La ciudad de Torrent. EPDALa alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha exigido públicamente al Gobierno de España la suspensión inmediata de las reglas fiscales para los municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre, una medida que considera “urgente, imprescindible y de justicia” con el fin de poder afrontar con eficacia los ingentes gastos derivados de la reconstrucción de infraestructuras públicas, servicios esenciales y la atención directa a los damnificados y para poder ejecutar con eficacia los proyectos de reconstrucción tras una de las peores catástrofes sufridas por la Comunitat Valenciana en los últimos años.
Esta firme reclamación se produce ante la asfixia legal y financiera a la que están sometidas las administraciones locales pese a su esfuerzo constante por devolver la normalidad a sus municipios. “Estamos ante una situación excepcional que requiere respuestas excepcionales. No se puede castigar fiscalmente a los ayuntamientos por emplear todos sus recursos en reconstruir la vida de sus vecinos. Las reglas fiscales no pueden ser una losa que impida reparar puentes, caminos, viviendas y servicios básicos”, ha señalado Folgado con rotundidad.
Ha exigido al Gobierno que autorice de manera urgente una flexibilización del marco presupuestario y de estabilidad, tal y como ha sucedido en otras ocasiones ante catástrofes de gran impacto. “Los ayuntamientos no podemos estar atados de pies y manos mientras nuestros vecinos esperan soluciones, viviendas, calles seguras y servicios en funcionamiento. Nos exigen actuar, pero no nos permiten utilizar todos los recursos disponibles para hacerlo”, ha señalado la alcaldesa.
La ciudad ha respondido con prontitud, movilizando todos los medios municipales y solicitando ayudas a todas las administraciones, pero la magnitud de la emergencia exige una mayor autonomía financiera para poder seguir actuando sin poner en peligro el equilibrio económico del consistorio.
En este sentido, Folgado ha reivindicado que “la suspensión de las reglas fiscales no puede ser un tabú cuando se trata de proteger vidas y reconstruir pueblos. Ya se suspendieron tras la pandemia del Covid-19. Hoy, la catástrofe que ha arrasado viviendas, negocios, instalaciones municipales y redes públicas justifica plenamente esta medida de excepción".
Asimismo, la alcaldesa ha advertido de que no se puede exigir a los municipios que financien con recursos propios actuaciones urgentes sin facilitarles las herramientas necesarias para ello. “Hay ayuntamientos como el de Torrent que han demostrado una gestión rigurosa, sin déficit estructural, con estabilidad y responsabilidad. Lo mínimo que se nos debe permitir es utilizar nuestro superávit y remanentes sin las limitaciones de la regla de gasto. Esta no puede imponerse en contextos extraordinarios que requieren soluciones excepcionales".
Folgado ha subrayado que la recuperación será larga y costosa, y que no puede recaer exclusivamente sobre los hombros de los ayuntamientos. “Las entidades locales somos la primera línea de atención a la ciudadanía. No pedimos privilegios, pedimos justicia fiscal ante una catástrofe. Pedimos que nos dejen actuar con responsabilidad y con los recursos que ya tenemos, sin que el corsé normativo de la regla de gasto limite la respuesta que nuestros vecinos merecen".
La burocracia, un enemigo de la reconstrucción
La alcaldesa ha alertado sobre la lentitud de la respuesta del Gobierno central y el exceso de trabas fiscales y administrativas, que impiden avanzar al ritmo que los ciudadanos necesitan. “La burocracia va en contra de la reconstrucción. Necesitamos una hoja de ruta para liberar a los municipios del corsé fiscal en contextos de emergencia. Ni burocracia ni reglas fiscales pueden frenar la recuperación de nuestros vecinos”, ha advertido.
También denuncia que muchas actuaciones básicas deben fraccionarse o posponerse porque la normativa impide abordarlas con la agilidad que exige una emergencia de esta magnitud, porque no todas las intervenciones se califican de esta manera.
En el caso de Torrent, proyectos vitales como la estabilización de taludes o la apertura de nuevas vías de evacuación en la Serra Perenxisa están bloqueados por la imposibilidad de adquirir suelo privado afectado por la riada, al no estar contemplado legalmente.
Peticiones concretas al presidente del Gobierno
La alcaldesa de Torrent ha trasladado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una hoja de ruta clara y fundamentada para garantizar la reconstrucción efectiva de los municipios afectados:
• Suspensión inmediata de las reglas fiscales para todos los ayuntamientos damnificados por la DANA.
• Autorización expresa para que las ayudas privadas no computen negativamente en estabilidad presupuestaria.
• Supresión de la tasa de reposición de personal para reforzar las plantillas municipales con técnicos jurídicos, arquitectos, ingenieros y administrativos que agilicen los expedientes.
• Simplificación de los procedimientos de contratación pública para evitar retrasos injustificados.
• Autorización para la compra de terrenos afectados por la riada con cargo a subvenciones o remanentes.
“Estas demandas no son caprichos políticos. Son herramientas esenciales para actuar con eficacia y evitar que las consecuencias de la Dana se cronifiquen durante años. Es responsabilidad del Estado dotarnos de medios legales y financieros para proteger a nuestra gente”, subrayó la alcaldesa de Torrent.
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