativa del municipio. Sin embargo, lo que parecía ser una carrera intachable se transformó en un escándalo de proporciones colosales cuando, en 2013, la Fiscalía Anticorrupción primero, la Comandancia de la Guardia Civil después y finalmente el Juzgado de Instrucción 12 de Valencia, comenzaron a desentrañar una red de empresas y asociaciones privadas diseñadas por Sancho para enriquecerse a costa del erario público.

La “trama de las asesorías” no solo implicó a Canet, sino que salpicó a otros ayuntamientos de la provincia de Valencia, como La Pobla de Farnals, Cheste, San Antonio de Benagéber y Real de Gandía, entre otros así como a otras empresas como Egevasa, Aguas de Valencia y el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana.

El modus operandi de Sancho era tan audaz como sofisticado.

Aprovechando su posición como habilitado nacional y su influencia en la toma de decisiones municipales, constituyó entidades como la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), Millena III Milenio, Asesores Profesionales y José Antonio Sancho Abogados SLP. Estas organizaciones, en teoría dedicadas a prestar servicios de asesoramiento jurídico, se convirtieron en herramientas para facturar trabajos innecesarios, inflados o directamente ficticios a ayuntamientos y entes públicos. Los fondos, que ascendieron a millones de euros según las investigaciones oficiales, terminaron en el patrimonio personal de Sancho y su familia, que incluye 7 chiringuitos financieros, 57 cuentas bancarias, 82 fincas rústicas, 4 inmuebles urbanos, un yate privado y varios vehículos de alta gama.

Una Familia Implicada y un Chiringuito Jurídico

Lo que hace aún más inquietante este caso es la participación de la familia de Sancho Sempere. Su esposa, Amparo González Sanchis, y sus hijos —Carmen, José Antonio, Amparo y María Inda— habrían jugado de alguna u otra forma y en mayor o menor medida roles clave en el entramado.

Carmen Sancho González, por ejemplo, funcionaria del departamento de contratación del Ayuntamiento de Canet, facilitó la adjudicación de contratos a las empresas de su padre. En un giro dramático, en 2022, Sancho se autoinculpó en una sentencia de conformidad para evitar que su hija enfrentara penas de cárcel e inhabilitación, reconociendo que él era el verdadero dueño y gestor de la AVJ, una confesión que desmanteló años de negativas.

Porque Sancho en todos los procesasen los que fue investigado por la justicia siempre negó cualquier relación lucrativa con su empresa Academia Valenciana de Juristas. Cuando era preguntado por esta entidad de forma reiterada declaraba que era una asociación sin ánimo de lucro creada para la defensa de los abogados que formaban parte de ella así como para la formación jurídica de los mismos. Un embuste de los muchos que dijo y que acabó con el ingreso en prisión del corrupto funcionario municipal del Ayuntamiento de Canet.

La Academia Valenciana de Juristas, el “chiringuito jurídico” predilecto de Sancho, fue el epicentro de la trama. Para ocultar su control, colocó a profesionales del derecho como testaferros en la junta directiva, quienes, según han declarado judicialmente, desconocían los manejos fraudulentos y actuaban bajo sus órdenes. Estos abogados, hoy indignados, han sido algunos de los primeros en sumarse a la plataforma de afectados, reclamando que su reputación fue utilizada como pantalla para los delitos perpetrados por Sancho.

Sancho a lo Cerdán: acorralado por sus propias mentiras y por la contundencia de las pruebas encontradas por la Guardia Civil

Otra pieza clave para desenmascarar las tramas corruptas perpetradas por Sancho Sempere y su familia ha sido la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia que con sus detallados y minuciosos informes ha retratado la farsa montada por el clan familiar

Así la Guardia civil ha logrado probar que el querellado había creado un entramado societario controlado por él personalmente, aunque registral y oficialmente eran otras personas físicas las que figuran como sus dirigentes; entramado a través del cual, bajo la apariencia legal de estar realizando trabajos que encontrarían su encaje en un contrato menor suscrito verbalmente, recibía dinero de diferentes organismo públicos por la realización de asesoramiento jurídico.

También la Benemérita ha logrado demostrar que el querellado Sancho Sempere, a través de asociaciones privadas en las que ejercía un control total, prevaliéndose del cargo de Secretario Interventor del Ayuntamiento de Canet de Berenguer y del gran prestigio profesional que tenía sobre todo entre los dirigentes políticos (alcaldes) y altos funcionarios de las entidades locales menores (Secretarios e interventores), conseguía suscribir contratos con diferentes Ayuntamientos y otras entidades públicas (algunos verbales y otros escritos), obteniendo periódicamente dinero de los mismos como contraprestación de trabajos de asesoramiento legal.

