El propio secretario municipal de Canet entregaba las facturas de su empresa, la Academia Valenciana de Juristas, para que concejales y alcaldes las validaran

Sancho en la puerta del ayuntamiento de Canet d"En Berenguer. FOTO P. V.

Un nuevo informe remitido recientemente por una persona anónima a la Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere desvela el 'modus operandi' interno que ha utilizado el ex secretario, ex interventor y ex jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Canet d´En Berenguer, su esposa y abogada Amparo González Sanchis y la hija de ambos Carmen Sancho González, jefa de Contratación pública del consistorio municipal para esquilmar miles de euros a la corporación municipal. La citada Plataforma se constituyó hace pocos meses en respuesta a las actividades ilícitas del corrompido y corruptor ex funcionario varias veces condenado por los tribunales de justicia por delitos relacionados con las acciones perpetradas por Sancho Sempere durante años en la administración local y en concreto como funcionario municipal del Ayuntamiento de Canet.

Con el transcurrir del tiempo, y visto que la 'trama de las asesorías' escondía numerosos cómplices, los ciudadanos de Canet d’En Berenguer y otras localidades de la Comunitat Valenciana, numerosos vecinos, profesionales del derecho, abogados, procuradores de los tribunales, licenciados y varios funcionarios de diferentes corporaciones y entidades públicas, decidieron alzar la voz contra lo que describen como un “saqueo sistemático” perpetrado durante años por el ex secretario y que hasta la fecha ha supuesto un enorme perjuicio para la corporación municipal estimado en varios millones de euros.

La Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Directivas de José Antonio Sancho Sempere, es un colectivo que busca justicia, reparación económica y transparencia tras los sucesivos escándalos de corrupción protagonizados Sancho con la connivencia y apoyo en mayor o menor medida de funcionarios municipales del propio Ayuntamiento, entre los que cabe citar a los concejales Víctor Almor Marzal y Carlos Julián Zahera en el mayor escándalo conocido de corrupción en la administración local valenciana desde siempre.

Lo que comenzó como una investigación periodística encabezada por un medio de comunicación, El Periódico der Aquí, continuó con una denuncia de la Fiscalía Provincial de Valencia, siguió con la apertura de varias causas judiciales contra Sancho Sempere y su familia y terminó provisionalmente con varias sentencias penales condenatorias del ex secretario, se ha consolidado con un movimiento ciudadano que promete no descansar hasta que se haga luz sobre las sombras de este escandaloso caso de corrupción en la administración pública local.

En ese contexto y, hasta el momento, han sido muchas las informaciones, testimonios y documentos que personas anónimas han hecho llegar a la Plataforma, todas ellas relacionadas con las maniobras y acciones presuntamente delictivas perpetradas por el clan Sancho en el Ayuntamiento de Canet y en otros municipios valencianos.

El anonimato que solicitan las personas que remiten los testimonio contra Sancho se basa en que pretenden eludir los ataques de todo tipo del ex secretario corrupto que no duda en interponer denuncias, demandas y querellas contra todos aquellos que osan poner en conocimiento de las autoridades los desmanes y tropelías perpetradas por Sancho durante su larga trayectoria como funcionario municipal en el Ayuntamiento de Canet.

Son conocidas por haberse publicado en diversos medios de comunicación las acciones judiciales que ha emprendido Sancho, contra jueces de instrucción de Valencia, magistrados de Sala de la Audiencia Provincial, fiscal, abogada de sus empresas, empleada de sus negocios y colaboradora de sus asociaciones particulares.

Pese a ello y, desde el mismo inició de las actividades de la Plataforma, han sido muchos los hechos denunciados por afectados referidos a ilegalidades de la familia Sancho: falsificación de firmas y de sellos profesionales, desvío de dinero público a cuentas bancarias personales, aportación en juicio de documentos falsificados y un sinfín de actividades ilegales.

