El exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri llega a la Audiencia Provincial. EFE/Morell El interventor municipal del Ayuntamiento de Alicante, Francisco
Guardiola, ha declarado este martes en el juicio seguido contra el
exalcalde Gabriel Echávarri (PSPV-PSOE) por los contratos de la
Concejalía de Comercio que, en su opinión, sí se produjo un
"fraccionamiento ilegal" a la hora de tramitar esos 25 encargos bajo
sospecha, por un importe global de 189.000 euros.
A preguntas de
la Fiscalía, se ha ratificado en las conclusiones del informe previo que
emitió en marzo de 2017, cuando se paralizó el expediente de pago por
el procedimiento ordinario y se planteó su abono a través de un
reconocimiento extrajudicial de crédito "para darle una solución al
problema", según ha manifestado.
Echávarri y dos de sus asesores,
Eduardo Díez y Pedro de Gea, se enfrentan a una posible pena de 10 años
de inhabilitación como responsables de un delito continuado de
prevaricación administrativa, de acuerdo con el escrito de calificación
inicial de la Fiscalía.
En su declaración, el interventor ha
manifestado que tuvo conocimiento del problema cuando el jefe de
servicio de la Concejalía de Comercio, Diego Agulló, le manifestó sus
dudas sobre el proceso.
A partir de entonces, según ha dicho,
analizó las facturas y pudo comprobar que coincidían en fechas, en
proveedores y en conceptos similares, por lo que, a su juicio, su
contratación debió tramitarse por concurso "por lotes".
En todo
caso, a preguntas de los letrados de la defensa, ha admitido la
dificultad que conlleva discernir si todos esos 25 encargos, adjudicados
de manera directa como contratos menores, están interrelacionados entre
sí y si, por tanto, se encuadran en una "unidad funcional".
De
hecho, ha señalado que él pidió un informe a los servicios de la
Asesoría Jurídica municipal para que evaluase el procedimiento, aunque
ese dictamen no llegó a una conclusión definitiva.
También ha
manifestado que si los contratos se hubiesen acompañado de una memoria
explicativa y descriptiva sobre el objeto del contrato "no habría lugar
a especulaciones". Con todo, ha admitido que no existe obligación legal
de que los contratos menores se acompañen de esa memoria, ya que basta
con la factura y el documento de pago.
Esta segunda sesión del
juicio ha comenzado con la declaración del actual alcalde, Luis Barcala,
quien ha señalado que él y su grupo de concejales presentaron la
denuncia inicial, con la que se abrieron las diligencias, al tener
conocimiento de las anomalías, cuando el expediente llegó a la Junta de
Gobierno.
En esta línea, ha señalado que se adoptó esa decisión
por la "excepcionalidad" de las anomalías, en la medida en que el jefe
del servicio de Comercio, Diego Agulló, y el interventor municipal
habían expresado sus dudas.
A partir de ahí, según ha dicho, se
revisó ese paquete de contratos y se comprobó que no existía expediente
de contratación previos.
En ese momento, se comprobó que existían
coincidencia de fechas, de conceptos y de proveedores, por lo que, a su
juicio, "se daban indicios de un posible fraccionamiento".
Por
último, ha comparecido el jefe de servicio de Comercio, Diego Agulló,
quien ha declarado que él no tenía conocimiento de 24 de los 25
contratos puesto que él no los había tramitado. Según ha sostenido, se
ocupó de ellos directamente el asesor de la concejalía de Comercio,
Pedro de Gea, y que él no los habría tramitado así "nunca".
Además,
ha señalado que ningún técnico municipal se había responsabilizado de
esos contratos y que, tras advertir la coincidencia de varias facturas
de los mismos proveedores en las mismas fechas, le expuso sus dudas al
interventor al considerar que "estaban mal".
Asimismo, también ha
señalado que, en su opinión, si las facturas llevaban la firma digital
del alcalde "era porque las había contratado él".
No obstante, a
preguntas de las defensas, ha reconocido que la clasificación por grupos
o bloques la realizó él mismo al analizar el contenido de las facturas y
que al último grupo de ellos le dio la denominación de "conglomerado".
En
esta línea, ha admitido la complejidad que entraña decidir si los
objetos y servicios contratados constituyen o no una unidad funcional y,
por tanto, si hubo fraccionamiento. En este sentido, ha insistido en
que "no tenemos la seguridad" de si esos contratos fueron
independientes.
"No es una ciencia exacta, está sometido a
interpretaciones, pero ante la duda optamos por la opción más segura,
que era la de expresar las dudas; nadie me ha dicho, Diego, esto es
así", ha sostenido. Ante esa duda, ha manifestado, "la forma más segura
es que no se aprobase por decreto sino como reconocimiento extrajudicial
de crédito".
Al ser preguntado sobre la posibilidad de que él
pudiese actuar condicionado por su procesamiento por una causa similar,
de la que resultó absuelto, ha señalado que actuó "por la experiencia
acumulada".
El juicio prosigue este miércoles con la declaración
de la exportavoz municipal de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, y el actual
portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, además de varios
técnicos municipales.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia