Guardia Civil durante la operación / Guardia Civil de Valencia
El
aumento del consumo de lo que viene en llamarse picadura de tabaco
ilegal, que se viene detectando desde hace unos años, más el
confinamiento y las restricciones de movilidad durante el Estado de
Alarma desde el inicio de la pandemia por Cóvid-19, han sido los
principales motivos para que muchos de los consumidores habituales
empezaran a realizar sus pedidos por la web, siendo múltiples las
ofertas de comercio ilegal de este producto que se publican a través
de dicho medio. Porque la situación producida por la pandemia ha
creado, efectivamente, nuevos escenarios en las conductas y
comportamientos de las personas, que han influido también en el
factor criminológico, y en este caso, en el comercio ilícito de
tabaco, realizado, tanto por grupos organizados como por el llamado
perfil de subsistencia u oportunista.
Ya,
en el mes de marzo de 2020, el gremio de estanqueros de la provincia
de València dio la voz de alarma por la bajada espectacular de las
ventas legales de picadura de tabaco para liar, lo que motivó la
apertura de una Operación conjunta entre el Servicio Fiscal de la
Comandancia de Guardia Civil y del Área Regional de Vigilancia
Aduanera, de València, con la colaboración del citado gremio.
En
el transcurso de las investigaciones se llegó a la conclusión de
que los canales más importantes para la distribución del producto
eran precisamente los servicios de envío de paquetería. Para ello,
los responsables de esta actividad ilícita utilizaban canales de
comunicación en la web, y en algunos casos páginas incluso no
autorizadas para ofrecer su venta, desconociendo los potenciales
clientes, en muchos casos, el carácter ilícito de sus compras.
Fruto
pues de las investigaciones a lo largo del pasado año 2020, se
realizaron asimismo numerosos controles e inspecciones de paquetería,
detectándose multitud de envíos de picadura de tabaco, o al menos
ese era el producto que se publicitaba. Una práctica que vulneraba
sin duda alguna de las normas sanitarias; también, las reguladoras
del mercado de tabacos, y así mismo las normas tributarias
establecidas para el pago de los impuestos, tanto del IVA como del
Impuesto Especial al que están sometidas las labores del tabaco.
Como
resultado de estas actuaciones se aprehendieron un total de 4.200
kilos de este producto en un año, impidiéndose por tanto su
distribución ilegal a los consumidores finales. Tal volumen de
género incautado ha supuesto la formulación de un total de 648
denuncias por infracción administrativa de contrabando a los
destinatarios de la paquetería, precisamente, por esta compra
ilícita.
También,
como parte de esta Operación de largo recorrido, tuvo lugar otra, la
denominada AMARECO, que culminaba en marzo del pasado año con la
desarticulación de una organización criminal que enviaba este tipo
de labores, que hacían pasar por picadura de tabaco legal a bajo
precio, a todo el territorio nacional, y cuyo resultado se saldaba
con la detención de 4 personas más otras 2 investigadas, en Córdoba
y en Sevilla, siendo denunciadas en sede judicial por los delitos de
contrabando, pertenencia a organización criminal, delito contra la
Hacienda Pública y por blanqueo de capitales. Sólo en aquella
Operación se incautaba una tonelada y media de este tipo tan
peculiar de picadura, acreditándose asimismo la comercialización
ilegal de casi 12 toneladas más, con un impacto económico por la
defraudación de impuestos de más de dos millones de euros por el
mero hecho de que se habían desplazado de los canales legales de
fabricación, distribución y consumo casi 14 toneladas de picadura
de tabaco para liar.
El
comercio ilícito de las labores de tabaco es un fenómeno que tiene
lugar en cualquier otra parte del mundo. Son muchos los países
afectados por esta actividad ilegal, que genera cuantiosos beneficios
al ser un “negocio” muy lucrativo y con mucho menor riesgo que
otros tipos de tráficos al margen de la ley. Estos delincuentes han
llegado a crear verdaderas organizaciones criminales, con redes de
elaboración y distribución y con gran capacidad asimismo para
gestionar y ocultar los cuantiosos beneficios. Y es que además del
perjuicio causado a la Hacienda Pública por la disminución de
ingresos a través de los impuestos, el comercio ilícito de tabaco
trae consigo un riesgo sanitario añadido al carecer los productos
distribuidos ilegalmente de controles de calidad adecuados,
generando, asimismo, una competencia desleal muy grave en perjuicio
de los operadores económicos legales. Y por supuesto, este flujo
incontrolado de producto supone a su vez una estafa al propio
consumidor porque está comprando un género que sustituye a la
picadura para liar, la legal, cuando, en realidad, no lo es en
sentido estricto (lo que compra se denomina strip de hoja de tabaco,
un producto bastante inferior a la picadura), sin embargo, la está
pagando como tal, con un precio inferior al de mercando, eso sí,
pero superior sin duda al producto que recibe y consume, es decir, el
gran perdedor de esta actividad ilegal es el consumidor porque está
consumiendo un producto muy deficiente en términos sanitarios y de
calidad del producto, con el riesgo añadido de la multa que soporta,
mínimo 2.000€ por pequeña que sea la cantidad que haya comprado.
Además,
también es importante que el consumidor sepa lo que ya sabe de
antemano el contrabandista, el que se lo vende, y es que, según la
normativa reguladora del mercado de tabacos, se mantiene en régimen
de monopolio la venta minorista del que es titular el Estado,
ejercido a través de la red de expendedurías de tabaco y timbre,
estando prohibida la tenencia, posesión, circulación y venta sin
cumplir los requisitos establecidos legalmente. Asimismo, la
normativa sanitaria prohíbe la venta minorista de tabaco procesado
on-line (cigarrillos, picadura o cualquier otra labor del tabaco),
siendo ilícita dicha actividad en España.
Cabe
incidir por último en el modus operandi de la venta ilegal de
labores de tabaco, donde destaca el auge que ha experimentado la
digitalización en las formas de actuar de los delincuentes, que
tienen su reflejo en las formas de distribución, como son las
entregas a domicilio o las ventas por Internet, en las que se evita
el contacto directo con los consumidores y los controles policiales.
Por eso mismo, la menor dependencia del dinero en efectivo, la gran
oferta, habitual, en plataformas de compraventa on-line, o la
simulación de entrega de productos de primera necesidad como
tapadera, constituyen nuevas prácticas que facilitan la continuidad
del comercio ilícito de tabaco desde que comenzó la crisis
sanitaria.
En
cualquier caso, la Operación sigue abierta en aras de impedir un
fraude fiscal tan importante, el perjuicio económico que sufren
todos los operadores legales relacionados con el comercio legal de
las labores de tabaco, los graves efectos y el riesgo sobre la salud
de los consumidores y, desde luego, el enriquecimiento indebido de
las personas que se están lucrando ilegalmente con esta actividad.
Para
más información pueden llamar a la Oficina Periférica de
Comunicación (OPC), de la Guardia Civil de Valencia, al teléfono
690.946.837
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