"Estamos hablando de vidas": familias alzan la voz ante la falta de recursos para tratar los TCA

La escasez de plazas públicas, los altos costes de los tratamientos y el aumento de casos reavivan la presión para reforzar la atención a la salud mental en la Comunitat Valenciana

SARA DE LA FUENTE - 24/04/2026

Mayte junto a una de sus pasiones, los caballos. / EPDA

La lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) vuelve a situarse en el centro del debate social en la Comunitat Valenciana y en el conjunto del país. Varias familias han iniciado una recogida de firmas para exigir más recursos públicos y una atención digna que permita tratar a los pacientes sin depender de centros privados o desplazamientos fuera del territorio.

La iniciativa fue impulsada por la familia de Isabel, la joven de Requena cuyo caso acabó en suicidio, y que volvió a poner el foco en la necesidad de reforzar los servicios de salud mental. A esta campaña se ha sumado ahora Rocío, una madre de la comarca Utiel-Requena, que junto a su familia ha decidido dar un paso más mientras su hija afronta un proceso de anorexia.

El objetivo de Rafa, padre de Isabel, y de Rocío es llevar esta reivindicación al Congreso de los Diputados y visibilizar una realidad que, según denuncian, “muchas familias están viviendo en silencio”.

En la actualidad, tal y como señalan diferentes plataformas y fuentes del sector, la Comunitat Valenciana cuenta con recursos muy limitados para el tratamiento de estos trastornos, con apenas 11 camas hospitalarias específicas en unidades públicas como la del Hospital La Fe de València. Una cifra que, según los afectados, resulta claramente insuficiente para atender la demanda existente, especialmente teniendo en cuenta que los ingresos suelen prolongarse durante meses.

En este sentido, las familias apuntan que, aunque existe una unidad especializada de referencia, el acceso es muy limitado y no cubre todas las necesidades asistenciales, especialmente en lo relativo al seguimiento psicológico y psiquiátrico fuera de los ingresos hospitalarios.

HAY FAMILIAS QUE NO PUEDEN ASUMIR EL COSTE DEL TRATAMIENTO

Ante la falta de plazas, muchos pacientes son derivados a centros especializados fuera de la Comunitat Valenciana, como el de Canet del Mar (Barcelona), lo que implica un importante coste económico para las familias.

Según denuncia Rocío, en muchos casos los tratamientos se interrumpen antes de tiempo por motivos económicos: “Hay padres que no pueden costearlo y tienen que sacar a sus hijos sin haber terminado el proceso”.

CASOS QUE EVIDENCIAN LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA

Las familias advierten de que las consecuencias pueden ser dramáticas si no se garantiza una atención continuada. Como ejemplo, recuerdan el caso reciente de una joven de Navarra que, tras abandonar el tratamiento, se suicidó apenas dos meses después.

A esta situación se suma el impacto cercano del caso de Isabel, que ha sido el detonante de esta movilización y cuyo entorno familiar continúa implicado activamente en la reivindicación, junto a otras familias afectadas.

Además, alertan de que los TCA afectan cada vez a edades más tempranas, con ingresos de menores de incluso 10 años en centros especializados.

UN PROBLEMA CRECIENTE EN EL SISTEMA SANITARIO

Los datos reflejan un aumento de la presión asistencial en este ámbito. Se han registrado decenas de miles de consultas relacionadas con trastornos alimentarios en los últimos años, como en 2022, que se registraron más de 46.000 consultas por TCA en la Comunitat Valenciana lo que evidencia la dimensión del problema.

Sin embargo, las familias denuncian que el incremento de casos no ha ido acompañado de una ampliación suficiente de los recursos públicos, lo que genera listas de espera, derivaciones y desigualdad en el acceso al tratamiento.

REIVINDICACIÓN POR UNA SALUD MENTAL PÚBLICA DIGNA

La recogida de firmas busca ahora dar el salto al ámbito estatal con el objetivo de impulsar cambios estructurales en la atención a la salud mental. Entre las principales demandas, reclaman más unidades especializadas, aumento de plazas públicas y una red que garantice tratamientos completos dentro del sistema sanitario público, sin depender de la capacidad económica de las familias.

“Estamos hablando de vidas”, resume Rocío, que insiste en que la salud mental debe situarse como una prioridad dentro del sistema sanitario público.