Sergio Muniesa. / EPDA En el pasado pleno, Darío Moreno y su equipo de gobierno, votaron en contra de tomar medidas contra la ocupación ilegal de viviendas. Rechazaron la propuesta que les planteamos para ampliar medidas para facilitar el desalojo de la vivienda okupada en un plazo de 24 horas, impedir que los okupas ilegales puedan empadronarse, que una comunidad de propietarios pueda actuar cuando estas situaciones les generan una inseguridad a los vecinos frente a los ocupantes ilegales o recuperar el delito de usurpación de inmuebles, …
Una propuesta que por nuestra parte pretendía plantear más medidas contra un problema como la usurpación ilegal de viviendas, que se ha ido incrementando. Tan solo hace dos años denunciamos ¨okupaciones¨ ilegales en diversas zonas de la ciudad como Baladre o el casco histórico que, ahora, se han ido ampliando a otras zonas y preocupa a los vecinos.
Pero para el Psoe, Compromis y Eu se trata de una “campaña de la derecha”. Debería Darío Moreno en sus visitas a los barrios afectados explicar a los vecinos por qué rechazan una batería de propuestas con esa excusa, mientras ven con preocupación el incremento de estas situaciones.
Por mucho que la izquierda pretenda ocultar la realidad de la situación de la ocupación ilegal, no se puede negar la evidencia. Solo dos datos: tanto en nuestro municipio como en la Comunitat las denuncias por este motivo se han disparado en el último año más de un 20%, y se reconoce que, cerca de 50 viviendas al día, caen en mano de los usurpadores ilegales.
En el problema de fondo hay 8 años de gobierno del Botànic, donde no han llevado a cabo ni una sola vivienda protegida con el que facilitar soluciones a quienes más lo necesitan y tampoco han actuado contra la ocupación ilegal de las viviendas que forman parte del parque público de vivienda.
Una pésima política que con el socialista Puig y un vicepresidente de Unidas Podemos al frente de la gestión de política de vivienda, nuestra Comunitat es líder en desahucios en España, mientras no han hecho ni una vivienda de protección pública con el que facilitar soluciones a quienes más lo necesitan y tampoco han actuado contra la ocupación ilegal de 1500 viviendas pertenecientes al parque público.
Los “okupas” impiden que esas mismas viviendas se puedan poner en circulación para las familias necesitadas, y con ello, se vulneran los derechos de las personas que están registradas en las listas de demandantes de viviendas, y por tanto, con derecho a acceder a un inmueble.
Este tripartito se muestra más cómodo rechazando ampliar las medidas contra la ocupación ilegal mientras anuncian subida de impuestos para aquellas viviendas que estén desocupadas. Son un gobierno que protege al infractor y castiga a los propietarios.
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