Indignación entre un grupo de abogados que el ex secretario de Canet puso como miembros de la Academia Valenciana de Juristas, creada para esquilmar administraciones públicas

Abogados puestos por Sancho en la Academia. EPDA

Sancho junto a su mujer, en un acto político reciente en Valencia.

El ex secretario del Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, varias veces condenado por la administración de justicia por casos graves de corrupción en la administración local, ha despertado la indignación de varios profesionales del derecho al conocer que figuran incluidos como miembros de la Academia Valenciana de Juridstas, una entidad creada por Sancho para esquilmar las arcas municipales de varios consistorios y entidades públicas de la Comunitat Valenciana.

Casi doce años después de que la Fiscalía Provincial de Valencia destapara la trama de las asesorías, un entramado empresarial creado por el que fuera secretario del Ayuntamiento de Canet para esquilmar las arcas públicas de varios consistorios con contratos amañados de asesoramiento jurídico para enriquecerse, llega otra vertiente del caso que no deja de asombrar a la opinión pública valenciana.

El nuevo asunto tiene su origen en el año 2000, cuando José Antonio Sancho Sempere, además de abogado en ejercicio, era funcionario de la Administración Local con habilitación nacional, y tiempo después accedió al puesto de Interventor y Secretario General del Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer.

Simultánea y paralelamente al desempeño de su cargo funcionarial, el querellado, el 27 de noviembre de 2000, decidió fundar una organización empresarial privada denominada Academia Valenciana de Juristas (AVJ). El ámbito profesional de la AVJ quedó delimitado a las personas que se dedicasen profesionalmente al derecho, y su objeto estuvo dirigido a la promoción y defensa de cuantas actuaciones afectasen de cualquier forma a sus asociados, a la profesión de jurista o al derecho.

La Academia se constituyó como una asociación sin ánimo de lucro, como destapó El Periódico de Aquí. En este sentido el artículo 8 de los estatutos de la AVJ señala que: “La Academia Valenciana de Juristas no persigue fines especulativos ni lucrativos. No obstante podrá administrar su patrimonio con la diligencia de un buen paterfamilias, y prestar servicios a cambio de contraprestaciones que servirán y destinarán al mejor cumplimiento de sus fines."

Sin embargo, la AVJ desde su propio inicio empresarial hasta el año 2015, fue usada delictivamente por el querellado para canalizar su actividad profesional de carácter privado, manteniendo relaciones profesionales con distintas administraciones públicas, entre las que se encontraba el propio Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer.

El ex secretario, para ocultar su condición de administrador real y dueño de la AVJ, puso al frente de la misma a tres abogados que, desconocedores de los términos en los que se formalizaban las contrataciones pactadas entre la AVJ con sus clientes, se encargaron, siguiendo siempre las instrucciones del querellado de tramitar los pleitos y litigios que le eran encomendados a la AVJ.

Estos tres abogados, así como otras personas ajenas al procedimiento, fueron incluso incluidas por el propio Sancho Sempere como miembros de la Junta de Gobierno de la AVJ, pero lo cierto era que quien la controlaba, dirigía y gestionaba era Sancho.

Estos tres letrados, como queda dicho, nada sabían sobre los manejos turbios y delictivos que Sancho realizaba y así se demuestra cuando fueron a declarar como investigados en diversas causas judiciales instadas por la Fiscalía contra el ex secretario que fueron conocidas como la “trama de las asesorías”. Los tres abogados declararon judicialmente que sus nombres y cargos fueron usados por Sancho Sempere para justificar las operaciones fraudulentas. Estos profesionales confirmaron que actuaban bajo su dirección siguiendo sus órdenes y denunciaron prácticas irregulares por parte de Sancho como la firma de cheques en blanco, el uso no autorizado de sus nombres en documentos legales y el uso indebido del cuño de la AVJ.

Estos hechos quedaron refrendados por los citados letrados, quedaron corroborados en la sentencia de conformidad condenatoria del Juzgado de lo Penal 18 de Valencia de fecha 21 de julio de 2022 con relación a los delitos cometidos Sancho Sempere en el Ayuntamiento de Canet durante años, como también adelantó este rotativo y se recoge en el libro 'El zorro en el gallinero', publicado por NPQ Editores, narrando toda la trama de corrupción y los cómplices de Sancho, desde funcionarios a políticos y empresarios.

El Periódico de Aquí, como consecuencia de la investigación que ha estado realizando desde el inicio de este caso de corrupción en la administración local, tuvo acceso a dicha sentencia y la reprodujo en su integridad y fue publicada el día 11 de septiembre de 2024.