El ultimo testimonio recibido en el mes de agosto del presente año ha sido una carta anónima que por su relevancia trascribimos a continuación porque refleja las manejos y manipulaciones realizadas por el clan Sancho en el Ayuntamiento de Canet.

La carta dice así:

Carta anónima dirigida a la Plataforma de Afectados por las presuntas actividades ilícitas de José Antonio Sancho Sempere

Fecha: 22 de agosto de 2025

''Por medio de la presente me dirijo a ustedes de manera anónima, impulsado por el firme convencimiento de que hechos como los que pongo en su conocimiento merecen ser investigados con la máxima seriedad, tanto por la repercusión económica que, presuntamente, han tenido sobre el erario público del Ayuntamiento de Canet d´En Berenguer, como por el agravio que representan contra los ciudadanos del municipio de Canet.

De acuerdo con informaciones y documentos que han llegado a mi conocimiento desde el propio consistorio municipal, el modus operandi que emplearon el Sr. José Antonio Sancho Sempere, su hija Carmen y su esposa Amparo González Sanchis, se articuló a través de una empresa privada de carácter familiar denominada Academia Valenciana de Juristas. Dicha mercantil desde el año 2001 aproximadamente fue utilizada como vehículo para canalizar fondos de procedencia pública, concretamente del Ayuntamiento de Canet, hacia fines ajenos a los servicios contratados y en beneficio particular del señor Sancho Sempere y su familia.

De forma resumida, y siempre desde la condición de mero informante ciudadano, expongo lo siguiente:

El método usual por el que las facturas llegaban al Ayuntamiento era muy simple. En la mayor parte de las veces era el propio Sancho quien entregaba las facturas de su empresa al concejal Víctor Almor Marzal para que tramitase su pago. En otras ocasiones las facturas las entregaba el secretario a otro concejal llamado Carlos Julián Zahera quien se ocupaba de su tramitación.

En algunos casos Sancho entregaba las facturas a los propios Alcaldes de la corporación como a Amparo Maño Canet, Octavio Herranz López y Leandro Benito Antoni, quienes les daba el curso administrativo pertinente para el pago de las citadas facturas.

También era normal que las facturas fueran entregadas por la hija de Sancho y funcionaria municipal Carmen Sancho González quien las llevaba al alcalde o las pasaba por el servicio de entrada de documentos. Y también sucedió que la esposa de Sancho, Amparo González Sanchis traía las facturas de la Academia para su pago por el Ayuntamiento.

Sin embargo, parte de ellas corresponderían a servicios inexistentes, sobrevalorados o duplicados. Estas facturas fueron presentadas para su pago al Ayuntamiento con la finalidad de obtener ingresos indebidos.

En documentos relacionados con estos pagos figurarían firmas de responsables municipales o de terceros que no otorgaron su consentimiento, o que habrían sido reproducidas sin autorización.

Por todo lo anterior, considero oportuno poner estos hechos en conocimiento de su Plataforma para que, en su caso, los mismos sean trasladados a las autoridades competentes –incluyendo Fiscalía y Tribunal de Cuentas– a fin de que se investigue la existencia de presuntos delitos tales comomalversación de caudales públicos, fraude, falsificación documental y prevaricación administrativa.

Me reservo el derecho a remitir nueva documentación complementaria, en la medida en que pueda garantizar mi anonimato y seguridad personal.

Sin otro particular y esperando que esta información pueda contribuir a destapar prácticas que, de ser confirmadas, repercuten de manera directa en el patrimonio público y la confianza ciudadana, les saludo atentamente''

Un ciudadano anónimo

La Plataforma por medio de sus asesores ha examinado esta misiva y comprobado la credibilidad de las afirmaciones de hechos contenidas en la carta remitida.

El contenido de la información de la carta se corresponde, en su mayor parte, con los informes realizados por la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia.

La novedad de lo manifestado por este ciudadano anónimo radica en que sistema interno a través del cual la familia Sancho hacía llegar las facturas de la empresa privada de los Sancho (la Academia Valenciana de Juristas) a los departamentos municipales encargados del control de los pagos de dichas facturas.

