Un entonces president de la Generalitat Eduardo Zaplana conversa con Fernando Castelló, que entonces era conseller de Industria y Comercio. EFE La Guardia Civil considera que el exconseller de Industria y Comercio Fernando Castelló tuvo un "papel activo" en 2002 en una supuesta trama liderada por el expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana para obtener beneficios económicos de la concesión del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana (PECV) a empresarios afines.
El Caso Erial, en el que está imputado el expresident y exministro Eduardo Zaplana junto a otros, se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
La juez del caso ha levantado el secreto sobre una pieza de la investigación en la que figura un informe de la Guardia Civil que apunta a la posible inculpación de Castelló, basándose, entre otros indicios, en investigaciones a empresas vinculadas el exconseller y también a partir de documentos hallados en poder del ex jefe de gabinete de Zaplana Juan Francisco García.
En síntesis, la Guardia Civil pide a la juez que autorice registros y otras iniciativas dirigidas contra Castelló porque le adjudica protagonismo en una operación, que los sospechosos denominan Transvía, y que la Guardia Civil sospecha que pueda ser una tapadera de la trama relacionada con el PECV.
Y también porque han examinado empresas vinculadas al ex alto cargo en las que se han producido pagos por 300.000 euros, pero que muestran una "aparente inactividad al margen de estos pagos, ausencia de trabajadores y una aparente ausencia de gastos de funcionamiento".
Así, en una comunicación de mayo de 2002 y dirigida por Juan Francisco García a "Eduardo", se señala, a propósito de Transvía, que "hay que dar un 'empujón' a Fernando Castelló para que se firme el acuerdo de compraventa entre Transvía e Hidrocantábrico, para dejar cerrada toda la operación".
"En la licitación del PECV, atendiendo al contenido del informe pericial emitido por la Agencia Valencia Antifraude, habría tenido un papel relevante Fernando Vicente Castelló, el cual habría suscrito la Orden por la que se realiza la convocatoria pública para el desarrollo y ejecución del PECV", dice el informe de la Guardia Civil.
Añade que "fue presidente de la Comisión de Selección de Proyectos y aprobó el informe sobre propuesta de selección de proyectos", así como "el anexo de condiciones (obligatorias) de selección a cumplir por las empresas pre-adjudicatarias".
"Tras abandonar su cargo como conseller de Industria y Comercio de la Generalitat, Fernando Vicente Castelló ocupó otros cargos públicos, algunos ligados a Eduardo Zaplana, hasta que en enero del año 2008 abandonó el acta de diputado que ostentaba en el Congreso de los Diputados", continúa.
Poco tiempo antes de abandonar el acta constituyó la mercantil Inversiones y Servicios Gesfyan, de la cual es accionista y consejero junto a otros miembros de su familia, una mercantil en la que solo se han identificado dos fuentes de ingresos relevantes, que ascienden a 300.000 euros, añade la Guardia Civil.
La Guardia Civil dirigió un escrito a la juez en el que señalaba "el supuesto pago de comisiones con motivo de la adjudicación del PECV y de las que podrían haber sido beneficiarios Eduardo Zaplana y Juan Francisco García Gómez (...) además de la existencia de documentos que apuntan a la evidencia de un papel central en relación al PECV" por parte de Fernando Vicente Castelló.
Y también señaló que podría haber "elementos que permitirían reconstruir los hechos investigados desde su origen (...) en poder de, en este caso, Fernando Vicente Castelló".
Sobre esa base, pidió una entrada y registro en el domicilio de Castelló, entre otras diligencias.
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