Iniciativa Porteña: "La limpieza costará 5 millones más que en 2022 y las calles siguen igual de sucias"

El servicio de limpieza urbana de Sagunt continúa generando polémica. Pese al incremento constante del presupuesto destinado a la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), "las calles del municipio siguen presentando un aspecto sucio", según ha denunciado Iniciativa Porteña. Los nuevos presupuestos aprobados por el gobierno local de PSOE y Esquerra Unida contemplan para 2026 un gasto de 19,8 millones de euros, frente a los 14,5 millones que se destinaron en 2022.

El incremento de más de cinco millones de euros en cuatro años sitúa el coste del servicio en cifras récord. De hecho, la SAG absorberá el 20% de los ingresos municipales, una cantidad que desde Iniciativa Porteña (IP) califican de “alarmante”. Según el grupo, “este aumento no se traduce en una mejora visible de la limpieza, más bien al contrario”.

El portavoz de Iniciativa Porteña ha recordado que en 2022 se produjo un cambio en la dirección de la empresa municipal, con la salida del anterior gerente y la entrada de un nuevo responsable apoyado por PSOE, Ciudadanos y Compromís. “Ya entonces nos opusimos a ese cambio porque entendíamos que no era la solución, y los tres años que han pasado lo han demostrado. La percepción ciudadana del servicio no ha mejorado, sino que ha empeorado”, han señalado desde la formación.

A pesar de los sucesivos incrementos presupuestarios entre 2023 y 2025, "las quejas vecinales sobre la limpieza siguen aumentando". Iniciativa Porteña considera que el nuevo aumento previsto para 2026, de dos millones más respecto al ejercicio anterior, no resolverá el problema: “No basta con dotar de más recursos económicos a la empresa; lo que falta es una gestión eficaz”, sostienen.

El gobierno municipal, por su parte, defiende que el refuerzo presupuestario permitirá mejorar la prestación del servicio y cubrir el incremento de costes derivados del mantenimiento, la plantilla y la renovación de maquinaria. Sin embargo, la oposición insiste en que la falta de resultados tangibles pone en entredicho la gestión de la SAG y exige una auditoría exhaustiva del servicio para determinar en qué se están invirtiendo los recursos públicos.