La operativa denunciada por este ciudadano no hace sino corroborar los mecanismos que la familia Sancho usó para hacerse con decenas de miles de euros de las arcas públicas no solo del Ayuntamiento de Canet sino también de otros municipios y empresas públicas.

Con relación al rol que ha tenido Sancho en la Academia Valenciana de Juristas efectivamente consta ya probado que el propio Sancho Sempere en la sentencia de conformidad del Juzgado de lo Penal 18 de Valencia de fecha 21 de julio de 2022 reconoció ser el dueño, director, administrador de hecho y gestor de la sociedad.

Esta sentencia fue conocida a través de un medio de comunicación que la reprodujo íntegramente el día 11 de septiembre de 2024 dice:

“Para ocultar su condición de director de la Academia Valenciana de Juristas puso al frente de la misma a tres profesionales del derecho desconocedores de los términos en los que se formalizaban las contrataciones pactadas entre la Academia Valenciana de Juristas con sus clientes se encargaron siguiendo las indicaciones del acusado de tramitar los pleitos que les eran encomendados a la Academia. Estos tres profesionales así como otras personas ajenas fueron incluidas por el acusado como miembros de la junta de gobierno de la Academia Valenciana de Juristas, pero lo cierto era que quien la dirigía y gestionaba era el acusado

Consta también probado que pese a que de forma constante y repetitiva Sancho negó tener intervención en las facturas que emitía la Academia Valenciana de Juristas, el propio ex secretario en un escrito de fecha 15 de mayo de 2025, presentó varias facturas de la Academia Valenciana de Juristas en las que no sólo consta su intervención sino que además se prueba que validó y conformó facturas de la citada entidad para que fuera satisfechas por el Ayuntamiento de Canet.

También consta en la carta la intervención de la hija del ex secretario en los manejos familiares y pese a que Sancho lo ha negado una y otra vez, en los informes policiales ser ha demostrado que la citada hija Carmen intervino al menos en dos contratos de asesoramiento legal firmados entre el Ayuntamiento de Canet y la empresa privada de los Sancho la citada Academia Valenciana de Juristas Dichos informes prueban que 6 de mayo de 2011 que el día 1 de marzo de 2011 se inició el expediente 14/2011/CON, expediente de contratación administrativa entre el Ayuntamiento de Canet de Berenguer y la entidad Academia Valenciana de Juristas. En aquel momento era Alcalde Octavio Herranz López, Secretario Interventor del Ayuntamiento José Antonio Sancho Sempere y funcionaria encargada de la tramitación Carmen Sancho González.

Sobre este particular la Policía:

Comprobó igualmente que, en relación a tal expediente fue Carmen Sancho González la que realizó el informe de contratación el 25 de marzo de 2011, emitiéndose el correspondiente informe por parte del Secretario General el 28 de marzo de 2011.

Comprobó que se había solicitado la oferta de al menos tres empresas capacitadas para realizar el objeto del contrato, siendo la propia Mª Carmen Sancho González la que firmó personalmente las cartas de invitación que se dirigieron a don José Antonio Yborra Limorte, (amigo personal de su padre) a “José Antonio Sancho Sempere SLP“ (empresa de su padre) con domicilio en la Calle Palau 13 puerta 10 -domicilio de sus padres y a “Academia Valenciana de Juristas“ empresa de su padre, con domicilio trasladado a la Calle Almirante 1 B 2º derecha.

La persona que cogió las notificaciones el 26 de abril de 2011 respecto a las dos últimas entidades fue la misma (M.A. Agelan).

El Bufete Yborra presentó escrito declinando la oferta y lo mismo hizo la entidad “José Antonio Sancho Abogados SLP”.

Fue la “Academia Valenciana de Juristas” la que finalmente logró la adjudicación del contrato.

