El PP de Alboraya propone la adhesión del municipio a la Red de Localidades Afectadas por la Ocupación

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alboraya ha presentado una propuesta para solicitar la integración del municipio en la Red de Municipios Afectados por la Ocupación (Red MAO). El objetivo principal de esta medida es establecer un marco de colaboración con otras entidades locales para intercambiar información, experiencias y criterios técnicos que permitan optimizar la respuesta administrativa ante la ocupación ilegal de viviendas.

Según el texto de la moción, la adhesión a esta red permitiría al consistorio disponer de mejores herramientas para abordar una situación que, según el grupo proponente, se ha detectado en diversos puntos del término municipal, como la avenida Cortes Valencianas, zonas de la huerta y áreas industriales. La propuesta pone el acento en la necesidad de actuar con una mayor eficacia jurídica y organizativa para minimizar el impacto de este fenómeno en la convivencia vecinal y en la gestión del parque de viviendas.

Por otro lado, la iniciativa destaca que el actual marco legal, especialmente tras la aplicación de normativas como el Real Decreto-ley 11/2020, ha incrementado la carga de trabajo de los servicios sociales y jurídicos municipales. Esta normativa requiere la emisión de informes de vulnerabilidad antes de ejecutar determinadas actuaciones judiciales, un procedimiento que exige una coordinación estrecha entre departamentos. Con la integración en la Red MAO, se busca unificar protocolos que faciliten esta labor técnica y aseguren que los recursos públicos se destinen prioritariamente a familias en situación de necesidad.

La Red MAO se constituyó en el seno de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) como un foro de cooperación municipalista. El propósito de este organismo es establecer líneas de actuación comunes que ayuden a las administraciones locales a dar una respuesta institucional más sólida y coordinada, compartiendo soluciones ante los retos legales y de gestión de vivienda que afectan actualmente a numerosos municipios de la Comunitat Valenciana.