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La judicialización de la política la pagan todos los ciudadanos: La Diputación de Valencia aprueba por unanimidad destinar 1,3 millones a pagar los gastos del caso Alquería
Los abogados han presentado unas minutas de 90.000 euros de media por cada uno de los procesados, entre ellos el por entonces presidente de la corporación provincial, Jorge Rodríguez
La causa arrancó en junio de 2018 y en enero de este año los 14 encausados fueron absueltos en sentencia firme
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REDACCIÓN - 16/07/2024
Un momento del pleno de la Diputación. ABULAILA
Mazzolari y Enguix durante el pleno. ABULAILA
La judicialización de la política la pagan todos los ciudadanos. La Diputación de València ha aprobado por unanimidad destinar 1,3
millones a pagar los gastos del caso Alquería en el pleno ordinario
de julio celebrado esta mañana. Se trata de prever un gasto de
aproximadamente 90.000 euros de media por la defensa de cada uno de
los 14 encausados, 12 de Divalterra y 2 de la Diputación. Son, por
tanto, las minutas de los abogados durante los 5 años que se ha
prolongado el proceso, el cual arrancó en junio de 2018 y cuya
sentencia firme llegó en enero de este año, aunque hace ya más de
un año que los procesados resultaron absueltos. Una guerra política que acabó arrastrando especial e injustamente a quien fuera presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, hoy alcalde de Ontinyent (La Vall d'Albaida), Jorge Rodríguez. El PSOE, partido al que pertenecía, expulsó a Rodríguez en aquel momento, llevando a éste y al resto de imputados a un calvario judicial que terminó recientemente.
Lo
que hace la Diputación con este trámite es consignar el dinero,
pero la liquidación está pendiente del informe del Consell Jurídic
Consultiu, que la propia corporación provincial ha solicitado. Así,
ya se tiene el dinero dispuesto para que cuando se dé el informe
favorable, como es previsible, se pueda pagar a los letrados. De este
modo, la Diputación cumplirá con elartículo 75.4 de la ley
de Bases de Régimen Local, que establece que “los miembros de las
corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gastos
efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas
de aplicación general en las Administraciones públicas y las que en
desarrollo de las mismas apruebe el pleno corporativo”.