Operación contra la ocupación ilegal de un bloque de viviendas en Vilamarxant

El pasado miércoles, 4 de junio, el Ayuntamiento de Vilamarxant llevó a cabo una operación antiokupación en un inmueble del municipio que presentaba un elevado riesgo para la seguridad vecinal debido a la presencia de conexiones ilegales tanto de agua como de electricidad. En el transcurso del operativo, se procedió a eliminar tres enganches ilegales al sistema de agua potable municipal y ocho a la red eléctrica.

Las actuaciones se realizaron en un bloque ocupado en el que se detectaron alquileres irregulares, y contaron con la intervención de la Policía Local de Vilamarxant, así como la Unidad Canina de la misma, que llevaron a cabo la inspección y en la verificación de las conexiones fraudulentas. Como parte del procedimiento, los agentes colocaron un cartel informativo en el lugar, advirtiendo de que, en caso de detectarse de nuevo este tipo de conexiones en futuras inspecciones, se emprenderán acciones judiciales contra las personas responsables.

El origen de la intervención fue la detección de los enganches ilegales, que suponían un serio peligro tanto por riesgo de incendio como por afectación a la salubridad y la integridad de las instalaciones municipales. Esta situación motivó una respuesta inmediata para proteger al vecindario del entorno y a quienes habitan estas viviendas.

Dos años atrás, Vilamarxant se posicionaba como un municipio pionero debido a la creación de la primera Oficina Antiokupación gestionada directamente desde el Área de Seguridad y Emergencias. Este proyecto surgió como mecanismo de control y prevención para atajar una tendencia en aumento que estaba afectando a la sensación de seguridad y tranquilidad vecinal.

Siguiendo con la hoja de ruta marcada ya al inicio de la legislatura, el alcalde de la localidad, Héctor Troyano, ha asegurado que en Vilamarxant “hay y habrá tolerancia cero contra la ocupación ilegal”. A estas declaraciones, el primer edil añade que “este tipo de conexiones y prácticas no solo suponen un fraude a los servicios públicos, también conllevan un serio peligro para la seguridad del vecindario y para el correcto funcionamiento de los servicios. Nuestra obligación es garantizar el cumplimiento de la legalidad y el bienestar, la seguridad y la convivencia de cada persona que reside en nuestro pueblo”.