La Conselleria de Justicia, Interior y
Administración Pública y la Dirección General del Sector Público y Patrimonio
han hecho efectiva este viernes, con la firma de las escrituras ante notario,
la compra del Palacio de Justicia del municipio alicantino de Ibi por un valor
de 2.052.441 euros, IVA incluido.
Con este trámite, se formaliza la compra del
inmueble al Ayuntamiento de Ibi. La Generalitat ha cumplido con las
obligaciones derivadas de la propuesta de adenda de 2012, de conformidad con la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El precio de la compraventa asciende a
2.052.441 euros (IVA incluido) y ha sido abonado con las cantidades pagadas
durante el periodo de arrendamiento 2012-2020. La última cuota correspondiente
al ejercicio de 2020, se liquidará por un importe de 577.370 euros IVA
incluido.
La Conselleria de Justicia ha cerrado así un
conflicto que duraba desde 2006, creado por los anteriores responsables de la
Conselleria. Gracias al pago riguroso de las anualidades se ha permitido
realizar la adquisición directa de la sede judicial alicantina sin ningún otro
contratiempo y como estaba estipulado en el convenio formalizado hace 14 años.
Además, permite al Gobierno valenciano pasar a
ser el propietario del Palacio de Justicia, un edifico capaz de responder a las
necesidades del municipio de Ibi.
Antecedentes
En julio de 2006, la Generalitat y el
Ayuntamiento de Ibi suscribieron un convenio de colaboración en virtud del cual
el municipio corrió con los gastos de edificación del Palacio de Justicia. Una
vez puesto el inmueble a disposición de la Conselleria de Justicia, una adenda
fijó la contraprestación correspondiente.
El edificio fue entregado en 2009, pero el
entonces Gobierno de la Generalitat incumplió su parte del acuerdo, no firmó el
documento pendiente y rechazó pagar cantidad alguna por el uso del inmueble. En
2012, el entonces director general de Justicia remitió al Ayuntamiento de Ibi
una propuesta de arrendamiento con opción a compra que fue aceptada por la
corporación municipal. Sin embargo, la Conselleria tampoco cumplió y siguió sin
abonar cantidad alguna por el uso del edificio.
El Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana condenó a la Conselleria a cumplir aquella propuesta de
arrendamiento con opción a compra y abonar la inversión al Ayuntamiento de Ibi.
El actual Consell reactivó en
2016 el expediente de opción a compra de la sede judicial, derivado del
Convenio formalizado en julio de 2006 para llevar a cabo esta adquisición que
ahora se hace realidad.
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