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RIBA-ROJA DE TÚRIA

Riba-roja de Túria impulsa una ordenanza que sancionará con hasta 3.000 euros a las personas que soliciten servicios de prostitución a menos de 200 metros de centros educativos

El pleno municipal aprueba el inicio de una iniciativa municipal encaminada a erradicar esta lacra social y la sanción de la prostitución como forma de violencia sexual y considerarla actividad ilícita

REDACCIÓN - 13/05/2023

Pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. /EPDA

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria redactará una ordenanza municipal para la abolición de la prostitución en el término municipal con el objetivo de defender y proteger los derechos de las mujeres en situación de prostitución. La propuesta del PSPV ha contado, además, con el apoyo de Compromís, Podem Riba-roja Pot y de l’Esquerra y, por último, la abstención del Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

El impulso de esta ordenanza tiene como objetivo promover la erradicación de la prostitución y otras formas de explotación sexual en Riba-roja de Túria con el objetivo de proteger los derechos de las víctimas de este tipo de actividad. La ordenanza regula las acciones que se podrán sancionar con las correspondientes multas económicas y, además, aboga por redactar un plan integral para las mujeres en situación de prostitución en la localidad.

El proyecto contempla una serie de normas de conducta en el espacio público y sanciona aquellas conductas que favorecen la demanda y el consumo de prostitución, y que perpetúa una práctica sexista, discriminatoria e impropia de una sociedad, plenamente, democrática. Se sancionará la demanda como causa principal de la existencia de la prostitución y propone medidas al incorporar un enfoque integral e inclusivo que garantice la defensa y protección de todas las mujeres en situación de prostitución”.

La aplicación de la ordenanza se extenderá a los espacios, construcciones y elementos de Riba-roja de Túria como las vías públicas de toda índole del término municipal, el mobiliario urbano en su totalidad, los edificios públicos, centros educativos y culturales, los ornamentos naturales o artificiales, las instalaciones provisionales colocadas para eventos, como mercados itinerarios, concierto, exposiciones culturales, las fachadas de los edificios públicos o privados –incluidos los soportales y los portales- o los vehículos estacionados en la vía pública, entre otros. Además, se podrá aplicar a todas aquellas personas que hallen en el término municipal, al margen de su situación jurídica, administrativa y estén o no empadronadas en el municipio.

Las infracciones tipificadas en la futura ordenanza establecen las consideras como leves con sanciones de entre 500 a 750 euros para los infractores, como colocar, repartir, divulgar o difundir publicidad que promueva, favorezca o fomente el consumo y/o mercado de la prostitución, así como el turismo sexual cuando se utilice el espacio público o los elementos que lo integran. Serán responsables quienes ejecuten materialmente la misma, además de los anunciantes.

Las infracciones graves se delimitan a aquellas consistentes en solicitar, negociar o aceptar directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos, realizar cualquier actividad de carácter sexual en el espacio público en dinero o en especie, colaborar con los demandantes de servicios sexuales en tareas de vigilancia, ayudar o alertar sobre la presencia de agentes de la autoridad, además de favorecer o promover el consumo de prostitución. Estas infracciones se sancionarán de entre 751 y 1.500 euros.

Por último, se considerarán infracciones muy graves aquellas que se lleven a cabo en espacios públicos a menos de 200 metros de distancia de centros docentes o educativos, lugares situados a menos de 200 metros de distancia de un acto público de naturaleza cultural, festiva o lúdica, con afluencia de público, y, por último, los puntos que impliquen una mayor vulnerabilidad para las personas en situación d prostitución. Las sanciones oscilarán entre los 1.501 y 3.000 euros en total.

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y, por último, las leves prescribirán a los seis meses. La graduación de las mismas tendrá en cuenta criterios como la trascendencia social de la infracción, la intensidad de la perturbación ocasionada, la existencia de reiteración y reincidencia, la situación de especial predomino de la persona infractora sobre la víctima o el beneficio que haya obtenido de la persona infractora.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que la futura ordenanza que entrará en funcionamiento “tiene como objetivo la abolición de la prostitución como una forma de violencia contra la mujer, contendrá una serie de sanciones económicas contra los inductores y demandantes de servicios sexuales como una de las causas principales de su existencia y, por último, se trata de establecer un plan de ayuda para la reinserción social de las personas víctimas de la prostitución”.

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