Un momento de la reunión del PP. FOTO PPVAL El Partido Popular iniciará una batería de
reuniones de trabajo con los alcaldes, portavoces y organizaciones agrarias de
los 45 municipios de la provincia afectados por el Ley de la Huerta ante el riesgo que supone para el futuro de sus
explotaciones agrarias ya que “incrementa las cargas a los agricultores, abre la puerta a la
expropiación de terrenos y crear dos niveles de agricultores”.
Así se ha acordado hoy en un encuentro
mantenido en la sede del PP en la que ha estado, por parte de la gestora del
PPVAL, Antonio Clemente y Blanca Garrigues; el presidente de la gestora del PP de
Valencia y diputado autonómico, Luis Santamaría; el portavoz de
Infraetsructuras en Les Corts, Alfredo Castelló, la portavoz de Ordenación del Territorio,
Elisa Díaz, y de Agricultura, José Ramón Calpe y los responsables de los 45
municipios afectados por la norma.
En este sentido, ha coincidido en destacar
que la Ley de la Huerta es una “tapadera” para incrementar las cargas a los
agricultores y expropiar explotaciones agrarias que no se adapten a las “exigentes”
condiciones que plantea. Así, se han manifestado en contra de “recargar aún más
a los agricultores” sin contemplar compensaciones económicas por la asunción de
las nuevas cargas, lo que supondría en la práctica “condenarlos a muerte”.
Así, el PPCV ha denunciado que la nueva Ley
nace “al margen de los agricultores porque no incorpora las aportaciones y
preocupaciones planteadas por el sector”.
“No se pueden atribuir cargas sin resolver antes el tema de la
viabilidad, rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones”.
Tanto es así que el PP solicitará que la Ley garantice la supervivencia y la viabilidad de las
explotaciones agrarias ya que “conceptos como la soberanía alimentaria no pueden ser una excusa para privar a los
agricultores de la propiedad de sus parcelas”.
Para el PP esta Ley “tiene muchos rincones y
pone en jaque el futuro de muchos agricultores” por lo que propondrá que no
entre en vigor hasta que se haga el Informe
de Viabilidad de las explotaciones que reclama las organizaciones agrarias
y que debe ser consensuado con ellas.
Además, propone que la Ley no entre en vigor
hasta que los agricultores y la conselleria lleguen a un acuerdo sobre las
compensaciones e indemnizaciones que deben recibir los agricultores por esas
cargas que se le imponen a los agricultores y que van mucho más allá de sus
tareas agrícolas.
“Con esta ley se crean agricultores de
primera y de segunda” porque sólo existen aquellos profesionales cuyas
explotaciones estén inscritas en el inventario de explotaciones agrarias
profesionales para la que tendrán que acreditar una superficie mínima que no se
fija. “Todo aquel que no cumpla con estos requisitos no podrá acceder a las
ayudas”.
El
nuevo Pativel de la Huerta
Además, han denunciado que la Ley es un ‘Pativel de la Huerta’ que acaba con
dotaciones sociales previstas en los diferentes planes urbanos municipales ya
que prevé acabar con colegios, parques e infraestructuras sociales ya
planificadas en muchas de las localidades afectadas.
Con tal objetivo, el PP intentará que los
vecinos de los municipios afectados “conozcan las consecuencias de la normativa
que pretende aprobar el Consell” y que en localidades como Sedaví, tumbará un colegio
y un parque público.
La Ley
de la Huerta afecta a los 221.000 habitantes de l´Horta Nord, a 106.000
habitantes de L´Horta Sud (con la excepción de Picassent, Silla, Albal, Alcácer
y Beniparrell), los 800.000 habitantes de la ciudad de Valencia con sus
Pedanías Sur, Pedanías Norte y Pedanías Oeste, los 80.000 de Torrent además de
los 253.000 habitantes de L´Horta Oest (excluyendo Aldaya, Alacuás y Manises).
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