La resolución judicial dice textualmente:

“Para ocultar su condición de director de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS (AVJ) puso al frente de la misma a tres profesionales del derecho desconocedores de los términos en los que se formalizaban las contrataciones pactadas entre la AVJ con sus clientes se encargaron siguiendo las indicaciones del acusado de tramitar los pleitos que les eran encomendados a la AVJ. Estos tres profesionales así como otras personas ajenas fueron incluidas por el acusado como miembros de la junta de gobierno de la AVJ, pero lo cierto era que quien la dirigía y gestionaba era el acusado”.

Tras hacerse pública esta sentencia a través de El Periódico de Aquí se descubrió que Sancho Sempere había incluido a decenas de abogados, procuradores de los tribunales y licenciados del derecho en una lista de miembros y/o asociados de honor de la AVJ y que sus nombres aparecían públicamente referidos en la inscripción oficial de la AVJ en el registro de asociaciones de la Generalitat Valenciana.

La indignación ha sido total porque, consultados varios de dichos profesionales han comunicado que nada sabían sobre su inclusión como miembros de la AVJ y que ha sido al saltar el escándalo de corrupción protagonizado por Sancho Sempere en el mes de septiembre de 2024, cuando han conocido que sus nombres están incluidos en dicha lista.

La relación de afectados es la que aparece en la imagen publicada en este artículo. Algunos de los profesionales referidos, consultados por este medio, han mostrado además su perplejidad, máxime cuando sus nombres aparecen en la misma lista en la que figuran varios investigados por la Fiscalía de Valencia y los Juzgados de Instrucción por casos graves de corrupción en la administración pública valenciana. Es el caso de JOSE MARIA CORBIN NAVARRETE e ISMAEL ASENSIO APARICIO.

José María Corbín Navarrete, abogado valenciano y cuñado de la fallecida ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se encuentra en el centro del conocido "Caso Azud", una investigación que ha sacudido los cimientos políticos y empresariales de la ciudad. El caso, que investiga una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Valencia, ha revelado detalles sobre supuestas comisiones ilegales y facturaciones ficticias que involucran a destacados empresarios, abogados y políticos locales.

Según la Fiscalía Anticorrupción, José María Corbín y uno de sus socios, habrían recibido hasta cuatro millones de euros en comisiones ilegales de contratistas del consistorio valenciano. Estas presuntas mordidas se habrían canalizado a través de su despacho de abogados mediante facturas por servicios jurídicos que, en realidad, ocultaban gestiones ilícitas para facilitar adjudicaciones de contratos públicos.

La investigación también ha puesto de manifiesto que Corbín habría utilizado parte de estos fondos para financiar reformas en propiedades familiares. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala que el abogado pagó 172.000 euros en efectivo para reformar un chalé en Xàbia, conocido en la zona como "la casa de Rita Barberá". Estos pagos en efectivo no coincidían con retiradas de dinero en sus cuentas bancarias, lo que sugiere la existencia de ingresos no declarados.

Además de Corbín la investigación ha salpicado a otras figuras destacadas. Entre los procesados se encuentran empresarios, abogados y políticos, incluyendo a Alfonso Grau, ex icealcalde de Valencia, y Rafael Rubio, ex concejal del PSPV-PSOE y subdelegado del Gobierno en Valencia. Se les acusa de haber recibido importantes sumas de dinero a cambio de favorecer determinadas operaciones urbanísticas y contratos públicos.

El "Caso Azud" continúa en fase de instrucción, y las autoridades judiciales siguen desentrañando la compleja red de relaciones y transacciones que, presuntamente, permitió la obtención de beneficios ilícitos a costa de las arcas públicas.

EL ESCÁNDALO DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Ismael Asensio Aparicio, por su parte, es licenciado en derecho y durante años ha sito secretario del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber. Este funcionario lleva tiempo ligado a Sancho Sempere y a su familia. El Periódico de Aquí ha tenido acceso a una información, según la cual, una de las hijas de Sancho llamada Amparo Sancho González recaló una temporada en esta localidad del Camp de Túria, otra de las localidades en las que Sancho Sempere estuvo ligado por casos de corrupción.

No en balde, tanto el alcalde de San Antonio Eugenio Cañizares como el secretario municipal Ismael Asensio Aparicio se sentaron en el banquillo de los acusados con Sancho Sempere en una de las piezas judiciales de la trama de las asesorías.

Pero la vinculación entre Sancho Sempere y Asensio Aparicio aparece también en la trama de las oposiciones trucadas ya que se ha sabido la existencia de una estrecha relación entre los miembros de los tribunales de oposición con los aspirantes a las plazas. En el caso de Amparo Elena Sancho González, se presentó a las oposiciones por el turno de promoción interna y naturalmente acabó sacando la plaza pero con trampas porque:

· Quien firmó la resolución de alcaldía adjudicando la plaza fue Natividad García Castellar, condenada junto con Sancho Sempere por el Tribunal Supremo por el delito de cohecho por el cual tanto la alcaldesa como el ex secretario Sancho estuvieron en prisión.

