Ayuntamiento de Sagunt. El pleno del Ayuntamiento de Sagunt aprobó por unanimidad en su sesión
ordinaria de enero celebrada ayer, la moción de Ciudadanos, presentada por su
portavoz, Salvador Montesinos, que manifestaba la necesidad de que el Equipo de
Gobierno, así como todas las formaciones políticas con presencia institucional
en el consistorio asuman el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de
manera inmediata a cualesquiera de sus cargos públicos, sean representantes
electos o altos cargos, que se salten el plan de vacunación o que incumpla el
protocolo de vacunación establecido en provecho propio o beneficiándose de su
posición. Esta conducta reprobable perjudicaría a las personas que realmente
necesitaban con prioridad esa vacuna y hayan visto retrasadas su dosis a causa
de estas irregularidades inadmisibles, según se indica en el texto aprobado.
La moción fue aprobada con una enmienda de adición de Vox la cual
señalaba, en primer lugar, que cada partido político se compromete a
solicitar internamente la dimisión o cese de las personas que han incumplido el
protocolo de vacunación, independientemente del municipio donde se haya
realizado, demostrando la repulsa contra dichas actuaciones. En segundo lugar la
enmienda instaba al gobierno central a que obligue a pagar el coste de la
vacunación al completo, a las personas que no hayan cumplido con el protocolo.
Según recoge la moción, el
protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad, que se actualizó el pasado
18 de diciembre, establece cuáles son los grupos prioritarios en esta primera
fase de la inmunización: residentes y personal sociosanitario que trabaja en
residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes y personal
de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. Tras completar esos
grupos, cosa que aún no ha ocurrido, les siguen por orden de prioridad otro
personal sanitario y sociosanitario y personas consideradas como grandes
dependientes.
Asimismo, el escrito señala que se
han dado comportamientos políticos muy graves como los que hemos presenciado
recientemente por parte del consejero y funcionarios de la Consejería de Salud
de Murcia, así como los de diferentes alcaldes y miembros de equipos de
gobierno de diferentes territorios, siendo estos vacunados frente a la Covid-19
saltándose completamente el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad,
el cual contempla que: «en esta primera etapa, la vacunación se centrará
solamente en el personal que de manera específica realiza actividades que
exigen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas por
SARS-CoV-2, es decir, en función del riesgo de exposición y transmisión».
No solo se trata de un
comportamiento totalmente irresponsable y lejos de toda ética, sino que, la
consecuencia directa de que estas personas hayan utilizado vacunas en un
momento de absoluta escasez, implica que en estos momentos haya personal
sanitario en contacto diario con el virus o enfermos crónicos y colectivos de
riesgo que se encuentran sin salir de sus casas por miedo a contagio mientras
esperan su turno para ser vacunados que se han quedado sin recibir una de las
dosis que les corresponden de acuerdo con el protocolo de vacunación.
Según el texto aprobado, todo
ello redunda en una mayor indignación y malestar por parte de la ciudadanía,
que observa cómo este tipo de prácticas irresponsables, sumado a la gran
descoordinación entre el gobierno central con el resto de Autonomías para la
implementación del plan de vacunación, atrasa el proceso de vacunación a la vez
que desconoce la información real de registros y situación actual del proceso
de vacunación del territorio.
Por todo lo expuesto «se hace
imperativo asegurar, desde las instituciones, la estrategia de vacunación en
cada autonomía, tanto para ofrecer certidumbres a una ciudadanía que confía en
el éxito de este plan para la superación definitiva de la pandemia, como para
devolver la confianza en las instituciones que deben hacer efectivo dicho plan.
El goteo de políticos saltándose el protocolo y beneficiándose de su cargo para
obtener la vacuna antes de que se le suministre a muchas personas que realmente
la necesitan no puede volver a repetirse en ningún municipio ni comunidad de
toda España. Son urgentes tanto la transparencia de los gobiernos autonómicos
como el compromiso ético de todas las fuerzas políticas para garantizar que
todo cargo que se salte un protocolo asumirá sus responsabilidades y abandonará
su puesto de manera automática».
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