Igualmente la Guardia Civil tiene acreditado que las asociaciones relacionadas con el querellado, sobre las que el mismo ejercía dicho control total, eran utilizadas para llevar a cabo las actividades descritas eran siete:

• Academia Valenciana de Juristas

• Asesores Profesionales

• José Antonio Sancho Abogados SL

• Millena III Milenio SL

• Agropecuaria de la Serranía

• Pangea Arco Mediterráneo

• Federación Profesional Valenciana

Los informes han logrado probar también que el querellado, siendo secretario e interventor del consistorio, introdujo ilegalmente a una de sus empresas privadas la Academia Valenciana de Juristas, para cobrar los servicios de asesoramiento legal del Ayuntamiento y lo hizo en tres etapas sucesivas:

El querellado, omitiendo maliciosa y deliberadamente su vinculación personal y profesional con la asociación Academia Valenciana de Juristas, le explicó a la entonces alcaldesa Amparo Maño Canet, la contratación formalizada con la Academia por el anterior Alcalde, indicándole que debía continuar prestando estos mismos servicios para la corporación y en idénticas condiciones.

De esta forma, la Alcaldesa, en la errónea creencia de que la contratación se ajustaba a las prescripciones legales, el día 10 de agosto de 2007, siguiendo las instrucciones dadas por el Secretario General querellado, acordó encomendar a la Academia Valenciana de Juristas la defensa y representación del Ayuntamiento en los pleitos en los que pudiera verse implicado. Gracias a estas decisiones de la regidora, Sancho se procuró la continuación de la relación profesional de su sociedad particular con el Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer.

Asegurada la continuación de la contratación, Sancho, aprovechando su condición de Secretario General del Ayuntamiento, se constituyó en el interlocutor entre la citada Academia y la corporación municipal, decidiendo los pleitos que debían derivarse a dicha asociación profesional, fijando las minutas correspondientes y manteniendo como forma de contratación pública la sucesión de contratos menores por una cuantía que sobrepasaba el límite legalmente establecido.

El último pago efectuado por el Ayuntamiento a la Academia de esta primera etapa se produjo el día23 de mayo de 2011. (Factura 19/2011).

Esta relación de hechos referida a esa primera etapa viene relatada, detalladamente en la Sentencia de conformidad nº 272/2022 de la Pieza Ayto. de Canet d´En Berenguer- (pieza principal de la Trama de las asesorías) Diligencias Previas 004797/2013-E tramitado por el Juzgado de instrucción nº 12 de Valencia.

Esta contratación menor fraudulenta don contrato alguno se sucedió, como queda acreditado, desde el año 2007 hasta el año 2011, formalizada con la simple emisión de una factura de carácter mensual, siempre por los mismos servicios de asesoramiento y asistencia legal, necesidad recurrente del Ayuntamiento que hubiera precisado de la convocatoria de un proceso de contratación pública, que respetase los principios de publicidad y concurrencia, básicos en los procedimientos de contratación administrativos. (Vide sentencia de fecha 21 de julio de 2022 del Juzgado de lo penal 21 de Valencia

Para obviar esa cuestión el querellado, señor Sancho Sempere, dio instrucciones para la convocatoria de un concurso público para la licitación del servicio de defensa y asistencia jurídica y el día 6 de mayo de 2011 se suscribió un Contrato de Servicio de Asistencia Jurídica por tiempo de dos años y precio de 57.600 euros.

En este primer contrato escrito intervino como Técnico de Administración General la querellada Carmen Sancho González.

Expirado el contrato anterior el querellado volvió a poner en marcha la renovación contractual y así consta que el día31 de mayo de 2013 se suscribió un nuevo Contrato de Servicio de Asistencia Jurídica por tiempo de dos años y precio de 57.600 euros.

