La Guardia Civil, en el marco de la operación
“Karpos”, ha detenido o imputado a 20 personas por el tráfico de productos
hortofrutícolas contaminados a Rusia. Se les imputa los delitos de
usurpación de estado civil y falsificación.
En los tres registros practicados se ha incautado diverso material como
documentos oficiales, mercantiles, sellos, así como ordenadores.
La investigación se inició a requerimiento de los Servicios de Inspección en
Frontera del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA), que habían recibido quejas de las autoridades rusas en
relación a las exportaciones de productos hortofrutícolas realizadas por
diversas empresas españolas cuyos envíos fueron interceptados en la
frontera por encontrarse contaminados.
Tras ello, la UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) del
SEPRONA de la Guardia Civil realizó gestiones de investigación en torno a
las empresas que figuraban como exportadoras, descubriendo que ninguna
de ellas había realizado estas operaciones. En cambio, se verificaron que la
empresa que realizaba estas exportaciones desde España era siempre la
misma y estaba radicada en Estonia.
Los agentes comprobaron que esta empresa de Estonia mantenía en sus
operaciones comerciales de exportación el mismo modus operandi pero
cambiaba de “empresas pantalla” en España. Utilizaban la identidad de
mercantiles dedicadas al sector hortofrutícola en Almería, Murcia y Valencia
sin su consentimiento y falsificaban los documentos de transporte nacional e
internacional.
Una empresa de gestión de exportaciones encargada de la falsificación
de los certificados fitosanitarios
La investigación ha dejado al descubierto que la empresa radicada en
Estonia contaba con el apoyo de una empresa dedicada al asesoramiento y
gestión de exportaciones en Gerona, que era la que supuestamente se
encargaba de la falsificación de los certificados fitosanitarios necesarios para
la exportación a terceros países.
A pesar de producirse el pasado año el cierre del mercado entre Rusia y la
Unión Europea se ha podido esclarecer los hechos investigados, ya que a
pesar de esta restricción el volumen de los envíos de productos
hortofrutícolas se seguía produciendo a similar nivel, aunque tomaban
medidas para evitar que se conociera la procedencia europea de las
mercancías.
Se ha cursado por la Autoridad Judicial competente la imputación, vía
Comisión Rogatoria Internacional, de cuatro nacionales de Estonia.
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