Imagen de archivo de una protesta contra los desahucios. EFE/Sergio Barrenechea.
La PAH ha paralizado este miércoles el desahucio de al menos seis familias vulnerables del bloque de 54 viviendas del parque l'Agorig en la localidad valenciana de Montserrat que es propiedad de la Sareb.
El portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), José Luis González, ha explicado a EFE que había algunas viviendas con contratos firmados con el anterior promotor que "parece que el juez no los considera válidos por ser anteriores a la demanda de la Sareb contra la promotora".
"Sareb ha enviado cartas informando de que estaban en proceso de venta pero había algunas familias en situación de vulnerabilidad, y la Sareb les ha dicho que podían presentar la documentación a su trabajadora social y beneficiarse de un alquiler social", ha añadido.
De las otras viviendas, había unas vacías y otras ocupadas y, según la PAH, han detectado que en seis de estas últimas "había familias en situación de vulnerabilidad, con niños menores y sin alternativa habitacional, y esas son las que se ha impedido desahuciar".
González ha explicado que la comisión judicial les ha dado diez días de plazo para que presenten, a la Sareb o al juzgado, la documentación que justifique su vulnerabilidad.
Ha incidido en que además del alquiler social o venta que plantea la Sareb, la PAH quiere que se incluye la opción del alquiler asequible para aquellas familias con contrato que nos son vulnerables.
Fuentes de la Sareb han informado a EFE de que desde hace meses se lleva un proceso en el juzgado que se inició con la llamada "vista de ocupantes", a la que debían comparecer todos los inquilinos para acreditar su situación, aunque hubo quienes no acudieron.
En estas 54 viviendas, siempre según la sociedad de gestión de activos Sareb, hay inquilinos que no tienen título (irregulares) y con contratos de alquiler extinguidos o fraudulentos.
Además, tanto la Policía Local como el Ayuntamiento habían informado a la Sareb de la presencia de vecinos conflictivos.
"Desde 2022 la Sareb tiene un programa de acompañamiento social que permite a los inquilinos vulnerables recibir acompañamiento para demostrar dicha vulnerabilidad y tener derecho a un alquiler social con acompañamiento. Es decir, con la supervisión de trabajadores sociales", han señalado las mismas fuentes.
De las 54 viviendas, 12 estaban vacías en el momento en que la Sareb se hizo con la propiedad del inmueble, de modo que colocó medidas de seguridad para impedir su ocupación.
En otras 20 viviendas hay personas con contratos de alquiler ya extinguidos, la mayoría no está en situación de vulnerabilidad. A estos inquilinos se les ha ofrecido un derecho de compra preferente en condiciones ventajosas.
Al margen de este grupo de inquilinos, la Sareb ha acreditado otros casos de familias vulnerables (cinco de momento, pero la cifra podría subir, advierten las mismas fuentes) que tendrán derecho a alquileres sociales.
Por otra parte, este miércoles se iba a proceder al lanzamiento de 13 viviendas -parte de ellas ocupadas por vecinos conflictivos- que no habían colaborado ni en su identificación ni en los procesos para acreditar posibles situaciones de vulnerabilidad. Pero de estas 13 viviendas, siete han sido desocupadas y vandalizadas durante la noche y en las otras seis han aparecido inquilinos de los que no se tenía constancia antes.
El juez, siempre según la Sareb, ha dado a estos nuevos inquilinos un plazo de 10 días para que presenten la documentación que tengan para justificar su presencia en las viviendas o que acrediten su situación de vulnerabilidad.
La sociedad de gestión de activos insiste en que "el proceso se ha realizado con todas las garantías, especialmente respecto a las situaciones de vulnerabilidad social, intentando buscar soluciones en cada caso".
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