Acceso a la Ciudad de la Justicia de Valencia. EFE El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana reclama en su Memoria de 2019 más medios para la Justicia en la Comunidad Valenciana, medios materiales y también humanos, como la necesidad "urgente" de nuevos magistrados para atender el creciente número de apelaciones en lo Penal o a los asuntos pendientes en la Sala de lo Social.
Así, la Memoria señala el aumento registrado en los últimos años en la entrada de apelaciones penales: si en el año 2017 la entrada de apelaciones fue de alrededor de 70 asuntos, en el año 2018 se incrementó a unos 160 y en el año 2019 a alrededor de 240, por lo que en el año 2.020 sin ninguna duda se superarán los 350 asuntos, señala.
Mientras, siguen sin cubrirse los vacíos creados por la presidenta del TSJCV, PIlar de la Oliva, y de la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Carmen LLombart, en esa Sala de Apelaciones.
Por ello el TSJCV expresa "la necesidad de que se pongan en marcha urgentemente las medidas oportunas para dotar efectivamente a la Sección de Apelación Penal de un Presidente de Sección y otro Magistrado, como se prevé en el Real Decreto 256/2019, de 12 de abril, que crea la referida Sección".
La carencia afecta también a las plazas de funcionarios en la Sala de lo Civil y lo Penal, cuya dotación la Memoria califica de "escasísima".
Algo parecido sucede en la Sala de lo Social: "si se observa la serie histórica reciente, existe una bolsa de pendencia que oscila entre los 2.500 y los 3.000 recursos, que con los medios actuales no ha sido posible revertir. Conviene poner de relieve, una vez más, que el número de miembros que integra la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia permanece invariable desde el año 2000, pese a la creciente complejidad de las materias sometidas a conocimiento de esta Sala de lo Social".
En cuanto a infraestructuras, la Memoria señala que "la mayoría de sedes judiciales de la Comunidad Valenciana presenta una insuficiente dotación por lo que respecta a medios y recursos materiales. Aunque se han producido avances significativos en cuanto a la sustitución de mobiliario, persisten problemas estructurales".
"Un año más, hemos de significar la deficiente situación de diversos edificios y la necesidad de abordar la construcción de nuevos Palacios de Justicia. La dispersión de sedes judiciales no es operativa. Además de generar mucho gasto, es incompatible con una Justicia moderna al servicio de los ciudadanos", añade.
Así, lamenta la dispersión de sedes y las malas condiciones de algunas de ellas en casos como Alzira, Onteniente o Liria (València) o Elda (Alicante), así como la falta de espacio en las ciudades de la Justicia de Alicante o Castellón.
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