La madre de Marta Calvo promete "no parar" hasta lograr que la ley condene a prisión permanente para quiénes se deshagan de un cadáver

El pleno del Congreso de los Diputados rechazará este martes la toma en consideración de una ley del PP para extender la aplicación de la prisión permanente revisable a asesinos que hagan desaparecer el cadáver de su víctima o no informen sobre su paradero, al oponerse a esta iniciativa el PSOE y la mayoría del hemiciclo.

Vox y UPN, que firmaba también la proposición, han apoyado en cambio que este castigo penal se aplique a dos nuevos supuestos, como ha defendido el PP en un debate que ha seguido desde la tribuna de invitados Marisol Burón, madre de Marta Calvo, la joven valenciana asesinada en noviembre de 2019 por Jorge Ignacio Palma -quien cumple ya condena por este crimen junto al de otras dos mujeres- y cuyo cadáver, descuartizado, nunca ha sido encontrado.

La propuesta del PP, que decaerá en la votación de este martes, proponía también reformar el artículo 140 del Código Penal para aplicar prisión permanente revisable a los autores de asesinato que hubieran sido condenados con anterioridad como reos por el mismo delito. Se han opuesto el PSOE, Sumar, PNV, ERC o Junts.

Los socialistas se han mostrado en contra, a pesar de que en la anterior legislatura sí apoyó la toma en consideración de una iniciativa similar, que no llegó a materializarse en un cambio legislativo.

La diputada del PP Macarena Montesinos ha defendido la extensión de la prisión permanente revisable dirigiéndose a los familiares de las víctimas, a quienes les ha dicho que quienes en 2015, cuando se aprobó esta figura, les dieron la espalda "lo siguen haciendo ahora".

En su intervención, la diputada del PP ha acusado al PNV o a la izquierda de estar "carcomida por la ideología" y de hipocresía por hablar de humanismo cuando excarcelan a "centenares de asesinos terroristas", en referencia a los presos de ETA. Además, ha salpicado su discurso de críticas por la denuncia de agresión sexual contra el ex DAO de la Policía o de acoso sexual en el PSOE.

El diputado de UPN Alberto Catalán ha defendido que la sociedad pide firmeza, no venganza, mientras que Vox se ha preguntado en boca de su parlamentario Juan José Aizcorbe cómo se puede hablar de reinserción cuando un asesino oculta un cadáver y no dice donde está el paradero, sin colaborar con la Justicia e impidiendo cerrar el duelo de las familias, que no encuentran descanso.

Todos los grupos que se han opuesto a esta iniciativa han coincidido al señalar que extender la prisión permanente revisable no genera una mayor seguridad, sino que forma parte de un "populismo punitivo" que pretende extender el miedo y hacer un uso partidista del dolor de las víctimas.

El PSOE ha acusado al PP de generar "falsas expectativas a las víctimas" y de usar el Código Penal como instrumento de confrontación, valiéndose de las víctimas, el horror y el calado social que provocan este tipo de crímenes, según ha sostenido David Serrada.

El PNV, que en 2018 impulsó la derogación de la prisión permanente revisable, ha hablado de un "derecho penal exagerado" que busca satisfacer al público con castigos "cada vez más severos", mientras que EH Bildu o ERC han defendido que no son las penas más largas las que dan más seguridad, sino la prevención y la rehabilitación.

Junts, también en contra, ha afeado al PSOE que no haya derogado ya una figura penal que los socialistas llevaron hasta el Tribunal Constitucional.

La presencia de familiares en la tribuna de invitados ha generado además la crítica de varios grupos, como ERC, que ha acusado a los populares de ser "ruines" y de regocijarse en el dolor de las víctimas y emplearlo como materia de lanza.

La prisión permanente revisable fue aprobada en julio de 2015 y se aplica actualmente en ocho supuestos: el asesinato de menor de 16 años o de una persona especialmente vulnerable; el cometido junto a un delito sexual; cuando el asesino pertenece a un grupo criminal; el asesinato múltiple; matar al rey, la reina o a la princesa de Asturias; matar a un jefe de Estado extranjero, y el genocidio y los crímenes para la humanidad.

Acarrea el cumplimiento íntegro de entre 25 y 35 años, dependiendo del tipo del delito y de si la pena es por uno o varios hechos, tras lo cual se revisará. Si no se cumplen determinados requisitos para la libertad, el preso seguirá en prisión.