Pere Valenciano. España es el segundo país del mundo donde más ha crecido la percepción de corrupción, según un informe de la ONG alemana Transparencia Internacional (TI), publicado el martes. Sólo superada por Siria, la edición del 2013 del Índice de Percepción de la Corrupción señala que España pasa de la posición 30ª a la 40ª en una escala en la que la primera posición es la del país que se percibe menos corrupto. Ya nos situamos a la altura de Brunei, Polonia y Cabo Verde. A nivel europeo, estamos por debajo de Chipre y Portugal y sobre Lituania y Eslovenia. Y este mal dato a pesar de que el estudio no se ha dado una vuelta por el entorno del Camp de Morvedre, donde algún municipio estaría al nivel de Somalia, Afganistán, Sudán y Sudán del Sur, Libia, Iraq, Siria, Yemen y Haití, que cierran la lista.
Los escándalos de corrupción descubiertos y juzgados en los últimos meses en España han evidenciado las debilidades estructurales del sistema legal, entre ellas, las del sistema de adjudicación de contratos públicos o la normativa sobre uso del suelo. ¿Les suena de algo? Veamos, de nuestro entorno, ¿dónde encajaría a la perfección una cierta ligereza en la adjudicación de contratos o crear plazas a medida, por no hablar del desarrollo desaforado de su PGOU para construir, construir y construir para que unos pocos se llenen los bolsillos, enchufen a familiares y amigos de los políticos de turno, para que éstos hagan la vista gorda a los desmanes que se han perpetrado en los últimos 30 años? No, que no es Marbella, que me refiero a un municipio de nuestro entorno. Que sí, que puede acabar como Marbella, intervenido y con la mitad de los funcionarios, alcalde y ex alcaldes y concejales y ex concejales entre rejas.
Según declaraciones de un responsable de TI, la sensación de impunidad de los corruptos en España es enorme debido a la lentitud del sistema judicial. Porque claro, cuando la justicia es lenta, es injusta. Y de esto les hablaré yo otro día en primera persona.
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