Imagen de la reunión. /EPDA Tras el último balance sobre las actas y expedientes sancionadores tramitados por la Policía Local contra las terrazas de Valencia realizado por el concejal de Protección Ciudadana Aarón Cano, la Asociación de Hostelería Responsable de Honduras-Blasco Ibáñez ha mantenido una reunión de trabajo con los representantes del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de Valencia (SPPLB) para analizar conjuntamente los datos utilizados por el concejal de Protección Ciudadana.
Ha participado en la reunión Víctor Fernández de Córdoba, presidente de la Asociación de Hostelería Responsable de Honduras, Jesús Santos, secretario general del sindicato, y Vicente Gil, coordinador.
En el marco de la reunión, el representante de la hostelería del barrio de Honduras ha mostrado su profundo agradecimiento a los representantes del sindicato por la gran labor desarrollada por la Policía Local de Valencia durante el COVID, al hacer frente a los problemas de orden público que tuvieron lugar tras la finalización del toque de queda y el estallido de socialización de los más jóvenes, mientras los locales de ocio y la hostelería mantenían restringidos los horarios de los locales y estaban cerrados durante las noches.
Más allá de este agradecimiento, y en el actual contexto de la crisis por el recorte de las terrazas impuesto por el Ayuntamiento de Valencia en el barrio, los hosteleros han mostrado su perplejidad por el injusto uso de la información trasladada por Aarón Cano sobre las actas, expedientes y sanciones tramitadas por la Policía Local.
En este sentido, tanto los representantes sindicales como los del sector hostelero consideran que se trata de "datos manipulados que pretenden vincular las actas de la Policía con la problemática del ruido para justificar las decisiones y las actuaciones política, y que, de ninguna manera, pueden servir para justificar los errores y defectos en la gestión de la crisis de los macrobotellones y de los problemas de orden público generados, a los que se culpabiliza a las terrazas sin ninguna explicación" según puede leerse en el comunicado remitido a los medios.
El comunicado recuerda que el propio concejal manifestó la semana pasada que el 72% de las actas levantadas a las terrazas en el barrio tienen que ver con los problemas de mantenimiento del pintado del suelo público o con la exposición de la documentación administrativa sobre las autorizaciones de las terrazas que debe ponerse en la puerta de los locales. "Y estas, en ningún caso, tienen incidencia sobre los supuestos problemas del ruido que el concejal Aarón Cano atribuye sin ningún fundamento a las terrazas" asegura.
En línea con lo anterior, durante la reunión, los representantes del sindicato han reiterado que las actuaciones realizadas por los agentes de la Policía local en el barrio de Honduras "responden a directrices políticas que impiden abordar con rigor el problema del ruido y la inseguridad existente en la zona, que no tiene nada que ver con la actuación de las terrazas".
De hecho, y de acuerdo con los datos que se han hecho públicos sobre el balance de expedientes asociados al ruido y las molestias, únicamente el 3% de las denuncias por ruido en la ciudad de Valencia tienen que ver con la actividad de las terrazas; por lo que consideran "una barbaridad" que por culpa de la "mala gestión de la crisis de los macrobotellones al finalizar el toque de queda la concejala Lucía Beamud pretenda imponer un recorte a las terrazas de Honduras sin ninguna justificación".
Como balance de la reunión, tanto el sindicato de la Policía Local de Valencia como el colectivo de los hosteleros de Honduras quieren hacer público su malestar con las declaraciones realizadas por el concejal de Protección Ciudadana que parece apostar por el enfrentamiento entre ciudadanos y la criminalización de las pymes y de la actividad profesional de la hostelería. Además, señalan, que ponen en evidencia la inutilidad del plan de recortes a las terrazas impuesto por su compañera en el gobierno municipal, Lucía Beamud, concejala de Espai Públic.
Frente a lo anterior, ambos colectivos han compartido la necesidad de apostar por el diálogo entre los diferentes colectivos implicados en el modelo de ciudad y en la calidad de vida de sus vecinos, capaz de hacer un diagnóstico correcto sobre los problemas de seguridad y contaminación acústica en la ciudad y que permita la puesta en marcha de un verdadero plan de medidas que resuelva la crisis abierta sobre la problemática de las terrazas.
Un plan, han remarcado, que al mismo tiempo garantice y de seguridad jurídica a las actuaciones de la Policía Local, que ve como todas sus actuaciones administrativas o multas por botellón siguen sin servir para nada 20 años después, como consecuencia de un marco regulador ineficaz que hace inútil la intervención de la Policía Local para luchar contra el botellón y la venta clandestina de alcohol.
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