Línea eléctrica peligrosa de l"Albufera
Foto de Marina, dias antes de la electrocución La Fiscalía Provincial de Valencia ha incoado diligencias de
investigación penal contra IBERDROLA como consecuencia de la denuncia
presentada por el sindicato Confederació General del Treball (CGT) por la
electrocución de un ejemplar de águila pescadora el pasado 28 de enero en una
línea eléctrica de su propiedad, dentro del Parque Natural de l’Albufera de
València.
El águila pescadora es una
especie incluida en los catálogos valenciano y español de especies amenazadas
en la categoría “Vulnerable” y en la Lista Roja de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN) está declarada para España como “En
Peligro Crítico de Extinción” y está extinguida como especie reproductora en la
Comunitat Valenciana desde los años 80, siendo objeto de un programa de
reintroducción del que formaba parte “Marina”, un ejemplar liberado en junio de
2019 junto a otras tres en la Marjal de Pego-Oliva.
Según datos oficiales, solo
visitan nuestra comunidad cada invierno una media de 9'6 águilas pescadoras
procedentes de Europa del norte y en los últimos 21 años se han descubierto 9
ejemplares electrocutados, que, según las estimaciones, representan el 15% de
las electrocuciones reales, o sea, que se habrían electrocutado unas 60 en este
periodo. Esto quiere decir que cada año se electrocutan, de media, 3 águilas
pescadoras.
Esta mortalidad del 31%
anual explicaría, según CGT, la extinción de esta especie como reproductora en
nuestro territorio, que se ha convertido en una trampa mortal para la especie y
señala claramente a las compañías eléctricas como principales responsables.
Además, la electrocución ha
sucedido en l’Albufera de València, espacio natural con las figuras de
protección de mayor rango de la Comunitat: Parque Natural, humedal Ramsar de
importancia internacional, Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial
Proteccion para las Aves (ZEPA) y zona de protección para la avifauna contra la
electrocución. Sin embargo, en su ámbito muchos de sus postes eléctricos
todavía no disponen de las medidas anti-electrocución obligatorias.
Según datos oficiales, en
España mueren electrocutadas alrededor de 33.000 aves rapaces al año, 1.000 de
ellas en la Comunitat Valenciana, por ello, la legislación obliga a las
compañías eléctricas a establecer medidas de protección contra la electrocución
de aves y es obligación de la Generalitat Valenciana hacer que esta legislación
se cumpla, especialmente en aquellos lugares que ha declarado de protección por
su relevancia para las aves.
La muerte de “Marina” no es
un caso aislado, ni un accidente inevitable, sino un caso claro de negligencia,
ya que la línea eléctrica causante de la muerte fue declarada de alta
peligrosidad para las aves por la Generalitat en 2017, comunicándole a su
titular la obligación que tenía de corregirla.
Ante este suceso, en vez de
instruir un expediente sancionador, representantes de la conselleria competente en medio ambiente se reunieron al
día siguiente con IBERDROLA para acordar la corrección inmediata de 90 postes
eléctricos, de los cientos que ya hace años que la empresa tenía obligación de
haber corregido en l’Albufera.
Desde CGT explican que IBERDROLA
continúa electrocutando aves debido al retraso de años en la corrección,
obligatoria por ley, de sus líneas eléctricas, incumplimiento posible gracias a
la inacción de la Generalitat Valenciana, que consiente -como tantas
Administraciones Públicas- el lavado de imagen de la multinacional firmando
convenios de colaboración en vez de exigir las inversiones necesarias para
evitar la mortandad de aves protegidas.
El Defensor del Pueblo
advierte recientemente en su informe anual de la pasividad de las
Administraciones en obligar a adecuar las líneas eléctricas de alta tensión
para evitar la muerte de aves por electrocución y ha observado "graves demoras" (hasta 10 años)
en la aplicación de la norma, que daba un año de plazo para acometerse. Eso si,
advertencias y recomendaciones sin carácter vinculante, que tanto
IBERDROLA como las Administraciones siguen ignorando, sin que nada ocurra.
CGT considera inaceptable
que IBERDROLA, una multinacional con unos beneficios de 3.406 millones de euros
en 2019 (un 13% más que el año anterior) y que nos tiene acostumbrados a
grandes campañas de publicidad exaltando su “energía verde” y sus supuestas
acciones por el medio ambiente, mantenga líneas eléctricas precarias que causan
la muerte de miles de aves protegidas, generando graves daños al medio
ambiente.
Además, desde la
organización anarcosindicalista recuerdan que IBERDROLA es capaz de recurrir a
las cloacas del estado para neutralizar a aquellos que no puede comprar, como
les pasó a los representantes de CGT en la Central Nuclear de Cofrentes y a sus
familias, que fueron supuestamente espiados y acosados a instancias de
IBERDROLA por el encarcelado excomisario Villarejo y sus secuaces.
CGT “ante tanta hipocresía, burla y muestras de corrupción sistémica que libra de
sus responsabilidades y beneficia descaradamente a las poderosas
multinacionales, con la complicidad de una Administración que está a su servicio”
ha optado por acudir a la vía judicial penal “con la ilusión utópica de que la
Justicia cumpla su función”
En la denuncia penal de
CGT, que ha motivado el inicio de la investigación por parte de la Fiscalía, el
sindicato acusa a IBERDROLA, como propietaria de la línea eléctrica que ha provocado la electrocución
de un ave protegida, de varios delitos contra los recursos naturales y el medio
ambiente y relativos a la protección de la fauna.
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