Comprobó que mediante Decreto del Alcalde de 4 de Mayo de 2011 se adjudicó el contrato de asistencia jurídica a Academia Valenciana de Juristas siendo doña Carmen Sancho la que firmó las correspondientes notificaciones a las entidades que habían licitado.

Comprobó que la hija de Sancho Sempere intervino también en el expediente de contratación 2013 que concluyó con la firma de un nuevo contrato de asistencia jurídica de fecha 25 de mayo de 2013, y así consta su intervención en el procedimiento de incoación firmado por el Alcalde.

También se indica en la carta anónima que la esposa de Sancho ha intervenido en varias operaciones delictivas del clan y aunque el propio Sancho lo ha negado de forma sistemática en todos los juicios en los que ha sido acusado la Policía:

Comprobó que esta persona era la esposa del querellado señor Sancho Sempere, compartiendo domicilio particular con el señor Sancho en la ciudad de Valencia, calle Palau, número 13- 5º pta 10 (46003).

Detectó que es abogada en ejercicio y que su despacho profesional en ese momento era el sito en la ciudad de Valencia, calle Almirante 1, bajo derecha y así figura como abogada ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de la ciudad de Valencia.

Supo que en ese mismo domicilio profesional también figuran como radicadas empresas privadas fundadas por su marido el querellado señor Sancho Sempere y en concreto la Academia Valenciana de Juristas.

Comprobó que además la señora González Sanchis era miembro de pleno derecho y trabajadora de una de las empresas privadas del entramado creado por su marido, en concreto figuraba de alta en la Federación Profesional Valenciana y percibía ingresos de dicha entidad.

Detectó que la querellada Amparo González Sanchis era secretaria de la Asociación Agropecuaria de la Serranía, otra de las asociaciones privadas de su marido para presuntamente desviar fondos de sus actividades ilícitas como por ejemplo el ingreso de la cantidad de 100.000 euros realizada por su marido mediante apertura bancaria de una imposición de dinero.

Comprobó quien fecha 3 de mayo de 2013 la señora Amparo González Sanchis recibió, casualmente, una invitación para la adjudicación de un contrato de asistencia jurídica del Ayuntamiento de Canet y que la querellada declinó la invitación por escrito de fecha 10 de mayo de 2013.

Detectó que era la persona encargaba por su marido y querellado Sancho Sempere para tener al día la contabilidad de todas las empresas creadas por su esposo para enriquecerse con operaciones fraudulentas. Así queda acreditado al Folio 45 del Informe elaborado por la Comandancia de la Guardia Civil que se aporta a la presente querella como

Se indica también en la carta remitida que Sancho Sempere desviaba los importes de las facturas de la Academia hacia otras cuentas bancarías controladas por él.

Lo cual también consta probado por los informes policiales en donde se ha demostrado:

• Que aunque la única persona autorizada a librar órdenes de pago es el presidente de la entidad Juan Jesús Gilabert Mengual, era el querellado José Antonio Sancho Sempere el que ejercía el control real sobre la cuenta de la Academia Valencia de Juristas y que había una dependencia laboral del señor Gilabert con Sancho Sempere.
• Que aunque Sancho Sempere ni figurase como titular en la cuenta bancaria de la Academia, ello no impedía que el dinero fluyera por el entramado empresarial controlado por él.
• Y que hay una serie de movimientos bancarios de dinero de la cuenta de la Academia Valenciana de Juristas a favor de la empresa Millena III Mileno constando que Sancho Sempere es el administrador único de dicha sociedad Millena, donde además, aparece como autorizado en ocho cuentas

Fuentes jurídicas consultadas por el Periódico de Aquí a la vista de la carta remitida por el ciudadano anónimo apuntan a la existencia del delito de blanqueo de capitales por parte de la familia Sancho.

El artículo 301 del Código Penal tipifica el blanqueo de capitales como: “El que adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes, sabiendo que tienen su origen en una actividad delictiva... o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito”.