En este segundo contrato escrito de asistencia jurídica firmado entre el Ayuntamiento y la Academia intervino también como Técnico de Administración General la hija de Sancho, Carmen Sancho González

La Guardia Civil tiene probado igualmente que el dinero que pagaba tanto el Ayuntamiento de Canet con estos contratos verbales y escritos referidos así como el pago que recibía de otras entidades públicas y que se ingresaba en la cuenta de la Academia, era desviado por el querellado hacia cuentas controladas por el propio Sancho Sempere como se prueba y asó consta del siguiendo modo:

• SALIDA POR IMPORTE DE 100.100 EUROS DE LA ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS A LA FEDERACION PROFESIONAL VALENCIANA

• Consta en las diligencias judiciales que el día 15/04/2010 el Sr. Sancho Sempere ordenó una transferencia de 100.100 euros en favor de Federación Profesional Valenciana (entidad que también era controlada, dirigida y gestionaba por el Sr. Sancho Sempere).

• Dicha operación no obedecía a la realidad, pues la Academia Valenciana de Juristas no pertenece ni es miembro de Federación Profesional Valenciana.

• Fue pues una mera maniobra de presunta distracción a fin de que finalmente todo el patrimonio de Academia fuera a parar al patrimonio del querellado.

La Guardia Civil dispone incluso del cheque de fecha 15/04/2010, de 100.100 euros de Academia en favor de Federación Profesional Valenciana. Ambas entidades creadas, controladas, dirigidas y gestionadas personal y directamente por José Antonio Sancho Sempere como consta sobradamente probado en las numerosos resoluciones judiciales, calificaciones del Fiscal e informes de la Comandancia de la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha probado también hasta el momento que querellado, en el período comprendido entre los años 2007 a 2011, consiguió ser titular de 57 cuentas bancarias, 4 inmuebles urbanos, (uno de ellos en Canet) 82 fincas rústicas, un yate privado (Millena) y vehículos de alta gama que fueron a parar a su patrimonio personal y al de su familia.

La Guardia Civil hace constar en dicho informe que los ingresos/abonos/traspasos percibidos por Sancho Sempere a través de las citadas entidades y solo en el periodo 2007 a 2011 fueron los siguientes.

• ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS: 470.519,23 euros

• ASESORES PROFESIONALES:________: 347.013,08 euros

• JOSE ANTONIO SANCHO ABOGADO___: 201.491,12 euros

• MILLENA III MILENIO_____________: 630.000 euros

• FEDERACION PROFESIONAL ________: 165.000 euros

• PANGEA ARCO MEDITERRANEO______: 282.500 euros

TOTAL_______________________2.096.523,43 EURO

El Impacto en Canet y Más Allá

El daño causado por la trama de las asesorías trasciende lo económico. En Canet d’En Berenguer, un municipio costero que en las últimas décadas experimentó un boom urbanístico, las decisiones de Sancho como secretario municipal habrían facilitado un crecimiento descontrolado que, según activistas medioambientales, traicionó los principios de sostenibilidad.

Su influencia también se vincula a la gestión urbanística del ex alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien ha sido señalado por no frenar este desarrollo en la zona, generando una sensación de traición entre quienes confiaron en su discurso ecologista.

Las cifras son abrumadoras. Solo entre 2007 y 2011, Sancho habría obtenido más de 957.000 euros a través de la AVJ, según investigaciones de la Guardia Civil y resoluciones judiciales. En total, se estima que la trama movió más de dos millones de euros en un periodo más amplio, una suma que ningún organismo público ha reclamado hasta la fecha, lo que ha indignado a los afectados. “¿Por qué nadie exige que devuelva el dinero? ¿Dónde están los alcaldes, los interventores municipales, los concejales, la Sindicatura de Cuentas, la Agencia Antifraude?”, se pregunta uno de los abogados promotor de la iniciativa.

2025, la Plataforma: Un Grito de Justicia

La creación de la Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Directivas de José Antonio Sancho Sempere responde a esta frustración colectiva. La Plataforma está integrada por vecinos indignados, profesionales del derecho engañados, ex funcionarios afectados y representantes de municipios perjudicados. El colectivo tiene tres objetivos principales:

• Exigir la devolución de los fondos públicos obtenidos ilegal y delictivamente por Sancho Sempere y los miembros de su familia cuya cuantía se estima en un importe cercano a los siete millones de euros.

• Impulsar una investigación exhaustiva sobre Sancho Sempere, sus cómplices, encubridores y colaboradores necesarios de la trama.

• Y presionar por reformas legales que impidan que casos como este se repitan en otros lugares.

“Esto no es solo sobre Sancho. Es sobre un sistema que permitió que alguien como él operara impunemente durante años”, afirma un vecino de Canet sobre la necesidad de crear la Plataforma de Afectados.

