Quart exigirá a la empresa del agua potable una compensación de cerca de 450.000 euros para los usuarios

El pleno el Ayuntamiento de Quart de Poblet ha aprobado, con los votos a favor de todos los grupos a excepción de Vox, solicitar a la empresa concesionaria del servicio de agua potable una compensación a los vecinos y vecinas del municipio por los gastos no justificados y cobrados en las facturas de 2019.

 

El consistorio reclamó en 2021 la cantidad de 449.304 euros a la empresa que presta el servicio del agua tras detectar una discordancia entre los servicios prestados y los cobros efectuados. Una reclamación fruto de una auditoría que detectó un exceso en los cálculos para fijar la tarifa que pagan los usuarios y usuarias y que supone, aproximadamente, un 20% sobre el importe correcto.

 

Un fallo judicial dio la razón al consistorio que acudió a la justicia tras conocer el informe realizado por la asesoría técnica que controla el desempeño del contrato de la concesionaria. De acuerdo con ese informe, existía un desequilibrio económico entre los costes presentados por la empresa que sirvieron para establecer la tarifa del agua en 2020 y los costes reales. El incremento que se produjo del 20% no fue el adecuado. 

 

El Ayuntamiento ha estado analizando y trabajando en este asunto con rigor, legalidad y con el asesoramiento del equipo jurídico, lo que le llevó a que la justicia le diera la razón. Con este aval, ahora el objetivo es que esta medida se aplique también al resto de ejercicios.

La portavoz de Compromís, Rosa María García, señala que "el derecho a una compensación está vinculado, en definitiva, a la necesidad de restablecer el equilibrio económico del contrato porque existen divergencias entre las previsiones económicas iniciales y los costes finales, que saltan a la vista por la auditoría de la ejecución del contrato. Se debería de haber realizado año a año, una revisión sencilla, de oficio. Así, cada vez que se han autorizado los aumentos de tarifa por el pleno por asentimiento del anterior equipo de gobierno hasta 2019, se debería de haber ajustado el precio del servicio público a lo real".

García insiste en que "Queremos un precio ajustado a la realidad. Defender nuestros intereses como usuarios.  La revisión de precios está para eso, tal y como nos indicó el Juzgado cuando se reclamó el ingreso del excedente. La tarifa sirve para ajustar el precio a la realidad en un contrato que está vivo. Se debe vivir esta exigencia con plena normalidad. Lo anormal es no comprobar los presupuestos, su ejecución y dar por bueno el resultado. De hecho, no es normal ni legal".