Polémica en Picanya por la reclasificación de huerta a polígono industrial en zona inundable

La reclasificación de 100.000 metros cuadrados de terrenos de agrícolas en polígono industrial ha sembrado la polémica en Picanya. Este fin de semana, la Asociación Per l’Horta convocó un paseo reivindicativo para mostrar su desacuerdo con la decisión del equipo de gobierno socialista, con el apoyo de PP y Vox, para sacar adelante esta iniciativa, que cuenta con el beneplácito de la Generalitat Valenciana, y que, según afirman, “agravará las consecuencias de futuras riadas”. 

Este cambio en el orden del suelo, contrasta con la decisión de Catarroja, otro de los municipios de la zona cero de l’Horta Sud, que pretende expropiar terrenos de huerta no productiva ubicado en lo que iba a ser la macrourbanización de Nou Mil·leni, tumbada por el Supremo, para recuperar su uso, con el objetivo de que sirva como terreno de laminación natural para absorber el agua de cara a posibles danas. 

Frente a la postura de los ecologistas, el PSPV de Picanya, con su alcalde a la cabeza, Josep Almenar, defiende que “la actuación prevista responde a una necesidad real de modernización del tejido industrial, especialmente orientada a servicios logísticos, aprovechando una ubicación estratégica y perfectamente conectada por autovías”. 

Según afirman, el consistorio lleva más de 25 años sin ampliar suelo industrial, con más del 70% del término municipal dedicado a huerta y con cerca de 40 metros cuadrados de zona verde por habitante. 

Los socialistas advierten de que solo un tercio de la superficie de este sector será de uso industrial y que la zona verde ocupará la misma cantidad y estará abierta a la población. De igual modo, insisten en que el área tendrá una conexión directa con la autovía para evitar camiones por el casco urbano, un aparcamiento disuasorio y permitirá ampliar el almacén municipal, que fue clave durante la dana. 

“Este proyecto no elimina espacios: los transforma en oportunidades”, explican en sus redes sociales, además de que implica “oportunidades de trabajo, de desarrollo local y de un entorno verde más accesible y cuidado”. 

Aún así, sus explicaciones no convencen a los ecologistas que siguen en pie de guerra en vistas a proteger “el territorio, la seguridad y la vida en nuestro pueblo”, como señalan y argumentan que los informes de inundabilidad, de oferta de suelo industrial y de impacto ambiental “fueron elaborados hace más de cinco años, completamente desfasados y anteriores a la dana”. 

De hecho, señalan que el nivel del agua alcanzado en la zona se sitúa entre los 65 y 40 centímetros y que no se pueden desdeñar estos datos acreditados tanto por la Universitat Politècnica de València (UPV) como por por el Servicio de Gestión de Riesgos de la Generalitat. 

“Construir como si la dana no hubiera existido es irresponsable”, señalan y añaden que “no podemos ignorar los datos científicos y las medidas oficiales, porque eliminar más suelo agrícola solo agravará los efectos de futuras inundaciones”. 

Por su parte Catarroja ha proyectado una actuación totalmente contraria a la de Picanya. El Consistorio pondrá en valor los terrenos ocupados por el plan urbanístico de los 90, Nou Mil·leni, que pretendía reconvertir cerca de un millón y medio de metros cuadrados de huerta en suelo residencial y que pasó a la historia después de que lo tumbara el Tribunal Supremo, por falta de recursos hídricos. 

El objetivo de esta iniciativa surgida a raíz de la reconstrucción del municipio tras la dana, es crear un plan director de la huerta, con la ayuda precisamente de la UPV, para su protección y recuperación, junto con un centro de investigación contra inundaciones. 

La propuesta parte del convencimiento de que esta zona evitó que el nivel del agua fuera incluso más alto y que la riada llegara hasta el municipio vecino de Albal, disminuyendo los daños, como apuntó la alcaldesa, Lorena Silvent, en la presentación de la iniciativa. “Hemos aprendido a cuidar el territorio”, añadió.

En este sentido, y según explicó, para que funcione, los terrenos tienen que ser productivos y en ese sentido se diseñará el plan que también prevé expropiaciones de terrenos, ya que la mayoría de los propietarios actuales son entidades bancarias y empresas que no trabajan la tierra.