La Comissió 9 d'Octubre avisa al Gobierno de su responsabilidad si hay agresiones

La entidad ha expresado su preocupación al delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, con quien se ha reunido este jueves, por la coincidencia en el tiempo y el espacio de las diferentes convocatorias de manifestaciones para el día 9, y ha avisado de que, si no separa a los "grupúsculos violentos", será responsable en caso de agresiones de la ultraderecha.

Para el 9 de octubre la Delegación del Gobierno ha autorizado siete manifestaciones, entre ellas la tradicional de ese día que organiza la Comissió 9 d'Octubre, que arrancará a las 18.30 horas en San Agustín y finalizará a las 21.00 horas en la plaza de América, o la de España 2000, de ideología opuesta, que se desarroollará de 17.00 a 22.00 horas en la plaza de la Virgen.

El pasado 9 d'Octubre, y durante la manifestación vespertina convocada por partidos nacionalistas y de la izquierda, grupos de ultraderecha agredieron a periodistas y a participantes de la marcha, en unos incidentes que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 15 y que motivaron la detención de diecinueve personas.

Tras la junta local de seguridad celebrada a mediados de septiembre en el Ayuntamiento de València, el delegado ya avanzó que se incrementarán los medios policiales para garantizar la seguridad en el 9 d'Octubre.

La Comissió 9 d'Octubre señala que la entidad está formada por entidades, sindicatos y partidos que suman "una importantísima base social", una conocida trayectoria pública y un reconocido compromiso democrático.

Lo contrario a otras convocatorias que responden a siglas "sin base social" y ninguna trayectoria ni actividad conocida y que, además, han estado relacionadas "con hechos violentos y comportamientos antidemocráticos", según asegura en un comunicado.

Añade que son dos realidades "no equiparables" y la Delegación del Gobierno "ha de decidir" hasta qué punto "quiere dar cobertura a comportamientos violentos y antidemocráticos y a siglas fantasma que juegan con el sistema garantista de protección del derecho de manifestación para intentar pervertirlo".

Según recuerda, la Comissió propuso la separación física de recorridos, de manera que las convocatorias que parten de la plaza de San Agustín sean dirigidas en direcciones opuestas: la de esta entidad y otras de signo democrático en una dirección, y las de otros que puede reunir "grupúsculos violentos" en la contraria, alejando así del centro de la ciudad el riesgo de violencia y facilitando la labor de las fuerzas de seguridad.

A su juicio, pretender solucionar el posible conflicto con un despliegue "inusualmente" numeroso de policía es, de partida, "renunciar a medidas de prevención efectivas" porque la intervención policial tiene que ser "el último recurso" y cuando se llega a ella es debido a que la situación "no se ha sabido o podido controlar".

La Comissió 9 d'Octubre concluye reiterando la responsabilidad de la Delegación "bien por desconocimiento o por un interés particular".