El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, comparece en Les Corts. EFE/Manuel Bruque/Archivo
El director de la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, ha asegurado este martes en comisión parlamentaria que no se ha logrado acreditar la existencia de caso alguno de acoso sexual en el seno de esta entidad.
Llinares ha admitido que se han obtenido pruebas de que dos empleadas han sacado información confidencial del plan de igualdad interno -concretamente relativa a encuestas confidenciales en las que se preguntaba sobre casos de acoso-, motivo por el cual se han abierto contra ellas expedientes disciplinarios, uno de los cuales ha derivado en suspensión de empleo y sueldo por seis meses.
Llinares, que ha comparecido a petición del PP (aunque se había puesto a disposición de Les Corts), se ha remontado a principios de 2023 para explicar lo sucedido, cuando la agencia empezó a desarrollar su primer plan de igualdad con la contratación de una empresa especializada, que propuso un modelo de encuesta anónima y confidencial dirigida a todo el personal a la que respondieron 43 de los 46 empleados de la plantilla.
Con las respuestas se elaboró un borrador de informe que se entregó el 9 de junio, donde se hacía constar que dos empleadas manifestaban que habían tenían constancia de dos casos de acoso sexual y también que habían sido receptoras de mensajes de contenido sexual no deseado.
El 12 de junio Llinares ordenó la activación del protocolo antiacoso vigente y consultó a la empresa asesora externa, que "no consideró frecuente ni grave" la situación descrita a través de las encuestas, e igualmente otra entidad externa responsable en materia de prevención y salud laboral "coincidió con esta tesis" y consideró "no viable" ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.
El director de la agencia, por el contrario, consideró de "extrema gravedad" este asunto y convocó, el 13 de junio, al comité de dirección para abordar este asunto. "Se acordó remitir un correo a todo el personal, recordar el protocolo antiacoso, la existencia de un canal interno de denuncia y la posibilidad de denunciar casos de forma anónima".
"El 5 de julio, ante la ausencia de denuncias, se volvió a recordar a toda la plantilla los canales de denuncia. El 8 de septiembre reuní a toda los responsables de área para pedir de nuevo su colaboración, para preguntar si habían tenido conocimiento o habían recibido alguna denuncia", todo ello sin éxito.
Posteriormente, a finales de septiembre, se convocó a la unidad de resolución de conflictos internos de la agencia, que acordó citaciones y comparecencias personales de los responsables de cada área.
"Voluntariamente comparecieron algunos", ha detallado Llinares, quien ha explicado que días después, en octubre, "se recibió un escrito anónimo, en el que, en síntesis, una persona decía que respondió de la forma que lo hizo a la encuesta porque decía haber escuchado chistes o comentarios desagradables de forma continuada, pero que no tenía conocimiento de ningún caso de acoso sexual denunciable".
En definitiva, según Llinares, "no hay testimonios concretos ni hechos que pongan de manifiesto la existencia de acoso". "Tal vez el objetivo era destruir la agencia", ha asegurado.
A la conclusión de este proceso, la agencia constató que hubo dos funcionarias que "sacaron información confidencial del plan de igualdad", una de ellas "delegada sindical, que se queja porque exige que se la cambie de puesto a un lugar más confortable".
Llinares ha explicado que "se obtuvieron pruebas, sin acceder a los correos de los trabajadores, de que se sacó contenido interno del sistema de la agencia" y que "se sigue investigando para delimitar a dónde ha llegado la fuga, si hay más involucrados y qué contenido".
"Ustedes valorarán por qué pasa esto, desde mi punto de vista está relacionado con el trabajo que realiza la agencia", ha concluido Llinares su primera intervención.
Polémica durante el debate parlamentario
El diputado del PP Fernando Pastor ha asegurado que le pone "los pelos de punta" que se diga que "hay intereses en destruir la agencia" y ha pedido una aclaración.
Isaura Navarro, de Compromís, ha insistido en que "lo mejor es averiguar por qué hemos llegado a esta situación y averiguar qué ambiente de trabajo hay en la Agencia Antifraude".
Desde el PSPV-PSOE, José Muñoz ha cuestionado si realmente fue adecuado "entrar en los correos electrónicos de los empleados", ha detallado que una de las sanciones -empleo y sueldo- fue "tumbada por el TSJCV" y ha concluido que "al final, de un inicio con dos denuncias anónimas de acoso lo que acaba pasando es dos empleadas son sancionadas. Algo está fallando".
La diputada de Vox Teresa Ramírez ha calificado de "innecesario" el gasto que representa la Agencia Antifraude por "duplicar" la labor de la Fiscalía y ha recordado que "no está obligada a hacer un plan de igualdad por tener menos de 50 empleados. ¿Qué ambiente se respira ahí?".
En el turno de respuesta, Llinares ha lamentado: "He llegado a leer la infamia de que se expedientaba a dos personas que habían denunciado acoso", ha recomendado a los diputados que recuerden quiénes consideraron "innecesaria" la agencia y ha insistido: "De cada euro que costamos, recuperamos tres".
"Los fiscales nos dicen que ojalá hubiésemos existido antes, porque nuestras periciales llevan a buen puerto los casos. No hay ninguna duplicidad, incluso formamos a los fiscales", ha subrayado.
En la intervención posterior de Pastor (PP) se ha revelado -porque Llinares lo ha confirmado asintiendo- que el letrado que defiende a las dos empleadas y "supuestas filtradoras de información" -según este diputado- de la agencia es el exsíndic del PSPV-PSOE Manolo Mata.
"Si todo lo que he oído hoy es cierto, el PSPV es una banda de baja estofa", ha asegurado; una afirmación que tanto el portavoz socialista, José Muñoz, como el presidente de la comisión, el también socialista Toni Gaspar, han pedido que retirase, algo a lo que se ha opuesto Pastor, que se ha ratificado diciendo que quizá "se había quedado corto".
Finalmente, Gaspar ha tomado la decisión de ordenar que se retirase esa afirmación del diario de sesiones por atentar contra el honor de un grupo parlamentario.
En el último turno de palabra, el portavoz socialista ha cargado también contra el director de la Agencia Antifraude por considerar "muy graves" sus acusaciones contra las trabajadoras sancionadas y contra su letrado. "A una de ellas le ha levantado el castigo el TSJCV", ha insistido.
"Creo que se equivoca de plano, la Agencia Antifraude no es de una persona, genera dudas injustas para los sindicatos, el abogado, los partidos políticos... Estamos preocupados con lo que ocurre en la agencia, un instrumento valioso que puede caer en cierta personalización y que puede desviarse de los objetivos para los que fue creado", ha concluido.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia