Sagunt insta al Gobierno a derogar el Real Decreto que oblifa a los pequeños propietarios agrícolas darse de alta en el régimen de autónomos agrarios

El Pleno del Ayuntamiento de Sagunto aprobó en la sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre instar al Gobierno de España a que derogue de manera inmediata el Real Decreto 15/2020 de Medidas Urgentes Complementarias para Apoyar a la Economía y el Empleo al considerar que «supone una obligación impositiva abusiva para los agricultores» del municipio.

La propuesta, presentada por el grupo municipal Compromís y defendida por su portavoz, Quico Fernández, salió adelante con los votos a favor de PSOE, Compromís, Esquerra Unida, Iniciativa Porteña, Partido Popular, Ciudadanos y grupo no adscrito, y con la abstención de Vox.

El acuerdo de la Corporación también reclama al Gobierno central que priorice y cree los mecanismos de seguridad jurídica adecuados para la figura de los agricultores de producciones pequeñas.

En este sentido, se destaca en la argumentación que este Real Decreto conlleva la obligación para los pequeños propietarios de pagar mensualmente entre 230 y 250 euros mensuales en concepto de cuotas de afiliación a la Seguridad Social como autónomos agrarios en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), algo que afecta a todos los productores que obtienen ingresos por esta actividad independientemente de cuál sea su volumen; y se recuerda que, hasta ahora, este requisito solamente se aplicaba a quienes percibían más del 50% de sus rentas totales a través de la agricultura y la ganadería.

Es por este motivo que se solicita al Ministerio de Agricultura mejorar e implementar herramientas de apoyo a las producciones agrarias de menor tamaño con tal de asegurar su futuro, y por otra parte al Ministerio de Hacienda se le pide la incorporación de mecanismos urgentes que se adecúen a las actividades agrarias de menor producción, creando un equilibrio real entre el tiempo dedicado a la actividad, los beneficios económicos producidos por su ejercicio y las tasas que se les apliquen.

«Sin duda, nuestro paisaje agrario requiere de una sensibilidad especial que este decreto no ha sabido imprimir sobre la realidad del sector. Necesitamos medidas urgentes que incentiven la actividad y ayuden a mejorar la estructura agraria valenciana», se aduce en la exposición de motivos de la propuesta, que también recuerda que la característica de las explotaciones agrícolas de la Comunidad Valenciana no es la de latifundios ligados a grandes propietarios sino la de pequeñas fincas de herencia familiar pertenecientes a pequeños agricultores que las suelen trabajar ellos mismos, y destaca el campo valenciano y su cultivo como un patrimonio cultural especialmente ligada al territorio que se debe preservar.

«Nuestra agricultura, debido a su carácter minifundista será, así, una de las grandes perjudicadas en esta nueva maniobra recaudadora. Ante las debilidades que presenta nuestra estructura agraria esta nueva tasa, lejos de suponer una solución, acabará por disuadir a las personas que mantienen vivos nuestros campos de seguir haciéndolo», se alerta. «La nueva norma, lejos de suponer un avance en la seguridad del productor y un incentivo para seguir adelante con esta actividad, se presenta como una obligación de complicado cumplimiento», se agrega. «Muchos de nuestros pequeños productores habrán de abandonar la actividad porque les comportará más gastos que ingresos», se advierte.

En relación a esta máxima, se sostiene que los gastos de los pequeños agricultores aumentarán hasta duplicarse al tener que hacer frente a este pago mensual en una actividad cuyo rendimiento es puramente estacional y, además, este tipo de pequeñas explotaciones «no representan una fuente de ingresos significativa» hoy en día pero que, no obstante, «se trata de una actividad que permite poner en el mercado una parte importante de las frutas y verduras que se consumen localmente».

Por todo ello, se propone también a la Generalitat Valenciana y a la Conselleria de Agricultura que defiendan las producciones agrarias de menor tamaño, promuevan la modernización de los cultivos, implementen mecanismos de apoyo con tal de evitar el abandono de los campos y ayuden a crear una visión general positiva en relación a la figura del agricultor.

«En este escenario de nuevas imposiciones tributarias, los pequeños labradores como los de nuestra ciudad se ven desatendidos y sin ningún tipo de incentivo para seguir adelante con su humilde actividad productora. Se trata, pues, de un ataque frontal a la fisonomía de nuestra actividad agraria que responde, exclusivamente, a una voluntad recaudatoria, sin la menor muestra de sensibilidad respecto a la situación de muchos de nuestros agricultores», subraya la argumentación.

El acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Sagunto se trasladará ahora al Gobierno estatal, a los ministerios de Hacienda y de Agricultura, al presidente de la Generalitat Valenciana y a la consellera de Agricultura.