La acreditación probatoria de la existencia del delito referido se asienta en tres documentos clave que la Plataforma ya dispone cuales son:

• Sentencia penal sobre delitos de prevaricación y contrataciones fraudulentas (Juzgado Penal 18 Valencia).
• Diligencia de Inspección de Hacienda sobre la Academia Valenciana de Juristas (AEAT).
• Informes de la Guardia Civil sobre el control efectivo de Sancho Sempere sobre varias entidades y cuentas bancarias.

La sentencia penal (Juzgado Penal 18 Valencia):

• Acredita que Sancho Sempere usó la AVJ como pantalla para llevar fondos públicos hacia el círculo de sociedades bajo su control, mediante contratos fraudulentos y ocultando su intervención real.
• Señala la sucesión de facturaciones reiteradas, el fraccionamiento y la ocultación de vínculos reales.

La Diligencia de Hacienda (AEAT) por su parte:

• Recoge extensas operaciones entre AVJ, Federación Profesional Valenciana y Millena III Milenio, así como ingresos en efectivo sin correspondencia con salidas bancarias justificadas.
• Denuncia la ausencia de justificación suficiente en destinos y orígenes de importantes sumas retiradas, y la opacidad consecuencia de la fragmentación y triangulación de pagos.
• Revela movimientos cruzados y no justificados entre las sociedades mencionadas y el propio Sancho Sempere, con uso reiterado de efectivo.

Y el Informe Guardia Civil:

• Atestigua el control efectivo y directo de Sancho Sempere sobre las sociedades interpuestas, aunque formalmente no figure como titular o autorizado en todas las cuentas.
• Prueba el flujo de fondos desde instituciones públicas hacia las sociedades y, desde ahí, hacia los intereses personales de Sancho Sempere.

La comparación integral de los tres documentos permite concluirindicios sólidos y fundados de la existencia de un delito de blanqueo de capitalescometido por José Antonio Sancho Sempere, con la colaboración necesaria de su esposa Amparo González Sanchis y de su hija Carmen Sancho González por cuanto:

• Sancho Sempere ideó y ejecutó un continuado sistema de desvío de fondos públicos con intervención de sociedades instrumentales y cuentas bancarias de las que tenía el control real.
• Los fondos resultantes de ilícitos contra la administración fueron canalizados a través de entramados societarios, con la finalidad de ocultar u oscurecer el origen y destino final, dificultando cualquier rastreo o fiscalización.
• Las diligencias administrativas y judiciales han detallado flujos de dinero injustificados, uso sistemático de efectivo, ocultación de la condición de beneficiario último y recurrencia en la instrumentalización de asociaciones privadas bajo su dirección fáctica.

La magnitud, persistencia y la opacidad de las maniobras reveladas configuran un caso típico de blanqueo de capitales asociado a la corrupción pública, de acuerdo con lo previsto en el art. 301 y ss. CP, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o administrativas concurrentes.

Igualmente las mismas fuentes jurídicas consultadas a raíz de la carta remitida por el citado ciudadano anónimo detectan la presencia en la actualidad de varios delitos de estafa procesal, tanto en grado de tentativa como en grado de consumación.

Los delitos de estafa procesal en grado de tentativa los ha cometido Sancho al presentar demanda y querellas contra la Junta de Gobierno de la Academia Valenciana de Juristas alegando ser un simple miembro de dicha empresa cuando en realidad es un engaño al Juez y a todo el mundo ya que como ha quedado demostrado en la sentencia de conformidad de 21 de julio de 2022 Sancho es el dueño, gestor, director y administrador desde siempre de la citada asociación privada.

Y los delitos de estafa procesal consumada se han producido en los juicios penales ya celebrados de las piezas de Consorcio de Museos de la Generalidad Valenciana y Egevasa en donde Sancho aportó facturas e enormes falsificados logrando obtener sendas sentencias absolutorias lo que supuso un engaño al Juez y al resto de las partes personadas en tales juicios.

