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La fiscalía considera que el PP de la Provincia de Valencia estaba al tanto de las maniobras de Grau para desviar fondos a una cuenta opaca
Continúan conociéndose detalles del Caso Taula
Según la acusación de la fiscalía Grau utilizó los servicios de una empresa dirigida por su amigo íntimo Vicente Sáez Tormo para canalizar gran parte de los fondos públicos y donaciones de empresarios para utilizarlas no sólo en las campañas de Partido Popular sino también para incrementar el patrimonio del propio Grau y el ya fallecido Vicente Tormo.
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REDACCIÓN - 16/11/2021
Alfonso Grau. /EFE
El caso Taula sigue retratando el funcionamiento del ayuntamiento de Valencia durante los años del Partido Popular con duras acusaciones que apuntan a una red delictiva para financiar las campañas del partido en Valencia. En el informe de acusación, desvelado por el diario Valencia Plaza, la fiscalía considera que el grupo municipal popular en el ayuntamiento no sólo desviaba dinero a una cuenta opaca sino que llega afirmar que esta práctica se realizaba con el conocimiento de la directiva provincial del PP valenciano. Algo que, nunca debe olvidarse, determinará finalmente el juez.
Tal y como informó ayer El Periódico de Aquí la fiscalía señala como principal culpable al ex-concejal Alfonso Grau para el que pide 15 años de cárcel. Según la acusación de la fiscalía Grau utilizó los servicios de una empresa dirigida por su amigo íntimo Vicente Sáez Tormo para canalizar gran parte de los fondos públicos y donaciones de empresarios para utilizarlas no sólo en las campañas de Partido Popular sino también para incrementar el patrimonio del propio Grau y el ya fallecido Vicente Tormo. Es precisamente en las donaciones de empresarios donde la fiscalía cree que el ex vicealcalde de Valencia ejercía un papel importante por su capacidad para favorecer o vetar contrataciones públicas a determinados empresarios.
Fiscalía apunta que todo este entremado estaba diseñado con el objetivo de eludir los controles del Tribunal de Cuentas en materia electoral y del propio postulado de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Para la acusación pública el PP declaraba menos de140.000 euros en gasto electoral cuando en realidad gastaba más de 2,3 millones en sus campañas. Además apunta a fundaciones como el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), la Fundación para la Innovación Urbana (Fivec) y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, como organismos que tapaban esos gastos.