El concejal del Grupo Popular, Santiago Ballester, ha informado que la Intervención General Municipal (IGM) ha denegado a la Junta Central Fallera la elaboración de la auditoría del ejercicio presupuestario del año 2019 “por falta de documentación y por carecer de un inventario actualizado de los bienes y propiedades de esta entidad pública” Esta auditoría corresponde al ejercicio 2019 y ha sido realizadas dentro del Plan Anual de Control Financiero de la IGM para el ejercicio 2020.
Según ha advertido Ballester, “los interventores del Ayuntamiento no han podido hacer su trabajo porque no les han facilitado la documentación necesaria para auditar la ejecución del presupuesto de 2019, lo que debería ser una obligación ineludible de un buen gestor, cuando parece que no tienen nada que ocultar, pero parece que no es en el caso de la Junta Central Fallera y del área de Cultura Festiva”.
La IGM concluye en el informe en el que deniega la auditoria que la Junta Central Fallera “no dispone de un inventario que recoja detalladamente la composición y valoración de la entidad pública y que presenta un saldo de 185.210 euros al cierre del ejercicio 2019 del que no se dispone de documentación”
Además, la Intervención General señala que ha habido un descuadre entre el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto”. En concreto, advierte la IGMO que “se han encontrado diferencias entre los estados de flujos de efectivo y la que figura a tal efecto en el balance y la cuenta del resultado económico-patrimonial, por importes de 288.906 euros, 1.739.229 euros y 31.940 euros, respectivamente, que no han sido objeto de justificación y conciliación por la Entidad”.
Para Ballester, “es inadmisible” que la Intervención General del Ayuntamiento no pueda hacer la auditoria en la Junta Central Fallera”, y ha lamentado que “esta negativa denota que la gestión de este organismo pública no está siendo ni rigurosa ni transparente”.
Por último, el edil popular ha reclamado que la concejalía de Cultura Festiva no eluda su responsabilidad “y cuanto antes ponga a la Intervención municipal la documentación necesaria para que se fiscalice el ejercicio presupuestaria de 2019”.
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