Las mismas fuentes jurídicas consultadas aluden que los Sancho De la lectura de tales documentos concurren los elementos objetivos y subjetivos del delito de organización criminal en los hechos atribuidos a José Antonio Sancho Sempere, Carmen Sancho González y Amparo González Sanchis.

Consta ya acreditado la existencia de una estructura organizada y sostenida en el tiempo, compuesta y dirigida por José Antonio Sancho Sempere, con la colaboración esencial de su hija Carmen Sancho González y su esposa Amparo González Sanchis, con el objetivo de defraudar fondos públicos mediante múltiples entidades instrumentales y sociedades interpuestas, a través de operaciones sistemáticamente irregulares y delictivas.

Los hechos analizados cumplen, con solidez, los elementos típicos del art. 570 bis del Código Penal español en materia de organización criminal. Por los siguientes motivos

Elementos Estructurales de la Organización Criminal

Estructura jerárquica y reparto de funciones

Dirección:

• José Antonio Sancho Sempere, funcionario municipal, Secretario General, Interventor y Jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Canet d, En Berenguer, ostenta el control efectivo de las entidades privadas (Academia Valenciana de Juristas, Federación Profesional Valenciana, Millena III Milenio SL, y otras), aunque formalmente sitúa a testaferros o colaboradores ficticios en sus órganos de dirección, manteniendo el dominio y la toma de decisiones clave.

Colaboradores necesarios:

• Carmen Sancho González: hija del líder, funcionaria encargada de la tramitación de expedientes e informes que permitieron la adjudicación irregular de contratos públicos a empresas de la trama creada y dirigida por su padre.
• Amparo González Sanchis: esposa del líder, abogada en ejercicio, encargada de la contabilidad y administración de varias mercantiles, de recibir transferencias y de actuar en nombre propio en ciertos expedientes; es beneficiaria directa de las operaciones y participa activamente en la gestión del entramado.

Duración y plan de actuación continuada

La actividad ilícita se proyecta al menos durante el periodo 2007-2015, desarrollándose en varias etapas, con contratos públicos encadenados y operaciones reiteradas de desvío de fondos desde entidades públicas hacia cuentas bajo el control de la organización.

Diversificación de instrumentos jurídicos y mercantiles

Utilización de múltiples entidades pantalla (asociaciones, sociedades limitadas, federaciones profesionales) para canalizar y legitimar el cobro de fondos públicos y su posterior descapitalización en beneficio de los querellados.

Ocultación y legitimación

• Ocultación deliberada de las vinculaciones reales de los miembros de la organización con las mercantiles contratistas, mediante el uso de terceros en cargos directivos solo formalmente (Junta de Gobierno de la Academia de Juristas, por ejemplo).
• Maniobras documentales para justificar operaciones, incluidos documentos presuntamente falsos, estados contables manipulados, e informes internos para simular legalidad o necesidad de los servicios facturados.

Análisis Conductual de los Integrantes

José Antonio Sancho Sempere

• Líder y beneficiario principal de todas las operaciones. Control total sobre la toma de decisiones, el flujo de fondos y el destino final de los recursos fraudulentamente obtenidos.
• Ejecuta y dirige la concertación de contratos públicos, la facturación simulada o excesiva y la posterior extracción de fondos hacia sociedades y cuentas bajo su control.
• Utiliza a terceros para conferir apariencia de legalidad y evitar ser detectado como beneficiario.

Carmen Sancho González

• Funcionario clave en los procesos administrativos de adjudicación. Emisión de informes y tramitación directa de los expedientes que favorecían a las sociedades de su padre.
• Firma de invitaciones ficticias a empresas y personas vinculadas —incluida su propia madre—, simulando concurrencia y garantizando la adjudicación a la entidad de la trama.
• Intervención decisiva tanto en las fases de instrucción administrativa como en notificaciones y trámites vinculados a los contratos.

