La oposición de Alboraya rechaza en bloque la gestión económica de EGUSA y denuncia un perjuicio millonario para el municipio

La Junta General de la empresa pública EGUSA, celebrada el pasado jueves 26 de junio, ha concluido con un rechazo unánime de toda la oposición —Partido Popular, Vox, Alboraya Actúa e Izquierda Unida— a las cuentas generales y al balance de gestión presentado por el equipo de gobierno formado por PSOE y Compromís. Los cuatro grupos coincidieron en señalar una falta de transparencia y una gestión deficiente por parte del ejecutivo municipal.

Uno de los puntos más polémicos ha sido el expediente de la U2 en Port Saplaya. Desde el Partido Popular, el portavoz Modesto Martínez criticó duramente el acuerdo alcanzado por el gobierno local, al considerar que representa “un perjuicio económico injustificable” para Alboraya. Según Martínez, el nuevo acuerdo es “mucho más lesivo que el aprobado en 2019”, con una diferencia económica negativa de casi 3 millones de euros, y denunció que el ejecutivo socialista desoyó las recomendaciones técnicas municipales.

El PP recordó que la empresa concesionaria adelantó en su día beneficios por valor de 23 millones de euros, que tras la paralización del PGOU y la inacción del cuatripartito desde 2011, se han transformado en una deuda de 35 millones. “La dejadez del gobierno socialista ha sido un lastre para esta actuación”, lamentaron desde la bancada popular.

Además, la decisión del gobierno municipal de PSOE y Compromís de evitar someter a pleno el expediente de segregación ha sido duramente criticada. Según la oposición, esta maniobra se realizó para eludir una votación que probablemente no habría prosperado, dadas las dudas sobre el perjuicio al patrimonio público. Esta actuación también ha sido cuestionada por los técnicos del Ayuntamiento.

A ello se suman más de 170.000 euros en pérdidas que, según el PP, se derivan de irregularidades en el proceso de segregación, incluyendo 38.000 euros no recuperados en concepto de licencia y otros 150.000 euros no cobrados por excesos de ocupación en 2024 en la zona comercial de Port Saplaya.

El PP denunció además que el gobierno local no ha aclarado la situación actual de los terrenos, pese a reflejar en las cuentas que la deuda está saldada. “Saben que eso no es cierto”, aseguraron.

La votación del jueves, con el rechazo frontal de toda la oposición, ha encendido las alarmas sobre la gestión de la empresa pública y deja en evidencia una fractura política en torno a decisiones clave para el desarrollo económico de Alboraya.