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VALENCIA
La Audiencia Nacional admite a trámite un recurso de la Comissió Ciutat-Port contra el Ministerio para la Transición Ecológica por eludir sus responsabilidades respecto de la macroampliación del puerto de Valencia
Portavoces de la Comissió han avanzado que, abierto ya el proceso judicial, estudiarán la posibilidad de solicitar de la Audiencia Nacional que suspenda la eficacia de la resolución ministerial recurrida hasta tanto recaiga sentencia definitiva
REDACCIÓN - 16/12/2021
Audiencia Nacional. /EPDALa macroampliación norte del Puerto de Valencia llega a los tribunales al admitir a trámite la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional el recurso contencioso administrativo contra la Resolución, de 30 de marzo pasado, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (BOE de 12/04/21) que posibilitaba que la Autoridad Portuaria pueda decidir por sí sola acerca de si es necesaria o no una nueva evaluación ambiental para la ampliación que la misma APV promueve.
La Plataforma Ciutat-Port recurrió inicialmente en vía administrativa ante el propio Ministerio sin obtener respuesta, por lo que decidieron acudir a los tribunales frente a una Resolución que califican de “nula de pleno derecho” y "dictada en fraude de ley".
La
Comissió Ciutat-Port califica de nula de pleno derecho esta
Resolución ministerial por haberse dictado contraviniendo lo
dispuesto en la legislación básica en materia de revisión de actos
administrativos, establecida en la Ley de Procedimiento
Administrativo Común, y suponer un fraude de la legislación
ambiental.
“Pretender
operar un cambio de titularidad de competencias en materia de
evaluación ambiental con efectos retroactivos y con absoluto
desprecio de las normas que permiten a la administración volver
sobre sus propios actos, solo puede ser calificarse como una decisión
nula de pleno derecho”, afirman portavoces de la plataforma que
integra a diversos colectivos ciudadanos.
Tanto
el recurso en vía administrativa como en el proceso judicial que
ahora se inicia estos colectivos llaman la atención sobre el hecho
de que se pretenda,14 años después de su publicación, modificar la
DIA de 2007 para dar cobertura a la pretensión de la entidad pública
estatal Puertos del Estado y del propio MITECO de eludir sus
responsabilidades de dirección, coordinación y control sobre la
macroampliación del puerto de Valencia que impulsa la APV que
pretende adjudicar la explotación de las nuevas instalaciones a
favor de una empresa privada que sería la principal beneficiaria de
unas obras que comprometen el futuro del litoral sur valenciano y
amenazan la supervivencia de la misma Albufera según han denunciado
repetidamente numeroso expertos y académicos.
La
Comissió Ciutat-Port recuerda que
las obras que pretende llevar a cabo la APV, y de las que Puertos del
Estado y el MITECO pretenden desentenderse, vulneran las autorizadas
en la DIA de 2007. No solo por el volumen de materiales de relleno
que se proyecta emplear que supera en casi cuatro millones de metros
cúbicos los contemplados en la solución autorizada en 2007 (de
19,05 millones de m3 a 23,3 m3), sino también por la demolición de
un contradique y muelle de cruceros (terminados en 2012, dentro de la
que fue aquella 1ª fase), incremento del consumo de recursos
naturales y el incremento de dragados (de -18 a -18,5) y en zonas
exteriores a la dársena actual con el consiguiente efecto negativo
sobre las playas del sur ya detectados durante estos años.
Pero,
además, denuncian que la APV ya está actuando de hecho al margen de
la autorización contemplada en la DIA de 2007 al
anticipar actuaciones con repercusión directa más allá del área
de afección inicial y que no aparecían en el Estudio de Impacto
Ambiental que sirvió de base a la DIA de 2007. Citan como más
llamativa la “demolición de los muelles de cruceros” que ha dado
lugar a la convocatoria de otro concurso público para el
otorgamiento de una nueva “concesión para la construcción y
explotación de una terminal pública de pasajeros en el puerto de
Valencia” en un nuevo emplazamiento, fuera del ámbito incluido en
la DIA originaria, sin que se haya procedido a una nueva evaluación
ambiental.
Esta
actuación ha comportado además el dudoso
rescate de antiguas, y potencialmente caducadas, concesiones a una
mercantil que hacía años que nos las operaba, con el pacto de un
pago en especie consistente en un nueva concesión sobre otros
terrenos portuarios y la posibilidad de construir un edificio de
oficinas de trece alturas. Una operación que la propia APV ha tenido
que revocar por recomendación de la Abogacía del Estado y la la
denuncia de la Comissió Ciutat-Port ante la Sala de Enjuiciamiento
del Tribunal de Cuentas que mantiene abierta una investigación al
respecto.
En
conjunto, concluyen, “Puertos del Estado no puede hacer dejación
de sus responsabilidades como entidad pública a la que corresponde
la dirección superior y coordinación general de actuaciones en
materia de puertos de interés general del Estado, dejando en manos
de la misma APV que promueve la macroampliación la decisión sobre
si procede o no la evaluación ambiental de su propio proyecto.
Estamos frente a un auténtico fraude de ley”.
La
Comissió expresa su confianza en sus argumentos jurídicos que
permitirán a la Audiencia Nacional examinar la conformidad o no a
derecho de la resolución ministerial, así como en la designación
de Doña Lourdes Sanz Calvo como Magistrada ponente para el examen
del recurso, dada su trayectoria y experiencia en el examen de
asuntos medioambientales.
Conforme
a lo decretado por la Audiencia Nacional, el MITECO dispondrá ahora
de un plazo de veinte días para remitir el expediente administrativo
que dio lugar a la aprobación la Resolución de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental publicada al objeto de
ponérselo de manifiesto a la asociación Per l’Horta que suscribe
el recurso en nombre de la Comissió Ciutat-Port con el fin de que
puedan formalizar su demanda.
Portavoces
de la Comissió han avanzado que, abierto ya el proceso judicial,
estudiarán la posibilidad de solicitar de la Audiencia Nacional que
suspenda la eficacia de la resolución ministerial recurrida hasta
tanto recaiga sentencia definitiva.
Dentro
de las actividades de la Comissió Ciutat-Port de oposición social y
jurídica a la macroampliación norte proyectada por la APV, han
convocado un Consejo Ciudadano, abierto a toda la ciudadanía el
viernes 17, en la explanada del edificio del reloj a las 10 horas,
en paralelo a la convocatoria del Consejo de Administración previsto
para ese día por la APV.
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Entrevista en exclusiva
Rosario Mohedano
Fecha emisión: 23.03.2024
Por Pere Valenciano
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