· Quien figuraba como miembro del tribunal de oposición era precisamente Ismael Asensio Aparicio, que también compartió banquillo con Sancho en una de las piezas judiciales de la trama de las asesorías conocida como la de San Antonio de Benagéber.

· Y para cerrar el escándalo también figuró como miembro del tribunal Rafael Parra Mateu, también condenado junto con Sancho Sempere en la pieza judicial del Consorcio de Museos de la comunidad Valenciana.

La comunidad jurídica de Valencia ha expresado su consternación ante estos hechos. Muchos profesionales se sienten traicionados por la manipulación de Sancho Sempere, quien utilizó sus nombres y prestigio personal para dar credibilidad a una entidad corrupta. Algunos de los afectados han manifestado ya su intención de emprender acciones legales para limpiar su nombre y obtener la reparación por los daños profesionales y morales que todo este asunto les está irrogando.

Sancho Sempere como consecuencia de las graves irregularidades observadas durante su larga carrera delictiva como funcionario municipal, fue encausado judicialmente y posteriormente condenado a pena de prisión, como este medio periodístico ha informado anteriormente.

1.- Fue condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, que también condenó a la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García Castellar.

Ambos fueron condenados por el delito de cohecho.

Esta sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia fue recurrida por vía de recurso de Casación ante el Tribunal Supremo que resolvió de forma definitiva la cuestión en la Sentencia de fecha 18 de noviembre de 2016, desestimando el recurso de casación interpuesto por Sancho Sempere y ratificando la sentencia de la Audiencia que dijo:

“Debemos condenar y condenamos a José Antonio Sancho Sempere y Natividad García Castellar, como responsables criminalmente en concepto de autores de sendos delitos de cohecho, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena para José Antonio Sancho Sempere, y a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial de empleo y cargo público y derecho de sufragio pasivo durante 4 años para Natividad García Castellar; imponiendo a ambos el pago de costas procesales proporcionalmente devengadas”.

2. Fue condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la pieza judicial del CONSORCIO DE MUSEOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA que vuelve a condenar a José Antonio Sancho Sempere por el delito de prevaricación en los siguientes términos:

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

Condenar a JOSE ANTONIO SANCHO SEMPERE y a RAFAEL PARRA MATEU por un delito continuado de prevaricación de los arts. 404 y 74 CP a las penas de cuatro años y seis meses y nueve años respectivamente de inhabilitación especial para el ejercicio de todo cargo o función pública que comporten manejo de fondos públicos o decisiones o intervención en contratación.

EL PERIODICO DE AQUÍ ha tenido acceso a una información, según la cual, la lista de perjudicados por los delictivos actos perpetrados por Sancho Sempere sigue creciendo y que otros profesionales derecho han instado acciones judiciales contra el ex secretario.

El caso Sancho Sempere pues no ha terminado sino que, lejos de concluir, se reinicia ante la magnitud de los nuevos hechos conocidos, el número de personas afectadas y los enormes perjuicios irrogados.

José Antonio Sancho Sempere, ex secretario del Ayuntamiento de Canet y capo de las llamadas “trama de las asesorías”, “trama de las oposiciones trucadas” y “trama de las recaudaciones”, se enriqueció durante años a costa de ayuntamientos y entidades públicas de la comunidad valenciana y consiguió ser titular de 57 cuentas bancarias, 4 inmuebles urbanos, (uno de ellos en Canet) 82 fincas rústicas, un yate privado (Millena) y vehículos de alta gama que fueron a parar a su patrimonio personal y al de su familia.

Las implicaciones políticas y judiciales

Este caso que lejos de terminar renace continuamente con nuevos hechos, no solo tiene implicaciones a nivel local, sino que también ha afectado la imagen de la administración pública en la Comunidad Valenciana, una región que ha sido históricamente golpeada por graves casos de corrupción. La posible implicación de otros cargos públicos o entidades en la trama de contratos ilegales constituye un escándalo solo comparable con lo sucedido hace unos años en Marbella.

Un llamamiento a la transparencia y la ética pública

El caso de José Antonio Sancho Sempere es un recordatorio más de la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública. La corrupción no solo erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, sino que también desvía recursos que deberían destinarse a mejorar la calidad de vida de la población.

En un momento en el que la sociedad exige mayor responsabilidad y ética por parte de sus representantes, es fundamental que casos como este no queden impunes. La justicia debe actuar nuevamente con firmeza para enviar un mensaje claro: la corrupción no tiene cabida en una democracia.

Mientras tanto, los vecinos de Canet esperan respuestas y soluciones. El escándalo ha dejado una mancha en la reputación de la localidad, pero también ha abierto una oportunidad para reconstruir la confianza y garantizar que hechos como estos no se repitan en el futuro.