La Plataforma ya ha anunciado que presentará cuantas acciones judiciales, administrativas y fiscales que sean necesarias contra Sancho Sempere y su familia, además de solicitar a la Generalitat Valenciana y al Gobierno central que intervengan urgentemente para recuperar el dinero público esquilmado. También planean acciones simbólicas, como concentraciones frente al Ayuntamiento de Canet y la publicación y difusión pública de un informe detallado sobre el impacto de la corrupta trama capitaneada por Sancho Sempere.

Legado de corrupción

A pesar de las condenas judiciales -que incluyen dos años de prisión por cohecho en 2016 y otra sentencia en 2022 por prevaricación y negociaciones prohibidas-, Sancho Sempere sigue sin devolver todo el dinero que fue saqueando a diversas administraciones públicas desde el año 2000 hasta el año 2015.

La trama de las asesorías ha afectado a 15 municipios valencianos, 3 empresas públicas, implicó como investigados a mas de 50 personas, pasaron por los Juzgados casi 100 testigos y peritos dentro de las 15 piezas judiciales que se incoaron. Ha durado hasta el momento 12 años de investigaciones. El informe de la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil tiene 2 tomos y 1480 páginas. Afectó a 3 Juzgados de Instrucción, 5 Juzgados de lo penal, 3 Salas de la Audiencia Provincial de Valencia y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Estuvieron investigando la causa 4 fiscales adscritos a la Fiscalía Provincial de Valencia.

En definitiva la trama ha supuesto un enorme coste económico para los contribuyentes y el causante no ha sido otro que el corrupto José Antonio Sancho Sempere.

El libro El Zorro en el Gallinero, publicado en diciembre de 2024, ha avivado el debate al detallar los entramados de Sancho y señalar a políticos, empresarios y funcionarios como cómplices y/o encubridores. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué nadie ha recuperado el dinero? La inacción de funcionarios que tenían el deber de controlar tamaña ilegalidad como por ejemplo los interventores municipales y el departamento de contratación de los consistorios ha generado desconfianza, y la plataforma promete ser un contrapeso a esta aparente pasividad

Transparencia

La Plataforma de Afectados ,no solo busca cerrar heridas del pasado, sino prevenir que figuras como Sancho Sempere vuelvan a surgir. Proponen auditorías independientes en los ayuntamientos afectados, la creación de un registro público de contratos y sanciones más duras para funcionarios corruptos. “No queremos venganza, queremos un sistema que funcione para los ciudadanos, no para los corruptos”, afirma uno de los integrantes de la recién creada Plataforma de afectados.

La Plataforma está abierta para todas aquellas personas afectadas por este asunto que deseen puedan dar información y/o aportar documentación sobre este caso.

Un portavoz de la Plataforma reitera que la ciudadanía tiene un peso esencial para poner en conocimiento de la administración de justicia, de la Fiscalía Provincial, de la policía, de la Agencia Antifraude o de la Agencia Tributaria cuantos comportamientos ilegales de Sancho Sempere y su familia puedan conocer.

Un hecho que la opinión pública valenciana no sabe pero que conviene manifestar es que precisamente fue la denuncia de un vecino de Pobla de Farnals la que permitió a la Fiscalía de Valencia abrir la investigación de la trama de las asesorías.

Los hechos denunciados tenían que ver con maniobras delictivas realizadas por la entonces alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García, con José Antonio Sancho Sempere, lo que produjo una investigación judicial que acabó con los dos en prisión condenados por delito de cohecho.

Mientras Canet d’En Berenguer se prepara para que su nombre sea nuevamente lastrado por la trama de las asesorías que sigue siendo un recordatorio de las fragilidades de la administración pública en general y muy especialmente de la administración local.

La plataforma, con su energía colectiva, podría ser el primer paso hacia la rendición de cuentas que tantos reclaman. Por ahora, los ojos están puestos en este pequeño municipio valenciano, donde la sombra de José Antonio Sancho Sempere aún se cierne, pero donde también germina la esperanza de un cambio con las nuevas diligencias judiciales que se han abierto contra la organización creada por el clan Sancho.

El Periódico de Aquí, siguiendo el principio fundamental del periodismo responsable y ético tiene abiertos todos sus canales para que Sancho Sempere, miembros de su familia o cualesquiera referidos por cualquier información publicada puedan dar su versión de los hechos ya que este medio de comunicación defiende estar comprometido con la credibilidad, la transparencia y el derecho a réplica: pere_valenciano@elperiodicodeaqui.com