La Audiencia Nacional advierte de multa al Ministerio para la Transición Ecológica por retrasar la remisión del expediente sobre la macroampliación del puerto de València

Audiencia Nacional/EPDA

La Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional requiere por segunda vez al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que remita la documentación de la Resolución que permite a la Autoridad Portuaria decidir por sí sola acerca de la necesidad o no de una nueva evaluación ambiental para la ampliación que la misma APV promueve.

El MITECO desoyó un primer requerimiento de la Audiencia Nacional para remitir el expediente tramitado para dictar la Resolución publicada en el BOE de 12 de abril de 2021, mediante la que se pretendía,14 años después de su publicación, modificar la DIA de 2007 para dar cobertura a la pretensión de la entidad pública estatal Puertos del Estado y del propio MITECO de eludir sus responsabilidades de dirección, coordinación y control sobre la macroampliación del puerto de València. Una decisión que fue impugnada en vía contencioso administrativa por la Comissió Ciutat-Port.

El segundo requerimiento dictado, a instancia de la plataforma ciudadana, por la Audiencia Nacional el diecisiete de febrero y ya notificado al MITECO, advierte al Ministerio que “ha transcurrido en exceso el plazo de remisión del expediente administrativo” y le concede un nuevo plazo de diez días para cumplir lo ordenado, con advertencia de multa en caso de nuevo incumplimiento: “apercibiéndole de que en otro caso se le impondrá la multa de 300 a 1.200 euros a la autoridad o empleado personalmente responsable”

La Comissió Ciutat-Port denuncia que la reiterada demora del MITECO en la remisión del expediente dificulta la posibilidad no solo de formalizar la demanda en el recurso contencioso administrativo ya abierto, sino también la posibilidad de pedir la paralización de las actuaciones que pretende acelerar la APV, como es la aprobación de un proyecto constructivo sin evaluación ambiental.

“Se trata de un comportamiento inadmisible por parte de una administración pública que, no solo elude sus responsabilidades en cuanto a la tutela del medio ambiente y deja en manos de la Autoridad Portuaria la condición de ser juez y parte de la macroamplicación que promueve, sino que está jugando a ganar tiempo para posibilitar que Puertos del Estado y la misma Autoridad Portuaria puedan completar el proceso de aprobación de un proyecto constructivo sin evaluación ambiental y favorecer a la empresa interesada en la concesión de la ampliación”, denuncian los portavoces de la Comissió Ciutat-Port.

“Si llegase a adjudicarse la concesión y después los tribunales anulasen esta operación entraríamos en una situación similar a la del tristemente célebre caso Cástor, con indemnizaciones millonarias a favor de una empresa privada”, añaden las mimas fuentes. 

La Plataforma Ciutat-Port reitera que la Resolución del MITECO, cuya impugnación admitió a trámite la Audiencia Nacional el pasado diciembre, es “nula de pleno derecho” y fue dictada en fraude de ley, ya que contravenía lo dispuesto en la legislación básica en materia de revisión de actos administrativos, establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y supone un fraude de la legislación ambiental.

“Pretender operar un cambio de titularidad de competencias en materia de evaluación ambiental con efectos retroactivos y con absoluto desprecio de las normas que permiten a la administración volver sobre sus propios actos, solo puede ser calificarse como una decisión nula de pleno derecho”, afirman portavoces de la plataforma que integra a diversos colectivos ciudadanos.

La Comissió Ciutat-Port recuerda que las obras que pretende llevar a cabo la APV, y de las que Puertos del Estado y el MITECO pretenden desentenderse, son muy diferentes a las autorizadas en la DIA de 2007. No solo por el volumen de materiales de relleno que se proyecta emplear y que supera en casi cuatro millones de metros cúbicos los contemplados en la solución autorizada en 2007 (de 19,05 millones de m3 a 23,3 m3); sino también por la demolición de un contradique y muelle de cruceros (terminados en 2012, dentro de la que fue aquella 1ª fase), el incremento del consumo de recursos naturales, el incremento de dragados (de -18 a -18,5) y en zonas exteriores a la dársena actual con el consiguiente efecto negativo sobre las playas del sur, ya detectados durante estos años.