Luisa Salvador.
La lectura de un informe de Intervención sobre la gestión
del Personal en el Ayuntamiento del Puig ha dado paso a la petición de
responsabilidades políticas por parte del principal partido de la oposición, el
PP, al equipo de gobierno de la socialista Luisa Salvador. En el citado
documento legal se alude a una serie de incidencias en materia de Personal,
detectadas por el departamento de Intervención, a la hora de reconocer y abonar
productividades, horas extras y gratificaciones a los empleados municipales.
Luisa Salvador, alcaldesa, no duda en asegurar que demostrará “la
inconsistencia” de cada una de las supuestas irregularidades contenidas en “un
informe incompleto” al faltarle documentación del departamento encargado de
esta materia, cuyo titular está de baja.
En concreto, en el informe se
detalla “en un gran número de empleados (laborales y funcionarios) el abono de
horas extraordinarias, gratificaciones y productividades de una forma
irregular, en ocasiones sin
justificación horaria, en otras ocasiones sin justificación de los informes técnicos preceptivos o en su caso no ajustados a lo que establece
la ley”, denuncian en el PP local. La alcaldesa sale al paso de estas
acusaciones asegurando que no hay ninguna irregularidad, “algo que podré
demostrar”. Según ha contado, ha habido una serie de circunstancias –motivadas fundamentalmente
por la falta de personal en el departamente que tenía que haber aportado la
documentación- que han hecho que a Intervención no haya llegado la información
completa que justifica estas incidencias reflejadas en el informe. Salvador ha
quitado hierro al asunto porque está segura de que todo está correcto y no
entiene que el PP “haya aprovechado” este informe para hacer campaña en su
contra “pese a ser conocedores de lo ocurrido”.
Otro asunto que ha motivado las críticas de los populares ha sido el
hecho de que, a su entender, “el resultado inmediato tras la publicación
de dicho informe por parte del actual equipo de gobierno (PSPV-PSOE)
ha sido la revocación inmediata de la comisión de servicios de la interventora
en un acto de evidente falta de responsabilidad política, haciendo recaer sobre
la interventora la nefasta y negligente
gestión del personal por el equipo de gobierno, que sigue sin asumir ninguna
responsabilidad”. Al respecto, Salvador aseguró que no hay relación entre este
informe y la revocación. Manifestó que la actual interventora está en comisión
de servicios desde hace 6 años y se le acabó el pasado 4 de diciembre. La
decisión de no renovar esta comisión “es básicamente por un tema de cumplir la
ley”, indicó la alcaldesa, que aludió a una sentencia reciente contra la
Diputació de València, a raíz de un demana del sindicato UGT, por el
impedimento legal de mantener una comisión de servicio durante más de dos años.
“La ley lo marca, no se puede prolongar la comisión durante más tiempo y ahora
hay que publicar la plaza para que cualquier persona que lo desee pueda
concurrir”, dijo Salvador.
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