Amparo González Sanchis

• Control de la administración, contabilidad y relaciones bancarias de las entidades instrumentales.
• Percepción directa de nóminas, transferencias y otros pagos derivados de la facturación fraudulenta.
• Participación en la constitución documental de mercantiles y asociación, y en la gestión de expedientes administrativos relevantes.

Tipicidad Penal: Organización Criminal

Art. 570 bis Código Penal

• La organización aquí descrita persigue “la comisión concertada de delitos” graves —continuada apropiación indebida, estafa procesal, falsedad documental y blanqueo de capitales, entre otros.
• Existe reparto de funciones, permanencia temporal, coordinación, planificación y estabilidad en la estructura.
• Uso habitual de técnicas de lavado de capitales y de simulación de contratos.
• La complejidad y el volumen de operaciones, la pluralidad de instituciones afectadas (ayuntamientos, consorcios, otras entidades públicas), y la cantidad total de dinero distraída refuerzan la gravedad y encaje de los hechos dentro del tipo penal de organización criminal.

Conclusión

Los hechos descritos en la querella interpuesta por mi mandante configuran una organización criminal, en sentido estricto, dirigida por José Antonio Sancho Sempere e integrada por Carmen Sancho González y Amparo González Sanchis, para la perpetración sistemática de delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, estafa procesal y falsedad documental.

Los tres integrantes desarrollan roles funcionales indispensables, con reparto de tareas, beneficiarios directos y capacidad de ocultación sostenida, en perjuicio de la Administración pública y de la transparencia institucional.

La abundancia y convergencia probatoria —sentencia firme, informes policiales y diligencias de la Inspección de Finanzas del Estado— acreditan más allá de toda duda razonable la concurrencia de los elementos típicos del delito de organización criminal en el presente caso.

La Sala Segunda del Supremo señala que para apreciar la existencia de una organización criminal no basta cualquier estructura distributiva de funciones; se necesita un reparto perfilado de responsabilidades, aunque no es necesario un organigrama rígido o funciones inmutables. La permanente actividad delictiva, el desarrollo continuado en el tiempo y la utilización de medios idóneos son elementos clave. STS 3203/2022 de 21 de julio de 2022.

El Origen de la Trama: El Poder Acumulado de un Secretario Municipal

José Antonio Sancho Sempere no era un funcionario cualquiera. Durante décadas ejerció como secretario municipal en Canet d’En Berenguer, convirtiéndose en una pieza clave del engranaje administrativo local. Sin embargo, en 2013 su nombre quedó marcado por la corrupción cuando la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil y posteriormente el Juzgado de Instrucción nº 12 de Valencia destaparon una compleja red de empresas y asociaciones ideadas por él para lucrarse a costa de fondos públicos.

La llamada “trama de las asesorías” salpicó no solo a Canet, sino también a otros municipios valencianos —La Pobla de Farnals, Cheste, San Antonio de Benagéber, Real de Gandía— e incluso a entidades como EGEVASA, Aguas de Valencia y el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana.

Un “chiringuito jurídico” al servicio del fraude

Sancho aprovechó su condición de habilitado nacional para constituir sociedades y asociaciones como la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), Millena III Milenio, Asesores Profesionales o José Antonio Sancho Abogados SLP. Bajo la apariencia de asesorías legales, facturaban servicios inexistentes, inflados o innecesarios que terminaron engrosando su patrimonio personal: siete sociedades pantalla, 57 cuentas bancarias, 82 fincas rústicas, cuatro inmuebles urbanos, un yate y varios vehículos de lujo.

La AVJ se convirtió en su instrumento más efectivo. Para ocultar su control, colocaba abogados como testaferros en la junta directiva, muchos de los cuales denunciaron después haber sido engañado y utilizado como tapadera.

