que iban a ser desahuciadas en el edificio de la Pinaeta, en el barrio de Baladre (Port de Sagunt). La Conselleria de Vivienda ha anunciado que adquirirá el edificio, de cuatro bloques y 22 pisos cada uno, por
Así lo ha anunciado en la mañana de este jueves, 1 de diciembre, el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, quien ha estado acompañado del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y varios miembros de la corporación municipal, como Pepe Gil (Compromís) o Guillermo Sampedro y Roberto Rovira (EUPV).
La adquisición se ha efectuado gracias a la aplicación del derecho de adquisición preferente a un precio de adquisición de 9.458.083 euros, lo que ha supuesto una inversión total de 9.733.402 euros, con un ahorro de 275.319.
Héctor Illueca -que ha estado acompañado por el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar y la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga- ha destacado que se trata del “mayor tanteo que la Conselleria de Vivienda ha hecho en la legislatura y, además, estamos muy contentos porque con él se resuelve un nuevo caso de emergencia habitacional”.
El vicepresidente ha mostrado su satisfacción porque “solo hace unas semanas, estas personas se iban a quedar en la calle y hoy la Generalitat formaliza la adquisición de estas 76 viviendas y todas las familias van a poder quedarse en sus casas”.
Hay que recordar que el pasado mes de mayo, la empresa propietaria de las viviendas anunció a los vecinos y vecinas que tenían que desalojar los inmuebles para el 29 de junio, ya que iban a ser vendidas.
“De un día para otro nos han dicho que el mes que viene nos echan”, explicaba en mayo a El Periódico de Aquí Verónica Gea, vecina del edificio. “En el contrato consta que el 29 de junio teníamos que ejercer el derecho a compra y, si no, irnos”, añade. Sin embargo, según Verónica, el precio de compra es “desorbitado”: “por mi piso, con dos habitaciones, dos baños y poco más de 50 metros cuadrados útiles, me han pedido casi 200.000 euros (195 mil). Tengamos en cuenta que estamos hablando de Baladre”, expresaba. “No entendemos cómo pretenden vender el inmueble entero a un precio libre o incluso solicitar si al final se lo quedan ellos un precio de alquiler de unos 1.200 euros, que es lo que le dijeron a uno de los inquilinos”, relataba.
Verónica narraba también que son muchas las familias a las que iba a afectar el desahucio. Familias monoparentales, personas mayores, otras que ni siquiera tienen internet, lo que demuestra el poder adquisitivo, y algunas varias que viven solas o que tienen niños pequeños. El precio de alquiler que se paga en el edificio ronda entre los 300 y 500 euros al mes. Un precio más bajo que el que se paga actualmente de media en Port de Sagunt. “Cuando se lleve a cabo el desahucio, el mercado de Sagunt no podrá soportarlo. No se puede asumir en tan poco tiempo la ubicación de tantas personas”, expresa Verónica. “Además, algunos vecinos como en mi caso puedo costearme otra vivienda, pero la mayoría no podrán hacer frente al precio del alquiler que se pide en otras viviendas”, continuaba.
Desde la Vicepresidencia Segunda, junto con el Ayuntamiento, se pusieron a trabajar de inmediato para solucionar el problema y hasta allí se desplazaron el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, y la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, quienes comunicaron la intención de la Generalitat de ejercer el derecho que tiene de tanteo y retracto para adquirir el edificio y que las familias pudieran continuar en sus casas, buscando las fórmulas que mejor se adecuaran a casa situación.
En la visita de este martes, el vicepresidente segundo ha señalado que el incremento del parque público es “una prioridad para la Conselleria debido a la situación de emergencia de este municipio, teniendo en cuenta que Sagunto está catalogado como Área de Necesidad Alta de Vivienda”. En este sentido, ha resaltado que el mecanismo de adquisición preferente es “muy eficaz para paliar estas situaciones de emergencia”.
Elena Azcárraga ha explicado que los inmuebles adquiridos forman parte de un mismo edificio construido en el año 2012. Unas viviendas que desde ahora pasan a estar calificadas como protegidas con carácter permanente, blindando así su función social. Todas ellas serán adscritas a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) para su gestión en régimen de alquiler.
La comunicación de la venta a la Conselleria se produjo el 29 de marzo en aplicación del artículo 10 del Decreto Ley 6/2020. Posteriormente, el pasado mes de junio se efectuó el ejercicio del derecho de tanteo.