Casa consistorial de Sagunt. EPDA El
síndic de greuges e.f. de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha
aplaudido la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Sagunt de
buscar una fórmula legal que permita a las personas que acrediten la
discapacidad con el certificado del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) disfrutar de los beneficios fiscales a los
que tienen derecho, tales como la exención del impuesto de
circulación.
La actuación del
defensor valenciano se inició el pasado mes de marzo al recibir la
queja de un vecino a quien el Ayuntamiento de Sagunt le había
denegado la exención de impuestos sobre vehículo de tracción
mecánica por discapacidad. El consistorio argumentaba que el
certificado de discapacidad de la Conselleria de Igualdad caducaba
con anterioridad a la fecha de devengo del impuesto y, aunque el
afectado también aportó el certificado del INSS de incapacidad
permanente en el grado de absoluta para todo trabajo, el Ayuntamiento
se negaba a aceptar este documento como acreditación de su
discapacidad.
Lamentablemente,
no es el único expediente tramitado por el Síndic sobre esta
problemática. Esta institución ha recibido quejas similares de
ciudadanos que residen en diferentes municipios de la Comunidad
Valenciana y que se enfrentan a la misma traba: su ayuntamiento no
les reconoce la resolución del INSS como documento acreditativo de
su discapacidad. Si a este obstáculo burocrático se le añaden las
demoras que arrastra la Conselleria para resolver el grado de
discapacidad, el resultado se traduce en una situación de
incertidumbre y bucle constante en la que se vulneran los derechos de
las personas con discapacidad.
En
todas estas situaciones, el Síndic viene advirtiendo a los
ayuntamientos afectados, que según la normativa vigente (Art. 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre) los
pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran
invalidez son consideradas personas con discapacidad en grado igual o
superior al 33%.
En
el caso del Ayuntamiento de Sagunt, el Síndic le instaba a aceptar
las resoluciones de incapacidad permanente en los grados de absoluta,
total o de gran invalidez como certificados de minusvalía con un
grado igual o superior a un 33 %. Una petición que el consistorio ha
aceptado y que se plasmará con una modificación en su respectiva
ordenanza.
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