El síndic major de Comptes, Vicent Cucarella. EFE/Manuel Bruque/ArchivoEl síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, ha insistido este lunes en la necesidad de documentar de forma correcta los contratos de emergencia que realiza el Gobierno valenciano tras la DANA para evitar un "descontrol" similar al que se produjo durante la pandemia.
"La Sindicatura estará pendiente y realizará informes específicos tanto de ayudas como de contratación vinculadas a la DANA, que tendrá un peso importante en el presupuesto de los próximos años", ha detallado ante los medios tras entregar en Les Corts el informe de la Cuenta General de la Generalitat de 2023.
"El hecho de que se contrate de emergencia no excluye que se haya de realizar un expediente y que se haya de documentar bien a posterior por qué se ha elegido a una determinada empresa. A diferencia de lo sucedido en pandemia, ahora se conoce a los contratistas", ha agregado.
En declaraciones a los periodistas ha lamentado que "nadie haga caso" a los informes del organismo que preside y que "lleva ocho años advirtiendo de que la sociedad se ha de preparar" para episodios como el vivido recientemente con las riadas. "La cosa no es recuperar lo que había, sino tener en cuenta de qué forma se mejora para que no afecte tanto otro posible episodio", ha aseverado.
Estimación
El informe señala que no existía en el momento de publicarlo una estimación fiable del coste global que va a representar la recuperación y reposición de todos los activos públicos y privados destruidos por la DANA del 29 de octubre, pero "es seguro" que el coste para la Generalitat "será cuantiosísimo", en forma de ayudas y de inversiones.
"Un coste que va a tener una repercusión muy significativa en las cuentas futuras de la Generalitat, tensionando, sin duda, sus presupuestos, lo que podría suponer una elevada cifra de endeudamiento si no recibe una adecuada financiación extraordinaria por parte de la Administración General del Estado", alerta la institución.
La Generalitat debe decidir qué medidas adopta para mejorar la gestión futura de crisis y de su gobernanza, así como planificar las obras públicas necesarias para minimizar los desastres, expone la Sindicatura, que colaborará en esta tarea realizando auditorías operativas sobre asuntos relacionados que sean de su competencia.
Asimismo, fiscalizará en 2025 que las ayudas se concedan con celeridad a las personas, empresas y administraciones que lo necesiten, cumpliendo los principios de eficacia y legalidad, así como en lo relativo a la contratación de las inversiones necesarias para reponer las infraestructuras destruidas y anticipar desastres similares.
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