En la imagen, Eduardo Zaplana (d) en el banquillo de la Audiencia de Valencia junto al resto de acusados en esta causa. EFE/Ana Escobar El próximo jueves está
previsto que la Audiencia de Valencia intente, por tercera vez, celebrar el
juicio del conocido como caso Erial, donde está procesado el exministro y
expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por el posible cobro de
comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunidad
Valenciana.
La vista ya se
suspendió el pasado 9 de enero por la enfermedad del fiscal anticorrupción y se
volvió a aplazar el 1 de febrero porque el principal abogado de Zaplana había
sufrido días antes una dolencia cardíaca.
El calendario del
juicio de esta macrocausa judicial contempla un total de 40 sesiones y la
comparecencia de más de 200 testigos.
En el caso Erial, cuya
instrucción finalizó el pasado octubre, están investigadas veinte personas,
entre ellas los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis
Olivas y la familia del fallecido expresidente de Les Corts Valencianes,
exvicepresidente del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía,
Juan Cotino, además de colaboradores del expresidente y exministro y varios
empresarios.
La causa afronta su
fase final casi seis años después de la detención de Zaplana (el 22 de mayo de
2018), que estuvo en prisión hasta el 7 de febrero de 2019, aunque permaneció
ingresado en La Fe por una enfermedad oncológica desde el 18 de diciembre de
2018 al 11 de febrero de 2019.
Las penas que se piden
La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de prisión para
Zaplana como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y
blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las estaciones de
ITV valencianas.
En su escrito de
acusación, el Ministerio Público pide el decomiso de 20,6 millones de euros -de
los cuales 6,7 ya han sido transferidos a la oficina de recuperación de activos
ORGA-, cantidad de la que supuestamente se apropiaron tanto Zaplana como otros
catorce procesados, en una operativa de mordidas que se desviaron a paraísos
fiscales.
Junto a Zaplana, el
fiscal dirige su acusación contra sus colaboradores Joaquín Barceló (al que
pide 8 años), Francisco Grau (8), Juan Francisco García (14), Mitsouko
Henríquez (8); los empresarios Vicente -que sufre una enfermedad que le impide
totalmente ser juzgado- y José Cotino (14); y el expresident José Luis Olivas
(6).
También contra
Saturnino y Elvira Suances (5), Francisco Pérez López (7), Pedro Romero (5),
Robert Bataouche (5), Ángel Salas (5) y Carlos Rodríguez (5), y las empresas
Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y
Dobles Figuras.
Los presuntos delitos
que cita el fiscal en su calificación son organización criminal, blanqueo de
capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental.
El origen de las
corruptelas
El origen de los
fondos ilícitos que supuestamente manejaba Zaplana está en los concursos que la
Generalitat lanzó para privatizar las ITV y las concesiones de parques eólicos,
que se diseñaron con "condiciones subjetivas" para que determinadas
sociedades se hiciesen con las licitaciones "en perjuicio de otros
competidores", siempre según el fiscal.
Y para que eso fuese
posible se crearon las condiciones necesarias en los "órganos políticos
del más alto nivel".
Para este primer
amaño, el fiscal cree que Zaplana se concertó con el fallecido Juan Cotino, que
fue director general de la Policía, entre otros cargos, ya que varias empresas
controladas por sus familiares resultaron adjudicatarias en ambos concursos
(ITV y parques eólicos).
De hecho, Vicente y
José Cotino, a través de sus sociedades Sedesa y Asedes, es a quienes
Anticorrupción señala como responsables de la creación de la estructura
societaria necesaria en España y Luxemburgo para adjudicarse los contratos y
también, según el fiscal, para canalizar sobornos por 6,4 y 2,18 millones de
euros.
Estos fondos pasaron
supuestamente a una empresa propiedad de Zaplana que fue gestionada por Beatriz
García Paesa -sobrina de Francisco Paesa- primero y por el abogado uruguayo
Fernando Belhot después. Éste último ha colaborado con la Fiscalía y ha
facilitado la recuperación de fondos que supuestamente proceden de las citadas
corruptelas.
Los Cotino se hicieron
con las ITV de Castelló, Vila-real y Vinaròs por 5,8 millones en 2002 y dos
años después vendieron su participación por 43 millones.
Con los beneficios
obtenidos en esta adjudicación, supuestamente amañada, Vicente, José y Juan
Cotino "empezaron a utilizar las estructuras societarias diseñadas con la
finalidad de traspasar los sobornos pactados a la organización liderada por
Eduardo Zaplana", sostiene el fiscal.
Si a estas operaciones
se suman los beneficios obtenidos por la venta de participaciones en la
sociedad pública Proyectos Eólicos Valencianos, obtenidas también al parecer
vía concesiones amañadas, el clan Cotino obtuvo un total de 86,5 millones de
euros, lo que a juicio de Anticorrupción "justifica el elevado importe de
las comisiones abonadas".
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