Una familia involucrada

La red también contó con la participación de su esposa, Amparo González Sanchis, y sus hijos: Carmen, José Antonio, Amparo y María Inda. Carmen, funcionaria en contratación del Ayuntamiento de Canet, facilitó adjudicaciones favorables a las empresas de su padre. En 2022, en un giro sorprendente, Sancho aceptó su responsabilidad en una sentencia de conformidad para evitar la condena de su hija, reconociendo su papel como verdadero dueño de la AVJ.

Durante años negó relación lucrativa alguna con la Academia Valenciana de Juristas, presentándola como una asociación sin ánimo de lucro orientado a la defensa y formación de abogados. La investigación judicial terminaría demostrando que se trataba de una farsa.

El coste para los municipios

Los efectos económicos y sociales fueron devastadores. En Canet, Sancho influyó decisivamente en el urbanismo, favoreciendo un crecimiento sin control que, según colectivos ecologistas, traicionó los principios de sostenibilidad. Incluso se vinculó su gestión a decisiones del entonces alcalde de Valencia, Joan Ribó, por no frenar el desarrollo urbanístico en la zona.

Las cifras son demoledoras: entre 2007 y 2011, la AVJ facturó más de 957.000 euros obtenidos irregularmente, y el montante global de la trama superaría los dos millones de euros. A día de hoy, ninguna institución ha reclamado la devolución de ese dinero.

El nacimiento de la Plataforma de Afectados

Ante la inacción administrativa, vecinos, abogados engañados y ex funcionarios han creado la Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Directivas de José Antonio Sancho Sempere.

Sus objetivos son claros:

“Esto no va solo de Sancho, sino de un sistema que le permitió actuar durante años”, resume uno de sus impulsores.

Años de investigación y un legado de corrupción

La causa judicial ha sido gigantesca: 15 municipios afectados, tres empresas públicas, más de 50 investigados y casi un centenar de testigos y peritos. Se han tramitado 15 piezas separadas en distintos juzgados de Valencia, llegando incluso al Tribunal Supremo. El informe de la Guardia Civil ocupa dos tomos y 1.480 páginas.

Pese a las condenas —como los dos años de prisión por cohecho en 2016 y otra condena en 2022 por prevaricación y negociaciones prohibidas—, Sancho todavía no ha devuelto lo desviado a su patrimonio.

El libro El Zorro en el Gallinero (2024) ha reabierto el debate público al señalar a políticos, empresarios y funcionarios como piezas clave de su entramado. La pregunta que sigue en el aire es una: ¿por qué nadie exige la devolución del dinero?

La chispa de la denuncia ciudadana

Cabe recordar que todo empezó gracias a un vecino de La Pobla de Farnals, cuya denuncia permitió destapar maniobras ilícitas entre Sancho y la entonces alcaldesa Natividad García Castellar, ambos condenados posteriormente por cohecho.

Mirando al futuro

La Plataforma de Afectados plantea medidas para recuperar la confianza en las instituciones: auditorías independientes en los municipios, un registro público de contratos y sanciones firmes para funcionarios corruptos.

Hoy, mientras Canet d’En Berenguer vuelve a aparecer en titulares por la sombra de José Antonio Sancho Sempere, también surge la esperanza de que la movilización ciudadana sea el primer paso para reconstruir un modelo de gestión pública más limpio y justo.

Y ello porque en el momento presente constan ya admitidas por los Juzgados de Valencia varias querellas interpuestas por afectados por la trama creada por Sancho Sempere y su familia por la presunta comisión de varios delitos muy graves que podrían suponer en caso de condena varios años de prisión al margen del pago de indemnizaciones y otros muchos daños materiales y morales contra quienes han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de todas las maniobras ilegales perpetrada por el clan Sancho.

El Periódico de Aquí, siguiendo elprincipio fundamental del periodismo responsable y ético tiene abiertos todos sus canales para que Sancho Sempere, miembros de su familia o cualesquiera referidos por cualquier información publicada puedan dar su versión de los hechos ya que este medio de comunicación defiende estar comprometido con la credibilidad, la transparencia y el derecho a réplica: pere_valenciano@elperiodicodeaqui.com