La presión contra el 'basurazo' fuerza al Ayuntamiento de Sagunt a revisar las tasas

La presión vecinal y política ha surtido efecto. El último pleno municipal del Ayuntamiento de Sagunt aprobó por unanimidad revisar la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos. El ‘basurazo’ se saldó con una intensa polémica tras la subida del 114%, pasando de 52 a 111 euros anuales. El acuerdo compromete al consistorio a realizar un estudio detallado de los costes del servicio con el objetivo de reducir al máximo posible las tasas aplicables en 2026.

La iniciativa fue impulsada por Iniciativa Porteña (IP), cuyo portavoz, Manuel González, defendió la moción, que fue finalmente apoyada por todos los grupos políticos, incluidos el PSOE —que encabeza el gobierno local— y Vox, quienes introdujeron enmiendas al texto original.

El malestar por esta subida ya se había dejado sentir con fuerza días antes del pleno. El pasado 3 de junio, cerca de 300 personas se concentraron en las puertas de la Tenencia de Alcaldía del Port de Sagunt bajo lemas como ‘¡Menos impuestos y más limpieza!’ y ‘¡No al basurazo!’, en una sonora protesta organizada por Iniciativa Porteña. La manifestación estuvo encabezada por una pancarta que denunciaba subidas de hasta un 300% en algunos comercios, y en ella participaron también representantes de PP y Vox, en un frente común contra el incremento.

Durante el acto, el presidente de IP, Eduardo Márquez, leyó un manifiesto en el que tildó la subida de “atropello injustificado que golpea el bolsillo de las familias y la economía local”. Márquez advirtió que algunos establecimientos podrían llegar a pagar más de 2.000 euros anuales de tasa, y reclamó la paralización inmediata de la subida para 2025, además de una revisión completa de los costes tanto por parte de la empresa pública SAG como del propio consistorio.

El texto que IP defendió ante la ciudadanía y que trasladó al pleno municipal recalca que los epígrafes con mayor incremento corresponden a la recogida de residuos sólidos urbanos (RSU), orgánica y la planta de transferencia. Según el Plan Anual de Inversión y Financiación (PAIF), el coste de estos servicios asciende a 4,46 millones de euros, lo que representa una subida del 21,21% respecto al ejercicio anterior. En el caso de la transferencia de residuos, el incremento alcanza el 36,31%.

Uno de los aspectos más polémicos denunciados en la moción es el aumento del gasto en trabajos encargados a empresas externas, algo que ha sido interpretado como una "privatización encubierta" de un servicio históricamente público.

La moción aprobada plantea revisar a fondo el sistema de costes, pero también mantener el servicio de recogida y transferencia de residuos 100% público, con el compromiso de rescindir progresivamente la subcontratación de empresas privadas.

Además, las enmiendas incorporadas por PSOE y Vox añaden la petición de instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a revisar la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, de modo que se permita financiar estos servicios con fórmulas mixtas, combinando tasas, fondos municipales y otras figuras fiscales, para evitar que la carga recaiga exclusivamente sobre la ciudadanía.

También se incluye en el texto final la posibilidad de flexibilizar la aplicación de la tasa en función de los esfuerzos en reciclaje y reducción de residuos, como mecanismo de incentivo.

Desde el ejecutivo municipal, conformado por PSOE y Esquerra Unida–Unidas Podemos, se ha defendido que el incremento responde al cumplimiento de una directiva europea sobre residuos que obliga a actualizar tasas y coberturas. El equipo de gobierno recuerda que la subida no es única en la capital del Camp de Morvedre, sino que se replica en cualquier otro municipio, con independencia de su color político. Una explicación que no convenció a los vecinos; tampoco a los de otros puntos geográficos, claramente.

Con la aprobación del acuerdo en el pleno y el inicio del estudio de costes, el Ayuntamiento se encamina ahora a una revisión integral del sistema de tasas de residuos, que será clave en el diseño de la política fiscal municipal para 2026.