El PP critica que la mitad de las viviendas sociales de València están vacías mientras hay 1000 personas esperando un alquiler asequible

Las cifras de inseguridad ciudadana en las calles de Valencia siguen en alza, año tras año desde que gobierna Ribó y PSOE, entre los motivos la merma de la plantilla de la Policía Local. 

Catalá también ha criticado la eliminación de unidades como la Policía de Barrio que ahora vuelven a recuperar o el grupo X4 que velaba por las personas sin techo que viven en la calle. Además los populares pedían la creación de una “oficina antiokupas” para prestar ayuda a los ciudadanos y aumentar la vigilancia de los entornos escolares en las entradas salidas ya que sólo se presta el servicio en el 40% de los centros.

Entre las medidas planteadas por el PP estaba “dejar sin efecto la orden de anulación temporal, o suspensión, del servicio de Policía de Barrio, reanudando de inmediato su operatividad, para poder garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos, vecinos y comerciantes, de forma más próxima, ágil y eficaz. Así como recuperar la Unidad X4 de la Policía Local para la atención especial y exclusiva de las personas sin hogar en la ciudad de Valencia”.

Catalá cifra en cerca de 150 agentes de Policía Local que podrían incorporarse a la plantilla si se “activa una bolsa de trabajo para nombramientos interinos de Agentes de Policía Local, integrada por quienes concurrieron a las oposiciones de 2016, con idénticos criterios que se ha hecho con la bolsa de trabajo de 2017 que ha resultado insuficiente, procediendo a cubrir la demanda y mayores requerimientos de plantilla de manera inmediata, porque además es más necesario que nunca por las necesidades de protección policial derivadas de la Covid”.

Sobre el problema de la ocupación ilegal de viviendas, el PP proponía “dar formación específica a Agentes de la Policía Local de Valencia en cuanto a los derechos de propietarios y vecinos frente a la” okupación” ilegal”.

Asimismo “crear un servicio de información y protección de los derechos contra la ocupación ilegal (‘oficina antiokupas’), con línea telefónica gratuita, para asesorar, y colaborar, con los propietarios y comunidades de vecinos, sobre las medidas que pueden adoptar a fin de combatir la usurpación de viviendas y los problemas de convivencia que lleven aparejados, sin perjuicio de atender también desde los servicios municipales las situaciones que precisen amparo y atención social”

Catalá ha criticado la falta de una política de fomento de las viviendas sociales en Valencia. “El Ayuntamiento dispone de 400 viviendas sociales de las que 204 están vacías. El 60% de las solicitudes de ayudas para acceder a un alquiler asequible no se atienden, y hay una lista de espera de mil personas que han pedido esta ayuda”.

El PP ha planteado la creación de una oficina para atender a los vecinos y comunidades de fincas que sufren la ocupación ilegal de viviendas. También ha sido rechazada por el Gobierno de Ribó y PSOE. Catalá recuerda que el 59% de las denuncias por ocupación que se han producido en la Comunitat Valenciana entre enero y junio de 2020, se han dado en nuestra provincia. Y son especialmente alarmantes las que se producen mediante mafias organizadas, provocando, no solo la usurpación y perturbación de los derechos dominicales de los propietarios legítimos, sino también inseguridad y afectaciones en la convivencia, especialmente en las comunidades de vecinos, por infracción de sus normas y por realizar actuaciones prohibidas, nocivas, insalubres, incómodas o por alguna causa no permitidas.

La Moción pedía “instar al Gobierno de España a realizar instar o apoyar las reformas legales oportunas para recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles, con penas disuasorias de prisión de 1 a 3 años; habilitar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan, con plena seguridad jurídica, realizar desalojos exprés con un máximo de 48 horas; facilitar que las comunidades de vecinos tengan legitimación activa judicial ante conductas agresivas, insalubres, nocivas o prohibidas; y permitir que los propietarios que sean personas jurídicas puedan actuar contra la ocupación ilegal y tomar medidas legales. Asimismo, no permitir el empadronamiento a quienes realicen la ‘okupación’ de cualquier tipo de inmueble de forma manifiestamente ilegal, instando a la Sección de Bajas de Oficio del Padrón a cancelar las inscripciones indebidas por esa causa, de oficio o a instancia del propietario, en cuanto llegue a su conocimiento o se le comunique la situación”.