Enfrentamientos entre los asistentes a la tradicional manifestación de entidades de izquierda y nacionalista del 9 d"Octubre llevada a cabo por el centro de Valencia, en una imagen de 2017. EFE/Biel Aliño/Archivo El titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia
ha dictado auto de procedimiento abreviado contra 28 investigados de la causa
por las agresiones y amenazas sufridas por profesionales de medios de
comunicación y varios asistentes a la manifestación del 9 d’Octubre de 2017.
El magistrado concluye así la investigación y da diez días de plazo al
Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas en la causa para que formulen
escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral, o bien pidan el
sobreseimiento de las diligencias.
Según se recoge en la resolución, facilitada por el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana, muchos de los encausados formaban parte de
la extinta Peña Yomus, de aficionados ultra del Valencia CF, y exhibían
simbología neonazi y de extrema derecha.
Entre ellos también figura un locutor de televisión y de radio que en los días
previos publicó distintos mensajes en las redes sociales donde hacía un
llamamiento para impedir la manifestación convocada por diversos partidos
políticos, sindicatos y asociaciones.
Algunos de los investigados accedieron por la tarde a la plaza de San Agustín
de Valencia, lugar de inicio la marcha reivindicativa, en aparente formación,
coreando cánticos y gritos y, en algunos casos, realizando el saludo fascista.
“Su propósito no era otro que el de hostigar y enfrentarse a quienes acudieran
a la manifestación convocada por la Comissió 9 d’Octubre, y en fin dificultar e
impedir, incluso mediante el empleo de violencia, la celebración de dicha
manifestación, y ello por su radical discrepancia ideológica con los
convocantes de la manifestación y su hostilidad a cuanto representan”, tal y como
relata el instructor en el auto.
Los investigados lograron romper los cordones de seguridad establecidos por las
fuerzas de seguridad y acorralaron y agredieron presuntamente a varios
manifestantes.
De hecho, la marcha no pudo completar el recorrido previsto y finalizar como es
habitual en la plaza Alfonso el Magnánimo, “ante una acción concertada de
distintos investigados”, de acuerdo con la resolución judicial.
El juez refiere también las amenazas sufridas por varios trabajadores y
colaboradores de un medio de comunicación que había montado una mesa
informativa para promocionar el lanzamiento de un nuevo diario, así como los
daños ocasionados a la empresa editora por la destrucción de miles de
ejemplares del periódico.
Igualmente, detalla las patadas y puñetazos propinados por una docena de los
encausados a dos manifestantes.
Una de las víctimas se encuentra actualmente en tratamiento por secuelas
derivadas de estrés postraumático a causa de esa agresión.
También fueron atacados un fotorreportero, a quien trataron de quitarle la
cámara fotográfica y le rompieron dos objetivos, y otro periodista, al que
golpearon con una horca de madera y le fracturaron la pantalla del teléfono
móvil.
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